FUNDACIÓN ANDREU NIN

Hay acontecimientos históricos que adquieren significación en sí mismos, en su propia realización. Su explicación o su interpretación adquieren relevancia sin necesidad de referencias a otros fenómenos más globales. Se entienden y se estudian por los significados de los propios actos. Como todo acto social o político tiene, inevitablemente, un carácter trascendente, lo que le convierte, a su vez, en material de la historia.

Uno de esos acontecimientos es la Revolución de Octubre de 1934. siempre contemplado desde la atalaya de la II República, de la Guerra Civil o del complejo recorrido de lo que conocemos como Revolución Social. A estos efectos la Revolución de Octubre ´34 no es el primer choque sangriento de la Guerra Civil, aún representando una desigual guerra de clases. No es el anticipo de lo que ha de venir, de aquello que llegó pero que pudo no llegar. Octubre ´34 tiene su propio contexto, sus razones, sus motivaciones y su desenlace.

Es por ello que Octubre tiene valor propio, las fuerzas en conflicto, los temores y esperanzas que suscitó y en definitiva los efectos que se trasladaron al futuro inmediato. Al calor de la “recuperación de la memoria” descubrimos su imponente irrupción, las zonas “negras” de la política republicana, las simplificaciones abusivas de unos hechos que asombraron universalmente y que por razones de justificación política quedaron oscurecidos y reducidos al martirologio de los oprimidos y al olvido deliberado de aquellos que ejercieron de verdugos.

En fin, no fue ni la primera batalla de la futura Guerra Civil ni algo ajeno al más formidable conflicto social de nuestra historia. Una revolución en un proceso revolucionario más amplio. Así se comprende mejor, así se entiende su trascendencia en el conjunto del proceso.
 

¡LA REPÚBLICA PARA LOS REPUBLICANOS!

Con el 14 de Abril se inicia un periodo de profundas transformaciones en la sociedad española. Transformaciones que afectan más a la mentalidad de la gente que a las realizaciones prácticas, aunque éstas, no sean despreciables. ¡Que no se ha “marchao” que le hemos “echao”! -en referencia a la salida del rey- señala la irrupción en la vida social y política de masas humanas que hasta entonces, jamás influyeron en el devenir del país. El Comité Revolucionario (alianza del PSOE con los partidos republicanos de naturaleza exclusivamente personalista) es elevado por el empuje social para ocupar el vacío dejado por los monárquicos. Su legitimidad no ha sido refrendada pero su crédito político es ilimitado.

Dicha colaboración (la coalición republicano-socialista) se ha contemplado críticamente desde posiciones de izquierda y rotundamente desautorizada, en su momento, por el resto de formaciones de izquierda: FAI-CNT, PCE y BOC. Calificado como gobierno de colaboración de clases, lo que era cierto, y por tanto, obstáculo de las transformaciones que una sociedad en efervescencia demandaba, lo que ya no es tan seguro. En las elecciones para la Constituyente (junio 1931), el carácter personalista de los partidos republicanos se modifica, al recibir estos, una avalancha de votos procedente de las clases pequeñoburguesas. Por tanto, la llamada “inteligencia republicano-socialista” tenía su razón de ser, su sentido político, era insensato despreciar las ilusiones democráticas de la mayoría social.

 Es curioso, que sea precisamente el ala derecha del PSOE, encabezada por J. Besteiro el mayor enemigo de la colaboración gubernamental. Para Besteiro, la revolución democrática debe ser obra exclusiva de los partidos burgueses-republicanos, a imagen de lo ocurrido en el siglo XIX en los países europeos más desarrollados. Sin embargo, si algo puso de manifiesto dicha colaboración fue la incapacidad de los Alcalá Zamora, Lerroux y compañía para abanderar transformaciones de naturaleza revolucionaria; tampoco los intelectuales como Ortega o Ayala, por no mencionar a las fuerzas de la reacción monárquica-católica-carlista. Solamente Azaña y Domingo (representantes de Acción Republicana y del Partido Radical Socialista) demostraron, tímidamente, su compromiso con cambios que modernizaran todo lo que de arcaísmo pervivía en la sociedad española. Es decir, los representantes de la izquierda pequeñoburguesa, sin pervivencias jacobinas pero dispuestos a marchar junto al movimiento obrero, aunque solo fuese para limitar sus aspiraciones.

Se puede decir que la izquierda no entendió entonces ni tampoco posteriormente, que el propio Gobierno de la República se convertía en escenario del conflicto social y político. Era caja de resonancia de lo que acontecía fuera de él, pero también una especie de reflejo deformado de las relaciones entre todos los grupos sociales (partidarios de las transformaciones democráticas y encendidos enemigos de ellas). Los problemas hasta entonces irresolubles (agrario, religioso, militar, nacional, social) fueron abordados por el PSOE desde una relación desfavorable con respecto a los partidos burgueses republicanos, precisamente una relación que se invertía en la calle. Esta sobre-representación de los republicanos en cierta medida se debe a la influencia ejercida por Besteiro, su idea sobre la hegemonía de la burguesía y de la pequeñaburguesía republicana tenía estas consecuencias. Prolongaría, más allá de lo conveniente, la confianza social en una alianza interclasista que dividiría, profundamente, al movimiento obrero. UGT y CNT se buscaban sin encontrarse.

No obstante y a pesar de las dificultades, los cambios se desarrollan ante la indignación de la derecha –terratenientes, Iglesia, Ejército- y la decepción de la izquierda ante la insuficiencia de los mismos:

1º. La Reforma Agraria. Tras la renuncia del Gobierno Provisional ha aplicarla por decreto, para ¡no aprovecharse de la inmensa movilización campesina que la demandaba con desesperada insistencia!, se optó por medidas complementarias a la espera de que las Cortes Constituyentes decidiesen sobre la cuestión. Inofensivas medidas sobre laboreo forzoso, prórroga de arrendamientos, términos municipales para la contratación laboral, jornada de 8 horas, derecho de huelga, jurados mixtos..., fueron consideradas bolchevizantes por la grandeza de España y excesivas por la burguesía republicana presente en el Gobierno. ¡Y llegaron las Constituyentes!

Se necesitó de la redacción de tres proyectos de Ley, permanentemente hostilizados, dilatados, obstaculizados por técnicas de filibusterismo parlamentario llevado hasta el paroxismo, labor en la que disfrutaron los diputados agrarios, católicos y monárquicos. Sólo se callaron tras el fracaso del golpe de Sanjurjo de 10 de agosto de 1932. Parecía que, por fin, los habitantes de este país iban a poseer el suelo que pisaban.

 No obstante, la reforma implicaba la expropiación sin indemnización de las tierras de la grandeza de España que excediesen de un determinado volumen; la expropiación con indemnización de las que excediesen de ese mismo volumen para el resto de grandes propietarios; las tierras ya arrendadas; las incultas o insuficientemente utilizadas; libre opción para la explotación individual o colectiva. En dos años, el Instituto de Reforma Agraria sólo pudo asegurar el asentamiento de menos de 20.000 jornaleros sobre un  total de más de 3.000.000, permitiendo que el crédito agrario permaneciese bajo criterio de la banca privada. La Guardia Civil y la Guardia de Asalto habrían de trabajar a destajo.

2º. La separación Iglesia-Estado. Para el Gobierno republicano-socialista cualquier mínimo proyecto de modernización del país, de la sociedad o de la vida de las personas, resultaba incompatible con el mantenimiento del poder de la Iglesia: Su poder económico le permitía ejercer como el primer consorcio capitalista del país, sus inversiones y rentas convenientemente ocultas o interpuestas y sus recursos igualmente camuflados y esto, a pesar de la desamortización del siglo XIX. Su influencia social asentada tras siglos de monopolio en la educación, en las costumbres, en las ideas, en los comportamientos... Su presencia física intimidante y tenebrosa, no olvidemos que en España existía un religioso por cada 200 habitantes.

Las medidas no fueron diferentes de las que cualquier país civilizado acometió un siglo antes: Matrimonio civil, secularización de los cementerios, reconocimiento del divorcio, libertad religiosa, laicización de la enseñanza, prohibición de la actividad docente de la Iglesia, expropiación de los bienes de la Compañía de Jesús, “candado” para la constitución de nuevas comunidades religiosas y, por supuesto, acabar con todo tipo de privilegios presupuestarios o fiscales. ¡Excesivo! Por primera vez el Estado español y la Iglesia, que nacieron, crecieron y saquearon juntos, iban a marchar por caminos separados.

De forma suficientemente certera, la mayoría social sabía qué resistencia había que eliminar. Apenas proclamada la República, el 10 de mayo, el simple anuncio en los periódicos derechistas de la constitución del Círculo Monárquico de Madrid, desató el primer ataque virulento, en forma de fuego, contra la Iglesia. La sociedad, de forma igualmente consciente, sabía a quién responsabilizar sobre el oscurantismo, el analfabetismo y la opresión infinita experimentada generación tras generación.

A la sazón, fue la Iglesia la primera fuerza conservadora en alentar la reorganización de la derecha. Creó su partido político AN (Acción Nacional) en 1931, en 1932 se transformó en AP (Acción Popular) y en 1933 en la CEDA. Procuró reagrupar bajo su égida política a los agrarios, católicos, monárquicos, carlistas y fascistas. Organizó a los padres de familia, a los estudiantes católicos, a los grandes propietarios agrícolas, a la patronal española, intentó, sin éxito, penetrar en el movimiento obrero y en fin, conspiró desde el principio y junto a los militares más reaccionarios para liquidar la II República.

3º. El problema militar. Vencer la resistencia de las viejas clases y grupos dominantes era cuestión de supervivencia para la propia República. A terratenientes y clero se añadían los militares, vinculados todos por un pasado común y por un odio, igualmente compartido, hacia el nuevo régimen. Un Ejército que nada tiene que ver con su origen nacional y liberal, curtido en mil derrotas, guardián esencialista y simplón de las glorias medievales, corrupto como pocos, aspirante permanente a nuevas aventuras coloniales..., en fin, sostén de la dictadura de Primo de Rivera y de la monarquía alfonsina; constituía, por todo ello, una peligrosa amenaza, de escasa lealtad.

Los republicanos en el gobierno impusieron su criterio sobre la minoría socialista: No disolvieron a la impopular Guardia Civil, prefirieron utilizarla y además, crearon la Guardia de Asalto. Por lo que respecta al Ejército se conformaron con medidas de racionalización indispensable, pues no olvidemos que para unos 120.000 efectivos disponía de casi 600 generales y 22.000 oficiales ¡caso único en el mundo!

La reducción del número de mandos, el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, la reorganización de las regiones militares..., excitaron la animadversión hacia el nuevo régimen. Visto desde la perspectiva que permite el paso del tiempo, el bienio progresista desaprovechó una situación irrepetible para reducir a escombros la conformación “africanista” del Ejército. Un Ejército que terminaría sustituyendo sus inquietudes y prácticas coloniales por la conquista del territorio, en este caso, de su propio país. La alianza terratenientes-clero-militares, no fue nunca una consecuencia del atrevimiento republicano ni de las reformas impulsadas, más bien, fue la prolongación durante la II República de la vieja alianza de clases que dominó la sociedad española desde 1874 hasta 1931. Su hegemonía supuso el atraso de la sociedad española, su oposición a la República tenía el objeto de impedir un amenazante impulso modernizador.

4º. La cuestión nacional. La revolución democrática no sería posible ignorando las aspiraciones nacionales de los pueblos sometidos al centralismo autoritario y patriotero que tan bien representaba la monarquía y la alianza agraria-católica-españolista que la sustentaba. En Galicia, Euskadi y sobre todo en Catalunya se habría un floreciente periodo de reivindicaciones nacionales. La República significó el desplazamiento de los partidos burgueses en Catalunya (la Lliga ) a favor de los pequeñoburgueses (la Esquerra), quedando por saber, que actitud adoptaría el movimiento obrero, es decir, la CNT. Pronto -la CNT- iba a despreciar el inmenso potencial que se desnudaba ante sus ojos, mostrando su rechazo cuando no hostilidad, a la ilusión nacional de las clases pequeñoburguesas y obreras catalanohablantes. Un movimiento obrero empujando a la Esquerra hubiera impuesto la República Federal y liquidado, para siempre, cualquier veleidad restauradora de las fuerzas pro-centralistas.

La propuesta de Estatuto de Autonomía fue redactada con celeridad por los partidos catalanes (recibió desde el apoyo crítico del BOC hasta el favor oportunista de la Lliga). Sus dispares aportaciones se reflejaron en un texto aprobado en referéndum (más del 95% de votos favorables) en agosto de 1931. Remitido a Madrid fue recortado, limitado y en definitiva, modificado al gusto de las Cortes españolas. Sin embargo y para sorpresa de toda Catalunya, fue arrinconado y sólo entró en vigor a partir de septiembre de 1932 y esto, debido al fracaso de la intentona golpista del mes anterior.

En fin, también en este terreno la alianza republicano-socialista se mostró impotente para culminar la revolución democrática. Ni que decir tiene que tampoco el movimiento obrero, con la única excepción del BOC, entendió nunca el significado y las consecuencias del reconocimiento de los derechos nacionales. Un viejo Estado de características centralistas y semi-feudales iba a prolongar sus tentáculos sobre la nueva República.

5º. Las transformaciones sociales. Aunque los cambios de esta naturaleza no se contemplen entre los contenidos de las revoluciones democráticas o burguesas, la derrota de las fuerzas reaccionarias situaba en un primer plano, las reivindicaciones de carácter económico o social. Junto a la reforma agraria, la separación Iglesia-Estado, el desmantelamiento de la amenaza militar y la resolución de la cuestión nacional, hemos de añadir el reconocimiento de las libertades democráticas y de los derechos civiles y políticos. Derechos y libertades formalmente reconocidos sin que se olvide que la represión de las luchas obreras y campesinas se mantuvo al nivel de la monarquía. La República gobernó, habitualmente, imponiendo el estado de excepción e incluso, de guerra, y esto cuando en el Gobierno había tres ministros socialistas.

No obstante, se introdujeron importantes transformaciones que helaron la sangre de la derecha republicana tanto como la de las clases reaccionarias: Una reforma fiscal de carácter progresivo que resultó tímida en su aplicación y de fácil vulneración para los obligados. Una amplia regulación de las relaciones laborales que abarcaba desde la jornada máxima hasta la introducción de las vacaciones anuales, pasando por el derecho de huelga, los contratos de trabajo o el establecimiento de los jurados mixtos como mecanismo de arbitraje y conciliación. Una novedosa legislación social que incluía el accidente de trabajo, la generalización del retiro obrero y la creación la  Caja Nacional de Paro Forzoso (igualmente inaplicable, la derecha republicana argumentó que fomentaría la holgazanería).

Pero donde más destacó la política social fue en el terreno de la instrucción pública: Durante el bienio progresista (1931-1933), las políticas puestas en práctica no sólo pretendieron disminuir el inmenso poder docente de que disfrutaba la Iglesia. Un poder inseparable de los altísimos índices de oscurantismo y analfabetismo (más del 40% de la población) que imperaban en el país. El déficit de escuelas primarias se situaba en torno a 27.000; pues bien, en dos años se construyeron 14.000 escuelas mientras en los últimos 56 años de la monarquía, apenas se llegaron a las 11.000. A esto hay que añadir las misiones pedagógicas, las bibliotecas ambulantes, la educación nocturna, la educación de adultos, las cantinas escolares, las colonias de vacaciones... En fin, un ingente programa educativo que la mayoría social demandaba y que fue cortado, tajantemente, con el acceso de la derecha al poder, a partir de noviembre de 1933. Entendían, naturalmente, que el acceso a la cultura y la igualdad de oportunidades constituían un pésimo negocio.

En fin, la coalición republicano-socialista no pudo, apenas quiso y por supuesto, no supo llevar a término la revolución democrática. Los que teorizaron sobre el protagonismo de la burguesía en la dirección de las transformaciones democráticas quedarían desautorizados para siempre. Una clase burguesa expropiando a los terratenientes, liquidando el poder de la Iglesia, renunciando a las ventajas del colonialismo, apostando por la República Federal, era un sueño de escenas propias del siglo XIX. Si la pequeñaburguesía, celosa de su identidad republicana se mostró impotente, contemporizadora, dispuesta siempre al retroceso, al aplazamiento de lo fundamental..., no fue capaz, cómo iban a serlo las clases vinculadas a unas estructuras sociales semi-feudales.

Si la burguesía no quería y los republicanos de izquierda no sabían, sobre qué grupos y clases había de recaer semejante responsabilidad. Indudablemente, desde el principio fue la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales quienes mostraron su candidatura para impulsar el proceso y sin embargo, fueron los mismos partidos obreros los “campeones” de las propuestas más confusas e irresponsables.

Comunistas oficiales y anarquistas negaban cualquier fase democrática y en consecuencia, cualquier alianza con la pequeñaburguesía, la revolución era socialista y su culminación la dictadura del proletariado, para unos y la desaparición del Estado, para otros. Los socialistas que aceptaban el carácter democrático de los cambios sociales, se dividían entre los que otorgaban esa función a las clases burguesas y los que desde los puestos ministeriales se subordinaban a los ritmos que establecía la pequeñaburguesía republicana. Los comunistas de izquierda o disidentes distinguían entre fase democrática y fase socialista, pero en ambas la dirección y el protagonismo debía corresponder al movimiento obrero, si bien es cierto que en 1933,  los trotskistas de la ICE daban por liquidada la fase democrática. La fórmula del BOC (revolución democrático-socialista) obtusamente criticada por Trotsky, posiblemente mal interpretada y escasamente comprendida es la que más se aproxima a la teoría de la revolución permanente. La revolución democrática sólo será llevada a sus últimas consecuencias por la clase obrera elevada hasta el poder político con el apoyo de la mayoría de las clases pequeñoburguesas (gobierno obrero-campesino) que inmediatamente e incluso, simultáneamente, acometerá transformaciones de carácter socialista. Es curioso y además, contradictorio, que en 1931 Maurín y el BOC condenen la participación socialista en el gobierno republicano y en 1933 defiendan la expulsión de los ministros capitalistas de dicho gobierno. Hubiera sido más razonable invertir los términos: decir en 1931 lo que ese mismo partido dijo en 1933.

Esa contradicción nos indica la magnitud de los cambios que se han operado en la relación de fuerzas. Apenas 6 meses después de la “sanjurjada” la derecha reaccionaria se ha rehecho, ha recuperado la iniciativa, se ha convertido en oposición encarnizada a la reforma agraria, a la legislación laica, al Estatuto de Catalunya, ha defendido a los militares golpistas... La derecha republicana se hace eco de las nuevas demandas anti-socialistas y los republicanos de izquierda intuyen que su tiempo se agota aceleradamente. Los socialistas, ayer agasajados y cortejados por todos, descubren sorprendidos, que ahora se rehúsa su colaboración. Para la derecha reaccionaria o republicana, la situación se bautiza con una demanda: ¡Rectificación!

La demanda de rectificación tiene su correspondencia a nivel de concreción social y política: ¡La República para los republicanos! Es decir, expulsar a los socialistas del Gobierno. Desde el 14 de abril se había producido un paulatino goteo de renuncias de los ministros de la derecha republicana o de sus apoyos, primero Alcalá Zamora, dimitido en protesta por los ataques de que era objeto la Iglesia, luego los personajes “liberales” de la Agrupación al Servicio de la República (Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, etc) aterrados por la irrupción de las masas que aspiran a dejar de serlo, después Lerroux...

Por fin las derechas reaccionaria y republicana consiguen su objetivo. En septiembre de 1933 Alcalá Zamora (premiado tras su dimisión con la Presidencia de la República) da por liquidada la participación socialista en el Gobierno. El nuevo Gobierno Lerroux asume como tarea la preparación de las elecciones para noviembre de ese mismo año. Mientras, se deja de aplicar la legislación social y laboral de evidente signo progresista, la ley de Defensa de la República persigue y castiga a obreros, campesinos, intelectuales laicos, a Catalunya, se detiene, se despide, se encarcela, se suspenden las garantías constitucionales. Una especie de pogrom se desata sobre las personas y organizaciones consideradas “avanzadas”.

La reacción clerical-monárquica adquiere tonos histéricos: ¡la República para los republicanos! No en vano ven aliviada una prolongada angustia de dos años y al fin se sienten reconfortados, sus propiedades están salvadas. Pero esto no va a quedar así, ¡lo van a pagar!, afirman amenazantes.

Esto no debe sorprender a nadie. De hecho, a nadie sorprendió pero a la mayoría social le indignó. La República símbolo de las más notorias aspiraciones emancipatorias y modernizadoras iba a ser tomada por sus enemigos, por los habitantes más ínclitos de la caverna. Parecía claro, igualmente, que la revolución democrático-burguesa no se podía efectuar con la burguesía, sino contra ella.
 

¡COMED REPÚBLICA!

El 19 de noviembre de 1933 fueron las elecciones. Eran las primeras después de reconocerse el voto femenino y aunque el triunfo de la derecha fue demoledor, no existe  correspondencia alguna con el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Las prevenciones advertidas por determinados socialistas –acerca de la influencia clerical sobre las mujeres- se mostraron infundadas, aparte de reaccionarias. La derecha ganó porque ya previamente, había recuperado la iniciativa política, porque había logrado expulsar a los socialistas del Gobierno, porque había paralizado el impulso reformista y porque en definitiva, la izquierda aparecía no solo dividida sino lo que es peor, desconcertada, agotada entre las insurrecciones anarquistas y las incumplidas medidas gubernamentales.

La campaña de la derecha, fundamentalmente de la CEDA, fue arrolladora. Sus ingentes recursos aportados con generoso desprendimiento por las fuerzas a las que representaba, se traducían en una propaganda violenta y agresiva, amenazadora, tan furibundamente anti-republicana y anti-marxista como fanáticamente integrista y clasista: Nunca se vieron carteles electorales del tamaño de un edificio, desde donde el jefe Gil Robles anunciaba sus futuros poderes como cirujano-político, la extirpación del “cáncer marxista” o la liquidación del parlamentarismo (todo ello ajeno a las esencias hispanas). Las calles se poblaron de jóvenes ricos y fascistas que perseguían a las organizaciones obreras, de monjitas y señoras de clase alta que en los barrios obreros regalaban mantas o colchones a las mujeres de los parados, no hubo acto social en que las sotanas no ocupasen un lugar preferente. Más que por el voto femenino fueron conocidas como las “elecciones de los colchones”. Hasta ocho aviones sobrevolaban cotidianamente Madrid dejando caer sus octavillas contra la “tiranía roja”. El acoso sobre la ciudadanía fue tremendo, en la calle, en la radio, en los cines. En los pueblos el trípode negro (el terrateniente, el cura, la guardia civil) enseñoreaban su poderío, reapareció con fuerza inusitada el caciquismo, se ofrecía trabajo tras la correspondiente selección-humillación. Fue muy común escuchar ¡comed República!, exclamación muy benevolente si se la compara con otras abiertamente criminales: “si quieren reforma agraria les daremos reforma agraria, un trocito de tierra para el descanso eterno”. Jamás en la historia, la persecución de los jornaleros y sus familias adquirió una brutalidad semejante; familias enteras con sus escasos enseres abandonaban los pueblos, los jornales bajaron a nivel del siglo XIX, los apaleamientos de los más rebeldes fueron la tónica de una revancha nunca imaginada.

En ese clima se celebraron las elecciones. No obstante, la izquierda siguió recibiendo más votos que la derecha y sin embargo, la alianza radical-cedista (CEDA, P. Radical, P. Liberal Demócrata, P. Agrario, Lliga, monárquicos y carlistas) obtuvo 331 diputados; los diferentes partidos republicanos y nacionalistas, 80; y la izquierda, 62.

Cuando los resultados se conocieron la desolación entre la población obrera fue enorme. Fueron mutuos los reproches entre las organizaciones de izquierda (PSOE-UGT, FAI-CNT, PCE, BOC, ICE, FSL): los dos años perdidos o desaprovechados por el PSOE, el insurreccionalismo y abstencionismo anarquista, el sectarismo comunista... Lo que hasta entonces constituía una amenaza se hacía realidad. La percepción del peligro fascista era común, pero no fueron así las actitudes o la evolución de las organizaciones obreras ante el fenómeno.

¿Fue exagerada la prevención ante la CEDA? Después de la Guerra Civil se nos ha presentado una versión renovada y diferente de lo que fue la realidad de dicho partido. El hecho de que el franquismo convirtiese a la Falange en plataforma sobre la cual unificar a todas las fuerzas fascistas, tradicionalistas, monárquicas y católicas significó que la CEDA no representase un papel protagonista, lo que posteriormente permitió reconstruir su historia como referente moderador y católico de la derecha. Más tarde, incluso, se la ha reivindicado como antecedente de la democracia-cristiana. Nada de esto es cierto. La CEDA y sus antecesores (AN y AP) fue, fueron organizaciones políticas de ideología fascista, aunque eso sí, aderezadas con las características y peculiaridades propias de la derecha española (corporativismo repleto de catolicismo nacional con tentaciones militaristas y coloniales), lo que podría asemejarla a las organizaciones post-absolutistas del siglo XIX. Su propio programa no era más que un conjunto de afirmaciones simplistas (RELIGIÓN, PATRIA, FAMILIA, PROPIEDAD, JERARQUÍA, ORDEN...). No en vano fue creada por la Iglesia a través de la ANCP (Asociación Nacional Católica de Propagandistas) y de su órgano “El Debate”. En ese momento, 1931, es la Iglesia la que toma la iniciativa en la reorganización de una derecha política desconcertada tras el colapso sufrido por la caída de la monarquía. Sus vínculos internacionales no dejaban espacio para la duda: Hitler, Mussolini, Dollfus, Salazar..., aunque no tuvo el carácter de revulsivo modernizador con que el fascismo vistió a las fuerzas contrarrevolucionarias. La derecha social española era la más reaccionaria de Europa, su fascismo habría de adoptar, necesariamente, formas provincianas, sumamente acordes con el nivel de desarrollo económico y social del país. En la misma dirección apuntaba su simbología, sus actos para-militares uniformados, así como sus actitudes y comportamientos. Pero si las formas externas la asemejaban al fascismo, los grupos sociales a los que mayoritariamente representaba también empujaban en ese sentido. La CEDA representaba eso y difícilmente hubiese mantenido su hegemonía de haber renegado de sus vínculos internacionales o de su política de profunda identidad facciosa.

Tras las elecciones el nuevo Gobierno Lerroux no pierde el tiempo. Se dispone a satisfacer las demandas de sus socios “cedistas” ausentes todavía del Consejo de Ministros. Según la estrategia de la CEDA lo primero era sostener a Lerroux mientras este desmontase la obra del bienio progresista, después, gobernar con Lerroux para desmantelar el poder de los partidos y organizaciones obreras y por último, continuar solos en el Gobierno para implantar el “Estado Nuevo”. Desde entonces, vuelven monárquicos exiliados, se amnistía a los golpistas de la “sanjurjada”, se deroga la legislación social y laboral y se suceden de forma ininterrumpida la suspensión de ayuntamientos de mayoría de izquierdas. Hasta destacados republicanos conservadores (Maura) afirman, que las Cortes actuales no representan la voluntad nacional.

Conscientes de la deriva política de los acontecimientos y de los riesgos que se ciernen sobre la clase obrera y sobre la República, se inicia una acelerada revisión de las prácticas políticas desarrolladas durante el periodo precedente. Asuntos considerados marginales hasta ese momento se convierten, paulatinamente, en cuestiones fundamentales y vitales para el movimiento obrero: el frente único y la lucha contra el fascismo. No hay discurso, escrito, polémica o propuesta que no gire en torno a dichos términos, aunque eso sí, abarcando una disparidad de iniciativas de difícil coincidencia y sin abandonar la confrontación entre las mismas.
 

¡ANTES VIENA QUE BERLÍN!

Aunque el Gobierno Lerroux, constituido tras el 19 de noviembre de 1933, no incluía ningún miembro de la CEDA, no era menos cierto que su continuidad, dependía del beneplácito de la extrema derecha. Parecía entonces, razonable, cualquier manifestación de prevención al respecto. Una prevención que no podía limitarse a la expectación o a la contemplación de los acontecimientos, es decir, una prevención activa. Activa porque debía responder a las iniciativas gubernamentales que no sólo derogaban las mejoras conseguidas durante el “bienio progresista”, sino que situaban a la izquierda y al movimiento obrero en el límite de la legalidad, dejando de ser esporádico para convertirse en cotidiano: la clausura de locales, la prohibición de manifestaciones, los registros, las detenciones arbitrarias, la suspensión de la prensa de izquierdas, los despidos por razones políticas, el estado de excepción y la suspensión de garantías... La percepción general era que la sociedad se encontraba en la antesala de un cambio de régimen político, en que las fuerzas sociales beneficiarias del “antiguo régimen”, sorprendentemente, disponían, en plenitud, del poder político. Además, ahora, con el agravante de que la forma en que ejercerían su dominación se adivinaba terrible, cruel y relativamente novedosa. ¿Se debía permitir el sacrificio de la democracia y de la República por respeto a la aritmética parlamentaria? Desde enero de 1933 Hitler en Alemania y desde febrero de 1934 Dollfus en Austria, mostraban dos experiencias con el mismo desenlace, la derrota y el exterminio. La diferencia estribaba en que el movimiento obrero austriaco no se rindió, fue derrotado tras una huelga general y una insurrección armada. Este segundo ejemplo se convirtió en paradigmático del comportamiento que había de seguir la clase obrera española, en la creencia de que la rendición sin lucha implicaba peores desgracias y una ilimitada esclavitud.

El problema de la legitimidad del Gobierno estaba abiertamente planteado. Una desafortunada combinación de factores (división de la izquierda, unidad de la derecha, abstencionismo anarquista, ofensiva de los poderes antidemocráticos, sistema electoral...), configuraron una mayoría política en flagrante contradicción con la realidad social del país. Así lo reconocieron hasta M. Maura, Alcalá Zamora, Sánchez Guerra, etc. (todos de derechas). Parecía que democracia y mayoría parlamentaria no eran términos sinónimos, ni la segunda producto de la primera. Su legitimidad –la del Gobierno- era por tanto, formal y aceptable para una minoría social, aunque fuese la más poderosa. Pero no para el resto.

“Si a la clase obrera se la expulsa de la República, responderemos con la revolución social”, “si la burguesía pretende imponer la dictadura fascista, nosotros decimos que preferimos la dictadura del proletariado” había dicho Largo Caballero. Frases aleccionadoras que reflejan la sorprendente y honesta evolución del veterano dirigente obrero: del tradicional reformismo socialdemócrata a la radicalización revolucionaria. Los cambios operados en la mentalidad política de Largo Caballero fueron los mismos cambios que se operaron en la mentalidad de la clase obrera. La evolución de ésta, sus deseos y aspiraciones, sus temores..., modelaron la evolución del dirigente. Los militantes del PSOE, los afiliados de la UGT, los jóvenes de las JS se expresaron a través de las iniciativas de Caballero. Caballero no daba línea, ponía palabra al sentimiento generalizado de los trabajadores. En dicho sentimiento, la lucha contra el fascismo y la unidad obrera eran conceptos complementarios de la misma cosa. ¿Cómo abordaba estos asuntos la dirigencia socialista?

Teniendo en cuenta las tres corrientes de opinión existentes en el PSOE (y en UGT), cada una de ellas tuvo posiciones diferentes y un comportamiento relativamente autónomo. Así, Besteiro se mostró partidario de recuperar la coalición republicano-socialista aún en la oposición y desechando en consecuencia, cualquier alianza estable con el resto de las organizaciones de izquierda. Desde su óptica la lucha contra el Gobierno radical o radical-cedista debía ser defensiva y sin más objeto que el adelanto electoral. Para Prieto el frente único obrero debía incorporar a los republicanos de izquierda en vez de excluirlos, mientras la lucha contra la amenaza fascista, necesariamente, debería adoptar formas revolucionarias, independientemente de que el proceso desembocase en la restauración de la coalición del “bienio progresista”. La izquierda socialista representada por Caballero no solo se convirtió en la fuerza abrumadoramente mayoritaria sino que se vio afectada por el llamado proceso de “bolchevización” que con el tiempo, más de dos años después, derivó en “stalinización” significando su propia caída y marginación. Bajo su dirección, tanto el PSOE como la UGT fueron activos partidarios del frente único bajo la forma de Alianzas Obreras aunque otorgando a éstas una función auxiliar para el partido socialista, es decir, no debían intervenir en los conflictos o huelgas cotidianas ni transformarse en órganos de poder, todo lo más, debían limitarse al desarrollo del proceso insurreccional puesto que el ejercicio de la “dictadura del proletariado” correspondía al PSOE con la colaboración activa de UGT y CNT y el apoyo del resto de los partidos de izquierda.

El poderoso movimiento anarcosindicalista se sintió igualmente afectado por la situación creada y que él, de forma irresponsable, había contribuido a su irrupción. Desde el 14 de abril la CNT contempló la República como continuidad del mismo sistema de dominación, haciendo notoria su aversión a toda manifestación política. Su impresionante crecimiento fue dilapidado desastrosamente por la hegemonía impuesta por los anarquistas (FAI), conduciendo a la clase obrera a periódicos movimientos “putchistas”, fundamentalmente en enero de 1932 (Bajo Llobregat) y en enero de 1933 (Casas Viejas) y salpicando el resto del año de huelgas ajenas a la consolidación de las posiciones del movimiento obrero. No obstante, su combatividad, su pronunciado carácter clasista, su red vertebradora de una cultura revolucionaria, su presencia activa en todo conflicto social o humano, hicieron de ella una fuerza temible y odiada por los grupos sociales reaccionarios. Incluso tras las elecciones de noviembre trató de justificar su abstencionismo electoral convocando una nueva huelga insurreccional en diciembre de 1933, huelga que de nuevo culminó en estrepitoso fracaso y que en realidad no tenía otro objeto que reafirmar su propio carácter revolucionario. Esta política condujo a una crisis permanente al conjunto de la organización, “resuelta” con continuas exclusiones de numerosos sindicatos: Sindicatos dominados por el BOC excluidos por ser “políticos” o “marxistas” y los identificados de simpatías por la corriente “trentista” y llamados Sindicatos de Oposición (FSL-Federación Sindicalista Libertaria). Pues bien, en esta situación la mayoría anarquista no pudo abstraerse de los debates e inquietudes que recorrían de arriba abajo a la clase obrera y a sus organizaciones, aunque las propuestas que articularon sí dejaron mucho de desear: El frente único no requería de acuerdos con otros sindicatos y mucho menos con partidos, la CNT ya cubría ese espacio unitario y sólo en su seno era posible la materialización del mismo. Parecía que nada había cambiado..., se seguía comportando como si los socialistas continuasen en el Gobierno y de ahí, a considerar intrascendente cualquier diferenciación entre República y fascismo. Su confianza ilimitada en sus propias fuerzas y su infravaloración de los riesgos del momento le jugaron una mala pasada (a ella y a la clase obrera). Su contribución a la Revolución de Octubre, con numerosas excepciones, especialmente en Asturias, no estuvo a la altura de su potencial ni de las necesidades que la ocasión requería: un borrón en la gloriosa historia del movimiento libertario.

La hostilidad hacia las Alianzas Obreras no fue una actitud exclusiva de la CNT donde a fin de cuentas sus órganos regionales, dispusieron de iniciativa y de libertad para adoptar su posición, por contradictoria que fuese con la mayoría confederal. En cambio, fue el PCE la organización que adoptó una posición globalmente beligerante contra las Alianzas. Sus manifestaciones al respecto durante el año de 1934 despejan las dudas que la posterior historiografía comunista instrumentó de acuerdo a sus conveniencias políticas. En ese momento, las Alianzas Obreras fueron calificadas como instrumento de la contrarrevolución burguesa, integradas por social-fascistas, trotsko-fascistas y anarco-fascistas. Curiosa idea sobre el fascismo y sus variables infiltradas de pleno y además, mayoritarias en el movimiento obrero. Conviene no olvidar que hasta 1935 no se celebra el VII Congreso de la Internacional Comunista y por tanto su viraje hacia los Frentes Populares, por eso, en 1934, la vigencia de las teorías sobre el social-fascismo se encuentran plenamente vigentes, a pesar del estrepitoso fracaso de la izquierda alemana ante los nazis. Esto no significa que el PCE careciese de una política sobre el frente único o sobre el riesgo creciente de fascismo, aunque fuese muy peculiar. El frente único debía ser por la “base”, es decir, que las organizaciones obreras denunciasen como traidores a sus direcciones para así,  acordar con el PCE la formación de frentes únicos de naturaleza inequívocamente revolucionaria. Dicho de otra manera, el PCE sólo estaba dispuesto a llegar a acuerdos cuando las organizaciones obreras dejasen de ser lo que eran y se identificasen con la política comunista-stalinista. El desprecio del resto de organizaciones ante estas ofensas fue común, concluyendo que cualquier iniciativa unitaria sería imposible con el mencionado partido. Por lo que respecta a la consideración de la amenaza fascista y más allá de las “finezas” teóricas como identificar fascismo con reacción feudal más que burguesa, se infravaloraba el peligro real, puesto que todos –menos ellos- ya eran fascistas o estaban en proceso de asimilación por el fascismo. A estos efectos el frente único sólo podrían constituirlo el PCE, la UJCE y la CGTU, una parte insignificante de la clase obrera.

Solo en octubre de 1934 el PCE modificará –sin reconocerlo- su posición. En Asturias el mismo 5 de octubre –comienzo de la insurrección- solicitará su entrada en la Alianza Obrera y su incorporación al Comité Provincial Revolucionario. Este cambio, llamado el “viraje táctico audaz” no impedirá que posteriormente el PCE se atribuya la iniciativa en la configuración de las Alianzas, pero sobre todo, fue el temor al aislamiento y su consiguiente descalabro lo que precipitó su cambio de orientación, por lo que se ve de última hora. Cambio que por cierto, no implicó ninguna rectificación por su abyecto comportamiento precedente (acertado según el PCE).

En tan complejo panorama sí hubo una fuerza política que de forma diferente abordó los problemas vinculados al frente único y a la lucha contra el fascismo. La iniciativa surgió del BOC y su escenario Catalunya, la ICE se identificó con la propuesta y en cierta medida contribuyó a su extensión por el resto del Estado. En el temprano mes de marzo de 1933 y teniendo en cuenta la influencia del BOC en Catalunya se intentó reagrupar al conjunto de organizaciones obreras: BOC, PSOE, FSL, ICE, USC, UGT, Sindicatos de Oposición, Sindicatos excluidos de la CNT y la Unió de Rabasaires. Por las razones ya mencionadas sólo se excluyeron la poderosa CNT (la mayor fuerza obrera de dicho territorio), la FAI, el PCC y su organización sindical CGTU.

La creación de la Alianza Obrera de Catalunya representó la primera materialización práctica aunque incompleta de frente único y su ejemplo no tardará en acaparar los debates de la izquierda y del movimiento obrero. Su acogida por las bases socialistas no sólo modificó la desesperanza en que se hallaba instalado el movimiento obrero sino que introdujo un incremento de la confianza en sus propias fuerzas. Las ilusiones sobre la colaboración republicano-socialista eran ya cosa del pasado, aunque formalmente el Gobierno aún se mantenía, mientras, la ofensiva de la derecha reaccionaria se convertía en presente y amenazaba con arrollar a todos. Pero estar a la altura de estas exigencias no parecía sencillo, sobre todo, estando reciente la represión sobre infinidad de luchas obreras por más, que resultase obvia, la recuperación de la iniciativa política por lo más reaccionario que había en el país.

Para el BOC la Alianza Obrera debía cumplir en España las funciones que en Rusia ejercieron los Soviets. La existencia en España de dos organizaciones tan poderosas como la UGT y la CNT hacían inviable cualquier tentativa por introducirlos. Digamos que no formaba parte de las tradiciones, formas orgánicas o necesidades del movimiento. En cambio, la alianza UGT-CNT era suficiente como para conmover el conjunto del edificio social, condición inexcusable de cualquier opción y posibilidad de dirigir a la sociedad toda. Las Alianzas debían ser órganos unitarios donde todos caben y donde todos deben estar, a menos que la irresponsabilidad política lo impida. Órganos útiles para intervenir en las movilizaciones y huelgas del presente, bien sea para proteger las conquistas vigentes o para aspirar a otras nuevas, pues cualquier pasividad o inhibición la incapacitaría para objetivos revolucionarios (se podía pensar que el éxito futuro no resultaba ajeno al duro aprendizaje del presente). También, como órganos insurreccionales, encargados de dirigir los momentos decisivos de la lucha de clases, garantizando el armamento del proletariado y la dispersión de las fuerzas enemigas. Por último, su configuración a nivel estatal con una Alianza Obrera Central la elevaba a órgano de poder del que debía emanar el futuro Gobierno Obrero y Campesino encargado de llevar a su culminación la revolución democrático-burguesa y de iniciar la transición hacia las transformaciones de naturaleza socialista. Ni que decir tiene que de estas cuatro características (órganos unitarios, de lucha, insurreccionales y de poder), los socialistas sólo consideraron la primera y la tercera, rechazando su intervención en los conflictos del momento (para eso estaban los sindicatos) y su conversión en órganos de poder local, regional o estatal (para eso estaba el PSOE). El intento socialista de reducirlos a órganos auxiliares del poder obrero iba a representar un grave inconveniente que no obstante, la propia realidad del agudo conflicto social no tardaría en desmentir.

Ya anteriormente se ha mencionado la caracterización del BOC en torno a la naturaleza de la revolución española: Revolución democrático-socialista, dirigida en ambos casos por la clase obrera, en alianza con el campesinado y otras clases pequeñoburguesas e incorporando a su programa las aspiraciones de los movimientos nacionalistas, fundamentalmente, Catalunya. A diferencia de los análisis de la KOMINTERN, el fascismo no significaba la recuperación del poder por los grupos sociales vinculados al feudalismo, sino el recurso excepcional del gran capital y sus aliados para liquidar el movimiento obrero, su cultura y sus organizaciones. El fascismo no era un recurso preventivo, más bien, la consecuencia del fracaso del ascenso de los de abajo, ascenso culminado en derrota por la combinación desafortunada de determinados factores, especialmente la política de la coalición republicano-socialista y el irresponsable insurreccionalismo anarquista.

En fin, apenas dos años después del esperanzador 14 de Abril parecía increíble el poco tiempo transcurrido para la profundidad del camino desandado. La Alianza Obrera todavía en fase experimental, estaba llamada a ocupar el espacio de las ilusiones ya agotadas. El año de 1934 se adivinaba definitivo, crucial, irrepetible, trágico, condensador de una infinidad de conflictos sociales y humanos, gestados y exteriorizados a lo largo de los últimos 50 años y que ahora llegaban a su culminación. Definitivamente no era posible consolidar un régimen de democracia parlamentaria republicana. El capitalismo español y sus formas de dominación eran incompatibles con cualquier resquicio estable de democracia. Esta, -la democracia-, iba a ir asociada a la suerte del movimiento obrero y de la izquierda que, o bien presentaban su candidatura a la dirección revolucionaria del país ó, en caso de fracaso, abrir la puerta a la contrarrevolución fascista con las lastimosas secuelas que esto representaba. Pero todavía cualquier previsión resultaba infundada, además de imprudente. Lo que habría de ocurrir se podría determinar con la acción unida, autónoma y decidida del movimiento obrero. Nada de antemano estaba perdido. Había que trabajar para extender la Alianza Obrera, depositaria de todo un legado, expresión insustituible de una esperanza generalizada.
 

¡ATENCIÓN AL DISCO ROJO!

Por un lado, la Alianza Obrera fue una propuesta política adaptada a las difíciles condiciones concretas de un momento determinado, véase, la experiencia insatisfactoria de la colaboración de clases al servicio de la revolución democrática y la amenaza real de fascismo, visualizado, simultáneamente, por la fascistización de los grupos sociales dominantes y por sus recientes éxitos electorales. Por otra parte, la Alianza Obrera, desbordando todas las previsiones, se convirtió en elemento fundamental de la cultura identitaria de clase, porque más allá de su configuración práctica, modificó los hábitos de unos y otros, cambió las relaciones entre las organizaciones haciendo sus preocupaciones más “transversales”, una disrupción en el pensamiento, un salto en las ideas suministradoras de identidades (socialismo, democracia, revolución, República) que se prolongarán en el tiempo y que marcarán la nueva dinámica de la primacía de la política sobre la teoría. Pero sobre todo, por encima de todo,  una confianza indestructible de que la unidad y la razón significaban que la democracia, el progreso y la historia estaban de su parte. La interiorización, casi colectiva, de esta cualidad, bastaba para transformar una lucha de evidente naturaleza defensiva en ofensiva por el poder mismo.

Puede parecer contradictorio e incluso inconveniente la señalada combinación de objetivos que marcan la revolución de octubre. Una revolución que aspira, en última instancia, a la conquista del poder; ó, una revolución que paralice el ascenso del fascismo, disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones. Se puede considerar, razonablemente, que el movimiento obrero se sentiría satisfecho con la segunda posibilidad, es decir, revertir la situación y eliminar las amenazas a su supervivencia. ¿Supondría esto renunciar a una deseable y previsible ofensiva? Tal posibilidad se incubaba en la mentalidad de los socialistas más moderados y de los republicanos de izquierda, pero en la globalidad del movimiento, las ideas democráticas de erradicación del fascismo parecían inseparables del triunfo revolucionario.

Ya hemos contemplado la magnífica acogida de la iniciativa catalana sobre la Alianza Obrera, pero la ebullición del conflicto social no se limitaba a Catalunya. Tras la derrota electoral la prensa de izquierdas y en especial la vinculada a la izquierda socialista, adoptó tonos y mensajes desconocidos hasta entonces. El editorial de “El Socialista” correspondiente al 3 de enero de 1934 era elocuente y significativo: ¡Atención al disco rojo! Un aviso de que concluyó la contemporización, un reconocimiento implícito del fracaso del “bienio progresista” y una velada amenaza que pone límites al ascenso reaccionario: “¿Concordia? No. ¡Guerra de clases! Odio a muerte a la burguesía criminal. ¿Concordia? Sí, pero entre los proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrio. Pase lo que pase ¡atención al disco rojo!”.

A finales de enero de dicho año, el camino se despeja aún más, la dirección “besteirista” de la UGT dimite, pasando también, Largo Caballero, a ejercer la secretaría general. La CNT se reafirma en su desbordamiento después del estúpido “frente a las urnas, revolución social” y con el objeto de “salvar el honor confederal” precipita una nueva acción insurreccional apenas  unas semanas después de las elecciones. La represión fue atroz, más de 100 muertos y 6.000 detenidos, además de la ilegalización de la CNT, con el cierre de los ateneos libertarios y la suspensión de sus publicaciones.

Pero el conflicto social no iba a ceder, independientemente de la voluntad de todas las organizaciones, los antagonismos seguirían su dinámica ascendente. El camino hacia “Octubre” estaba plagado de nuevas y sorprendentes luchas, de dificultades que ponían a prueba la utilidad de las teorías y las prácticas de la Alianza Obrera. ¿Esperar el momento decisivo o participar y dirigir las movilizaciones del presente? ¿Cuál era el supuesto momento decisivo? ¿Evitar desgastarse antes de dicho momento? El llamamiento de la Alianza Obrera de Catalunya a los trabajadores de España no se detiene, ni puede hacerlo, en la resolución de dichas preguntas, todavía prematuras. Antes, el país debía estar tejido por una impresionante red de Alianzas Obreras (llamadas a desempeñar el papel que los soviets  cumplieron en la revolución rusa).

La realidad de los hechos previos a Octubre ofrecerá una amplia gama de respuestas e iniciativas. La concentración gil-roblista de abril en El Escorial, culmina en una espontánea huelga general en Madrid decidida a impedir la demostración fascista. En junio, es el proletariado agrícola el protagonista: “Así no podemos ni queremos vivir más tiempo”, decía el manifiesto orientado hacia la defensa de la legislación socio-laboral avanzada, a impedir un descenso del 65% en los salarios de los jornaleros. Pero la huelga acaba mal (13 muertos y 8.000 detenidos, casas del pueblo y ateneos libertarios clausurados, estado de alarma, tribunales de urgencia...). ¡No es el momento!, repetía angustiosa la prensa socialista. ¡No se puede abandonar al proletariado agrícola a su suerte!, exigían el resto de fuerzas aliancistas. El caso es, que en Octubre, los obreros agrícolas derrotados y perseguidos no tendrán fuerza para incorporarse al movimiento insurreccional, lo que resultó fatal para el desenlace (cuando llegó el momento ya no podían). Lastimoso error de la dirigencia socialista que en vez de plantear la solidaridad del movimiento obrero con la huelga o buscar una solución negociada que permitiese conservar intacta la fuerza, convirtió a las ciudades en espectadoras pasivas del conflicto. Se sacrificó una lucha en aras del éxito global o dicho de otra manera, se comprometió el éxito global por no sostener una lucha. La táctica de aplazarlo todo, de no derrochar energías, se confirmó contraproducente.

El “disco rojo” estaba encendido. La reacción temblaba pero no podía renunciar a la iniciativa. A las clases dominantes les correspondía señalar el momento, elegir el terreno, desencadenar las hostilidades confiando en su mayoría institucional y en el poder de las fuerzas represivas. Su objetivo era obvio: Liquidar el movimiento obrero e implantar una dictadura corporativa y clerical (fascista, naturalmente, la forma republicana o monárquica era secundaria). La entrada de la CEDA en el gobierno sería la declaración de guerra que el movimiento obrero no podría rehuir.

Y no se rehuyó, aunque sólo en Asturias y durante 15 días adquirió formas revolucionarias.
 

¡U. H. P.!

Asturias fue receptiva. Lo fue a las iniciativas políticas procedentes de Catalunya, dándose el caso de que sólo allí, en Asturias, la totalidad de la izquierda y del movimiento obrero realizó y completó la Alianza Obrera. Lo que no logró Madrid y ni siquiera los promotores catalanes, en Asturias, con diferentes ritmos, se materializó la fórmula catalana. Paulatinamente, todos se fueron incorporando, en distintos momentos y con distintas interpretaciones, cierto, pero el 5 de octubre de 1934, el proletariado regional allí se sintió reflejado y representado. Primero la CNT y la UGT, inmediatamente el PSOE, después fueron admitidos el BOC y la ICE, luego la FSL y por fin el mismo día que dio comienzo la insurrección el PCE. Los anarquistas de la FAI también participaron activamente en los comités de la Alianza y hasta la IR manifestó su voluntad de colaboración con la clase trabajadora. Las Juventudes Socialistas, Libertarias y Comunistas no se limitaron a la función de avalar a sus organizaciones mayores, ejerciendo un protagonismo destacado en el desarrollo del movimiento (“esa gran muchachada”, referencia habitual en las crónicas de la época).

La estructura social de la región asturiana otorgaba un protagonismo fundamental a la clase trabajadora. Para una población de aproximadamente 750.000 habitantes, el importante nivel de desarrollo industrial y el peso del proletariado vinculado a la gran industria tenía que resultar decisivo en el devenir político. Casi 100.000 obreros industriales (siderurgia, metalurgia, construcción naval, fábricas de armamento, producción de explosivos, industria alimentaria, construcción...), pero sobre todo los más de 30.000 mineros de las cuencas del Nalón y del Caudal, vanguardia de las vanguardias de las luchas sociales. Una clase obrera joven, culta, no olvidemos que la región asturiana cuenta con el mayor número de escuelas y con el menor nivel de analfabetismo de todo el país, pero por encima de todo, había sido capaz de generar una red cultural y asistencial sin parangón en el territorio español, resultado de una experiencia acumulada a través de los últimos 50 años en que el nivel de organización y de identidad con las ideas socialistas resulta único e irrepetible.

Por otra parte, se cuenta con una pequeña propiedad agraria generalizada en toda la región y una pequeña burguesía que vincula su suerte a los éxitos o fracasos del movimiento obrero. Por último, la ausencia de una burguesía autóctona, fundamentalmente porque la gran industria se relaciona con proyectos de inversión estatales, lo que viene a producir una burguesía de alto contenido parasitario y esto sin olvidar que muchas de estas industrias están en manos de capital extranjero. Se puede decir que la estructura social y el sistema se asientan sobre el conjunto de acuartelamientos militares y en la tupida red de cuartelillos de la Guardia Civil, sólo sostenidos por la burocracia administrativa residente en la capital.

Con este panorama la relación de fuerzas entre los grupos sociales resultaba incuestionablemente favorable para la clase trabajadora. Con los problemas políticos formalmente resueltos, las cuestiones técnicas preparatorias de una lucha insurreccional se fueron resolviendo con numerosos altibajos. El asunto “Turquesa” puso en guardia a las fuerzas reaccionarias pero aportó un importante arsenal, necesario para el comienzo de la lucha. La sustracción de fusiles de la Fábrica de la Vega se efectuó paulatinamente y esquivando los controles militares. La abundancia de dinamita no requería, por otra parte, de actuaciones especiales. Todo parecía preparado y hasta la impaciencia parecía controlada, sólo faltaba el detonante, el anuncio de que el fascismo entraba a formar parte del Consejo de Ministros.

Al anochecer del 4 de octubre llega la noticia fatídica: ¡La CEDA tiene tres ministros en el nuevo Gobierno Lerroux! ¡Increíble! La gente no se lo podía creer. Están avisados, saben que la totalidad de la clase obrera lo considerará una provocación inaceptable. Pero no se puede dar marcha atrás... Desde ese momento comienza una actividad frenética, con el aire cargado de electricidad en claro presagio de los momentos decisivos, históricos, de los que sólo escasas generaciones pueden contemplarlos y/o padecerlos. Los Comités de las Alianzas Obreras se reúnen apresuradamente, declaran en pie de guerra al proletariado, esperan instrucciones del Comité Regional, pero mientras tanto desentierran las armas, forman las milicias, incautan los vehículos útiles, y deciden las primeras acciones armadas, indudablemente contra los institutos represivos encargados del orden público. Ya no hay margen para otras soluciones: ¡Es un crimen dejar que el fascismo gobierne! Su éxito será la destrucción de la democracia, de las conquistas obreras y de sus organizaciones, una especie de retorno a la España negra, a la esclavitud que exigen las modernas relaciones sociales del capitalismo en situación de dramática crisis. Los quince días siguientes, verán el “cuerpo a cuerpo” entre socialismo y fascismo, pero también la generosidad de la juventud obrera, de sus mujeres y hombres, jornada tras jornada, entusiastas, decididos, los cien mil proletarios asturianos irán desangrándose para no dejarse vencer. Como tantos y tantos entonces afirmaron que al proletariado se le podría derrotar, pero jamás, vencer. Cualquier triunfo de los reaccionarios será coyuntural, efímero, el anuncio, en definitiva, de la siguiente insurrección.

El desenlace es conocido, los más de mil muertos, los 30.000 detenidos, las torturas en cuartelillos y comisarías, las infamias y calumnias de la prensa reaccionaria, el asesinato por la Legión del conocido periodista Luis Sirval, expresan el régimen de terror impuesto al país. Aún insatisfecha con un escenario tan sanguinario, la derecha exige la pena de muerte sobre infinidad de procesados. Al final, sólo el sargento Vázquez que voluntariamente se puso al servicio de las milicias obreras y al anarquista Pichilatu serán las víctimas escogidas. El Presidente Alcalá-Zamora, no escuchó la petición de indulto de la izquierda, como se hizo con Sanjurjo en 1932, pero tampoco atendió las exigencias de Gil Robles (CEDA), partidario de un escarmiento sin duda sanguinario.

Pero la recuperación del movimiento obrero será sorprendente. Parecerá increíble que tras la derrota y la consiguiente represión, en pocos meses, de forma clandestina, reaparezcan las organizaciones, se extienda la prensa, se recuperen las redes de solidaridad y por encima de todo, se resquebraje el bloque radical-cedista. Gil Robles, aspirante a duce o fuhrer habrá de dejar, su lugar en el futuro, a quién dirigió las operaciones represivas, a Franco, desde ese momento representante de la vía militar hacia el fascismo.

Meses después, con la amnistía de febrero de 1936, la clase obrera asturiana volverá a ser vanguardia del conflicto de clases más agudo de la historia. En los frentes de batalla, en la resistencia en las zonas ocupadas, en la lucha europea contra el nazi-fascismo, en la oposición al franquismo...,  siempre encontraremos jóvenes mineros conscientes y dispuestos a no cejar en sus aspiraciones emancipatorias. El nombre de SOCIALISMO, sintetiza fielmente la razón por la que tantos sacrificios se realizaron.