Los movimientos de emancipación nacional
(1935)
Introducción a la edición de Editorial
Fontamara, 1977 (Pelai Pagès)
Advertencia del autor
Introduccion: Importancia
del problema y sus elementos esenciales
Primera parte. Los fundamentos de la teoría
proletaria de los movimientos de emancipación nacional
I. La posición de Marx y Engels
II. La posición de Bakunin
III. La primera Internacional
y los movimientos nacionales
Segunda parte. El problema de las nacionalidades
y la segunda internacional
I. Las diferentes concepciones del problema en la socialdemocracia
II. La escuela austriaca
III. Kautsky y Rosa Luxemburg
Tercera parte. El problema de las nacionalidades
y la revolución rusa
I. La política
de nacionalidades del zarismo
II. La revolución de febrero y las nacionalidades
oprimidas
III. La cuestión
nacional y el movimiento obrero ruso
IV. La politica de
nacionalidades de Lenin
V. La revolución
de octubre y la cuestión nacional
Cuarta parte. Un
modelo de solución: la URSS
I. Una unión libre de pueblos libres
II. La estructura de la URSS
III. Las facultades de los poderes de la unión
y de los organismos autónomos
Anexos
Programa de la socialdemocracia
austríaca sobre la cuestión nacional
Declaración de
los derechos de los pueblos de Rusia
Declaración
de los derechos de los trabajadores y del pueblo explotado
Proclamación de
la unión de las repúblicas socialistas soviéticas
Introducción a la edición de Editorial Fontamara, 1977
Pelai Pagés
La publicación por Andreu Nin de
Els moviments d'emancipació
nacional, en 1935, cuya primera edición castellana presentamos,
vino a cubrir un vacío importante en la literatura socio-política
catalana, al ofrecer una síntesis de divulgación sobre uno
de los aspectos teórico-prácticos que más habían
preocupado y preocupan aún al marxismo del siglo xx, y que ya durante
los primeros años de la II República española se había
manifestado en toda su dimensión y problemática. La cuestión
de las nacionalidades oprimidas; la relación entre la lucha por la
emancipación económica y social de la clase trabajadora y
la lucha por la emancipación nacional, y la relación, inherente
a esta última, entre el carácter y el contenido de clase de
los movimientos que propugnan ambas emancipaciones, son aspectos de una
misma problemática que se mantienen en debate permanente en el seno
del movimiento obrero.
El planteamiento de la cuestión nacional no era un elemento político
nuevo en las posiciones de Nin. Su primera filiación política
se produjo, precisamente, en un partido nacionalista catalán, la
Unió Federal Nacionalista Republicana, dentro del cual desarrolló
una actuación que fue acercándole a las concepciones programáticas
socialistas que propugnaba la II Internacional, en vísperas de su
desmoronamiento, provocado, en buena parte, por su patrioterismo. En 1913
– un año antes del inicio de la primera Guerra Mundial, que tantas
contradicciones habría de crear en el seno de las sociedades y del
socialismo europeo – Nin se afilia a la Federación Catalana del Partido
Socialista Obrero Español, y, lejos de abandonar sus presupuestos
nacionalitarios, intenta incorporarlos al nuevo marco organizativo, donde
halla la incomprensión que históricamente ha aquejado al PSOE
ante las nacionalidades, particularmente las nacionalidades oprimidas por
el Estado español.
Nin plantea pronto la cuestión de las nacionalidades en el seno
de la Federación Socialista Catalana, desde una perspectiva que intenta
conciliar la lucha por el socialismo con la lucha por la liberación
nacional. Después de publicar un primer artículo en forma
de ”consideraciones preliminares” que sentasen unas bases mínimas
para un posterior desarrollo de la problemática, Fabra Ribas, uno
de los dirigentes históricos del socialismo catalán, arremete
contra las intenciones de Nin en un artículo en el que llega a afirmar
que el nacionalismo, como mucho, ”puede constituir un bonito tema de conversación
para matar el tiempo en una tertulia aburrida o para distraer los ocios
durante las vacaciones veraniegas”. En su respuesta Nin tenía que
constatar la ceguera del socialismo español ante el hecho nacional,
en un momento de gran efervescencia nacionalista en toda Europa, y lamentar
el error político en que se caería cuando ”en nombre del internacionalismo,
se combatan las justas aspiraciones de los pueblos oprimidos, incurriendo
por inconcebible paradoja, en peligro de patrioterismo”.
La voz de Nin en el marco del socialismo español y catalán
de estos años estuvo, sin embargo, muy aislada, y el propio Nin no
volvió a tratar del hecho nacionalitario hasta muchos años
después, ya en el marco de la II República española.
Pero lo haría con otros parámetros ideológicos y desde
otra perspectiva. La enriquecedora experiencia que supuso su breve pero intenso
paso por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en los años
previos a la Dictadura de Primo de Rivera, en los que Cataluña se
vio inmersa en un período álgido de la lucha de clases (1919-1921),
y su larga estancia en la URSS (1921-1930), en los difíciles años
que culminaron en el asentamiento político del estalinismo, le permitieron
no sólo familiarizarse con los problemas organizativos de la clase
obrera y profundizar en la realidad política y social de Europa,
sino también analizar detenidamente los presupuestos doctrinarios
del marxismo sobre la cuestión nacional y estudiar el modelo de solución
que ofreció la revolución rusa para estructurar los diversos
pueblos que constituían el antiguo Imperio de los zares.
Nin no dudará en asimilar los conceptos básicos que había
desarrollado Lenin a partir del planteamiento inicial sentado por Marx en
el siglo XIX y de su polémica con los marxistas alemanes (Kautsky
y Rosa Luxemburg) y con la escuela asutromarxista (Renner y Bauer), para
ofrecer, a su regreso a España, en vísperas de la proclamación
de la II República, unos programas estratégicos y tácticos
que permitieran resolver la cuestión nacional planteada en el Estado
español, desde unas posiciones marxistas y de clase que, como había
prefijado Marx, supusieran la subordinación de la ”cuestión
nacional” a la ”cuestión obrera”.
Efectivamente, como ya hemos apuntado, la cuestión nacional,
centrada inicialmente en Cataluña, se planteará durante la
II República española en toda su dimensión, pasando
por diversas etapas de su desarrollo, desde el 14 de abril de 1931 hasta
1935. Este desarrollo constituye el marco histórico que justifica
y ayuda a comprender la necesidad y la utilidad de la publicación
en 1935 de
Els moviments d'emancipació nacional.
* * *
El nacionalismo político catalán – que había sido
una constante histórica durante buena parte del siglo XIX y en las
tres primeras décadas del xx – se manifestó desde los inicios
de la II República como un auténtico movimiento de masas,
capitalizado por el partido de la pequeña burguesía catalana,
l'Esquerra Republicana de Catalunya, que, por sus aspiraciones programáticas
iniciales, pondría en cuestión la credibilidad reformista de
la República, a la hora de hacer viable una solución auténticamente
democrática de la cuestión nacional catalana.
Si bien el Pacto de San Sebastián, firmado en agosto de 1930
por diversos sectores de la oposición republicana y socialista española,
había acordado atender las reivindicaciones catalanas en el marco
de una futura República, Maciá, cuando, el 14 de abril de 1931,
proclama la República Catalana, horas antes de la proclamación
de la República en Madrid, se halla ante la oposición flagrante
del Gobierno provisional de la naciente República, que pocos días
después le exige la desproclamación de la República
Catalana. El acto protagonizado por Maciá sería considerado
por Nin como el más revolucionario que se produjo durante la jornada
del 14 de abril, y la actitud adoptada por el gobierno de Madrid como ”la
prueba de un espíritu chovinista, absorbente, asimilista, que no tiene
nada que envidiar al del poder central monárquico desaparecido”.
A partir de estos momentos se inicia un proceso de negociaciones entre
Madrid y Cataluña que culmina en septiembre de 1932 con la aprobación
por las Cortes de la República Española de un Estatuto de
Autonomía para Cataluña que representaba casi una caricatura
del que había sido pleibiscitado favorablemente por el 75 % del electorado
catalán, en agosto de 1931, un Estatuto que deja pendiente en sus
aspectos fundamentales la resolución de la cuestión nacional
catalana, puesto que no sólo no considera como tal la realidad nacional
de Cataluña – el primer artículo del Estatuto hablaba de ”región
autónoma, dentro del Estado español” –, sino que recorta a
las instituciones del gobierno autonómico – Generalitat y Parlamento
catalán – buena parte de las facultades legislativas y ejecutivas que
corresponden a un poder legítimamente constituido.
Hasta noviembre de 1933, la permanencia en Madrid de un gobierno republicano-socialista
había posibilitado un relativo entendimiento entre éste y
la Generalitat de Cataluña, pero cuando las elecciones a Cortes que
se realizan este mes dan la victoria a los radicales de Lerroux y a las derechas
cedistas de Gil Robles, se ponen en evidencia las limitaciones reales del
Estatuto. La aprobación por el Parlamento de Cataluña de la
Ley de Contratos de Cultivo, en abril de 1934, ley que, sin ser revolucionaria,
favorecía a los campesinos catalanes en contra de los propietarios
organizados en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro,
planteó un problema de compatibilidades entre los dos gobiernos,
que se vio sancionado por el Tribunal de Garantías Constitucionales,
dependiente del Gobierno de Madrid, en contra de la Ley, de la capacidad
legislativa del Parlamento catalán y de los campesinos catalanes.
Durante todo el año 1934 la situación creada en Cataluña
por este problema fue radicali-zándose progresivamente, hasta culminar
en los primeros días de octubre, cuando, ante el acceso de la CEDA
al Gobierno de Madrid, la Generalitat responde con la proclamación,
por segunda vez, de la República Catalana dentro de la República
Federal Española, el día 6 de octubre, proclamación
que, también por segunda vez, se frustra a las pocas horas. El fracaso
del intento insurreccional de la Generalitat y el período que se abre
después de octubre de 1934, con la detención del gobierno autonómico
y la congelación del Estatuto de Autonomía, junto con las
experiencias acumuladas en los dos años de vigencia del Estatuto,
son hechos importantes para entender la aparición de la obra de Nin.
Hay que tener en cuenta, además, que los hechos de octubre de
1934 en Cataluña coinciden con un intento de revolución social
en Asturias y con una huelga general en el resto del Estado. La radicalización
a que había llegado el movimiento obrero español a finales
de 1934 y su distanciamiento progresivo de los objetivos republicanos – distanciamiento
concretado en la pérdida de las ilusiones democráticas y
en el desencanto ante el fracaso de la política reformista de la
República – van a permitir a un sector del proletariado español
plantear su alternativa de clase en la revolución asturiana de octubre.
Y aunque la revolución fracasara como tal, y el gobierno republicano
derechista sometiera a la clase trabajadora de los distintos pueblos del
Estado a una dura represión, los hechos de Asturias quedarían
como un punto de referencia obligado para todos los sectores, grupos y organizaciones
de la clase obrera y forzarían a que todos ellos procediesen a un
replanteamiento de sus posiciones, replanteamiento que tenía que abarcar
todos los problemas que pudiera plantear una nueva revolución, cuyo
”ensayo general” parecía haberse ya efectuado. Y entre estos problemas
se hallaba el nacional.
En este último aspecto cabe señalar que la actitud que
habían mantenido los diversos partidos y organizaciones obreras de
Cataluña hasta estos momentos había sido bastante diferente
a la del resto de España. A excepción de la Federación
Catalana del PSOE – que seguía la política centralista de este
Partido respecto a Cataluña –, el resto de las organizaciones, y
particularmente los sectores marxistas, se habían colocado resueltamente
a favor de la autodeterminación de Cataluña y habían
participado activamente en todas las movilizaciones que se habían
realizado para que la República reconociera los derechos de Cataluña.
La Alianza Obrera de Cataluña – que desde diciembre de 1933 englobaba
a la mayoría de los partidos obreros catalanes, a excepción
de la CNT y el Partido Comunista – había jugado un papel importante
en el momento de presionar al presidente de la Generalitat, Companys, para
que proclamara la República Catalana, el día 6 de octubre de
1934. Sin embargo, los programas nacionalitarios de los diferentes grupos
y partidos no pasaban, en la mayoría de los casos, de apuntar ambiguas
y muy sumarias soluciones doctrinales o teóricas.
Por otra parte, en el seno del movimiento nacionalista catalán
– y a causa de las oscilaciones que habían demostrado los líderes
de l'Esquera Republicana y de la posición represiva que habían
adoptado repetidas veces frente al movimiento obrero – se había producido
una corriente radical que, partiendo de posiciones nacionalistas, fue incorporando
a su programa planteamientos e ingredientes del marxismo revolucionario.
Estas posiciones eran las que parecía defender el Partit Catalá
Proletari, un partido escindido del ultra-nacionalista Estat Catalá,
que había tenido un destacado papel en los hechos de octubre de 1934
– durante los cuales murió su máximo dirigente Jaume Compte
– y que desempeñaría también un papel aglutinante en
el desarrollo de la situación posterior a esta fecha.
Finalmente, para entender las circunstancias históricas en que
aparece la obra de Nin, hemos de referirnos al movimiento de unificación
marxista que, como consecuencia de la revolución de octubre de 1934,
se estaba llevando a término en Cataluña desde el mes de enero
de 1935, impulsado, precisamente, por el reducido Partit Catalá Proletari.
En enero de 1935 se inician una serie de reuniones entre los seis partidos
que se reivindicaban del marxismo en Cataluña: la Federación
Catalana del PSOE, la Unió Socialista de Catalunya, el Partido Comunista
de Cataluña, el Partit Catalá Proletari, el Bloque Obrero y
Campesino y la Izquierda Comunista de España. Las negociaciones se
rompieron en el mes de abril, y sólo continuaron unos meses más
entre los tres últimos partidos, hasta que el Partit Catalá
Proletari planteó una cuestión de principios: el nuevo partido,
surgido de la fusión, debería ser, según criterio suyo,
un partido estrictamente catalán.
Esto motivó que la unificación, en base a un marco orfanizativo
estatal, la realizasen sólo el Bloque Obrero y Campesino y la Izquierda
Comunista, constituyendo en septiembre de 1935 el Partido Obrero de Unificación
Marxista, del que Andreu Nin y Joaquín Maurín serían
los dirigentes. Mientras, el Partit Catalá Proletari cristalizaría
en una segunda unificación, casi un año después, con
las otras tres organizaciones, en base a una actuación fundamentada
en Catalunya y con un carácter marcadamente catalán. El nuevo
partido, fundado en julio de 1936, pocos días después de iniciada
la guerra civil, sería el Partit Socialista Unificat de Catalunya,
la organización de los comunistas catalanes adheridos a la III Internacional.
Es, pues, en un marco histórico muy complejo cuando Nin se dispone
a publicar
Els moviments d'emancipació nacional para esclarecer
los aspectos más importantes de la teoría nacionalitaria
desarrollada por Lenin, y, al mismo tiempo, exponer de forma crítica
las posiciones del movimiento obrero desde Marx y Engels hasta el modelo
de solución ofrecido por la URSS al constituirse como unión
libre de pueblos libres.
* * *
En primer término, Nin expone la importancia de la cuestión
nacional y sus elementos esenciales, para subrayar no sólo el contenido
progresivo, democrático y revolucionario de la lucha nacional, en
una fase de lucha contra el Estado feudal, sino el papel que las diferentes
clases sociales desarrollaban en esta lucha. Efectivamente, los elementos
históricos del desarrollo capitalista de Europa, al que estaba ligada
estrechamente la constitución de la realidad nacional, le ofrecían
un método de análisis que permitía en esta fase considerar
a la burguesía como una clase revolucionaria. Así, la formación
de las nacionalidades europeas estaba estrechamente relacionada con la propia
formación del capitalismo, y la burguesía jugaba, de esta manera,
un doble papel revolucionario, como clase impulsora de una liberación
nacional que traía aparejada en su seno una revolución política
y social, y contra la dominación y los privilegios feudales. En este
sentido, la nación era un producto directo de la sociedad capitalista,
y si la burguesía tendía a constituirse en Estado nacional
era porque de esta manera podía garantizar un mayor desarrollo de
las relaciones capitalistas.
No era este el caso, sin embargo, de otras sociedades en las que la
formación del Estado precedió al desarrollo del capitalismo,
constituyendo una unidad regresiva que impedía el desarrollo de las
fuerzas productivas. El imperio austro-húngaro, el ruso y el Estado
español eran, según Nin, los ejemplos más característicos
de esta unidad que forzaba a plantear la lucha por la emancipación
nacional de una forma mucho más aguda de como se había planteado
durante las revoluciones burguesas del siglo XIX.
En estos casos, la posición nacionalitaria de las diversas clases
sociales había variado fundamentalmente, puesto que la burguesía
había perdido buena parte de sus ímpetus revolucionarios,
desde el momento en que el proletariado, numéricamente mucho más
fuerte y con una conciencia de clase ya desarrollada, unía a las reivindicaciones
democráticas – y la liberación nacional era una de las más
importantes – la realización de las conquistas socialistas por las
que combatía. Si los movimientos de emancipación nacional
habían surgido en el marco de una lucha interclasista para la consecución
de reivindicaciones democráticas, si en un momento determinado del
desarrollo histórico de este proceso, la burguesía había
asumido la dirección de esta lucha, mostrándose en beneficio
de sus intereses como una clase revolucionaria, progresivamente esta dirección
pasa a los sectores de la pequeña burguesía radical, los
cuales, sin embargo, por la situación intermedia que ocupan, entre
la gran burguesía y el proletariado, tampoco podrán resolver
adecuadamente los problemas de la revolución democrática.
Quedando, así, el proletariado como la única clase objetiva
y subjetivamente capaz para llevarla a término.
De esta manera, el esquema que elabora Nin, partiendo de la observación
de la realidad europea y también del caso español, se nos
ofrece en determinados aspectos extremadamente rígido, por cuanto
su adecuación histórica corresponde a una fase muy determinada
del desarrollo del capitalismo en los países sobre los que trabaja,
y por cuanto su objetivo genérico va encaminado a trazar una estrategia
y una táctica nacionalitaria que sitúe a la clase obrera como
única clase social capaz de resolver los problemas pendientes de la
revolución democrática en aquellos estados que, como España,
aún mantenían el lastre de importantes reminiscencias feudales.
Se trataba, pues, de descalificar a la burguesía como clase revolucionaria
– descalificación que venía dada por el carácter y
por la actuación de la misma burguesía – y de concienciar,
desde su perspectiva marxista, al proletariado sobre el papel histórico
que le correspondía como única clase revolucionaria. Esta concienciación
pasaba necesariamente por las reivindicaciones democráticas, entre
ellas las relativas a la cuestión nacional, que suponían un
factor revolucionario de primer orden y poseían, al mismo tiempo,
una capacidad movilizadora entre importantes capas de población. Para
posibilitar esta concienciación, Nin recurre a las posiciones del
pensamiento nacionalitario dentro del movimiento obrero, y sitúa, tomando
partido, la polémica que había enfrentado a Lenin con el resto
de las corrientes socialistas europeas, desde Rosa Luxemburg hasta Kautsky.
Parecería innecesario en estos momentos incidir sobre el tono
y el sentido de los enfrentamientos entre Rosa Luxemburg y Lenin acerca
de la cuestión nacional, así como sobre las divergencias entre
éste, Kautsky y los representantes de la escuela austríaca,
Renner y Bauer. Pero aunque el mosaico político europeo se haya transformado
sustancialmente desde los inicios del presente siglo hasta la actualidad,
y aunque la cuestión nacional haya revestido desde entonces aspectos
inéditos en países que escapaban a la órbita geográfica
del socialismo europeo – de aquí la insuficiencia actual, en ciertos
aspectos, de la teoría nacionalitaria de Lenin – no cabe duda de
que buena parte de las divergencias que se plantearon no han perdido en absoluto
actualidad.
No entraremos a desarrollar aspectos de la teoría nacionalitaria
que aún hoy se están debatiendo, como la propia definición
de nación o sus rasgos consustanciales – la importancia mayor o menor
de la lengua o de una determinada unidad territorial, como factores constitutivos
–, etc. La importancia actual del debate, tal y como lo sintetiza
Nin, está en función de ofrecer alternativas y estrategias
globales de actuación para la clase obrera. Así, por ejemplo,
la exposición que hace de las posiciones de Karl Renner y de Otto
Bauer va en función de señalar cómo ambos teóricos
no tenían ningún interés en resolver la cuestión
nacional en base a relacionarla y hacerla depender de los planteamientos
programáticos del proletariado, ni en realidad pretendían
una solución radical del hecho nacional.
En relación a los aspectos de la teoría nacionalitaria,
Nin insiste sobre una de las cuestiones más polémicas que
han existido en el seno del movimiento obrero y que aún hoy se mantienen
litigiosas: se trata del carácter orgánico que debe adoptar
una organización marxista dentro de un Estado plurinacional. La posición
de Nin es tajante y radical: aceptar el derecho indiscutible de los pueblos
a la independencia no supone caer en el error de constituir partidos nacionales
independientes o federaciones de partidos dotados de una vasta autonomía
administrativa y política. Ambas alternativas orgánicas atentan
claramente contra la solidaridad entre los obreros de las diversas naciones
que integran un Estado y esconden, en realidad, una posición política
que tiene más en común con el nacionalismo burgués
que con el internacionalismo proletario. La solidaridad de clase, afirma
Nin, es superior a la solidaridad nacional; y sólo con la acción
común de los obreros de todas las nacionalidades del Estado será
posible conseguir unos mismos objetivos políticos. Las experiencias
históricas de la primera Guerra Mundial fueron concluyentes al mostrar
cómo el odio nacionalista sustituía a la solidaridad internacional.
Y la instrumentalización por el estado centralista del hecho nacional,
para enfrentar al proletariado de las diversas nacionalidades, ha sido
una constante histórica que ha llegado hasta hoy.
Si errónea es la posición de constituir partidos nacionales
dentro del marco de un mismo Estado, más falsa es aún la posición
antagónica de considerar la cuestión nacional como un problema
que afecta estrictamente a la burguesía, y que tiende a considerar
los movimientos nacionales como objetivamente enemigos de los intereses
de la clase obrera. Esta posición, encarnada, sobre todo, por Rosa
Luxemburg y por el Partido Socialdemócrata polaco, ha pretendido
históricamente ser el depositario de una pureza internacionalista
que, en el mejor de los casos, prescinde del análisis científico
de la realidad nacional, cuando no olvida las profundas raíces populares
de los movimientos de emancipación nacional y su importancia como
factor revolucionario.
Posiciones como la de Rosa Luxemburg – que Nin sintetiza con mucha claridad
– han sido también una constante histórica en determinadas
tendencias del movimiento marxista internacional, que, estando lejos de poseer
la agudeza crítica y teórica de Rosa Luxemburg, en la mayoría
de los casos no sólo han ignorado la cuestión nacional sino
que han llegado a elaborar estrategias para combatir los movimientos de
liberación nacional. Los ejemplos desbordan el reducido marco de
esta introducción. Y es precisamente por ello, por el permanente
peligro que supone el surgimiento de tendencias semejantes, que queremos
subrayar la utilidad de la obra de Nin también en este sentido.
Entre las posiciones de la escuela austro-marxista y de Rosa Luxemburg,
hallaríamos a Kautsky, quien, si bien plantea muy acertadamente
a nivel teórico la problemática nacionalitaria, en la práctica,
cuando se trata de estructurar una estrategia concreta, no pasa de una
defensa formal del derecho de los pueblos a la autodeterminación,
oponiéndose al derecho a la separación y eludiendo la cuestión
de las fronteras de los Estados. Kautsky, para Nin, representa también
en la cuestión de las nacionalidades la alternativa oportunista dentro
del movimiento obrero.
La única alternativa política – tanto a nivel teórico
como práctico – que ofrecía, según Nin, una solución
correcta a la cuestión nacional, era la explicitada por Lenin, que
tenía, además, la ventaja de haber pasado por la verificación
histórica de la construcción de la URSS. La exposición
histórica de la problemática nacionalitaria en Rusia, las
tesis generales de las posiciones leninistas y el modelo de solución
ruso cubren las dos últimas partes de la obra de Nin.
Sobre las tesis sostenidas por Lenin y que concretan la posición
que deben adoptar los marxistas ante la cuestión nacional, Nin destaca
y desarrolla el aspecto básico de la estrategia leninista: se trata
del derecho de las naciones a la autodeterminación y de la libertad
de separación de todas las naciones oprimidas, principios que Lenin
anteponía al ”derecho a la federación” y al ”derecho a la
autonomía”.
En ambas cuestiones no caben ambigüedades ni soluciones intermedias,
sino una clarificación que sitúe en el nivel correspondiente
las respectivas alternativas. No se puede hablar, como a veces se hace,
del derecho a la autonomía, confundiéndolo con el derecho a
la autodeterminación. La autodeterminación presupone la
libertad total y absoluta, la plena soberanía de la nación oprimida
para decidir sus propios destinos, libertad que incluye el derecho inalienable
de constituirse en Estado nacional independiente. La autonomía concede
facultades legislativas y ejecutivas a una determinada entidad geográfico-humana,
pero en el marco institucional de un Estado que niega la facultad soberana
a dicha entidad. Lo mismo sucede con el derecho a la federación antepuesto
al de autodeterminación. Lenin se opone rotundamente a él en
este caso, por cuanto no implica la libertad de separación de las
nacionalidades federadas.
Si a nivel programático y de principios defender y reconocer
el derecho a la autodeter¬minación excluye la defensa apriorística
del federalismo y de la autonomía, a nivel pragmático Lenin
deja también muy claro que ante la realidad de un Estado centralista,
que perpetúa la desigualdad entre las naciones, la autonomía
puede ser un paso reformista que permita a las naciones oprimidas constituirse
definitivamente como nación y asumir el acto revolucionario de una
proclamación independentista; mientras que el principio federativo
también es aceptable en el terreno práctico-histórico
si constituye un paso adelante entre el unitarismo despótico y el
Estado democrático que garantice la autodeterminación de las
distintas nacionalidades.
Recuperar el contenido de los conceptos y situar en sus justos términos
las posiciones nacionalitarias del marxismo es una de las tareas que Nin
intenta en estos capítulos de su obra. Hay, sin embargo, dos cuestiones
que Nin no aborda en esta parte del trabajo. La primera es la crítica
a la política nacionalitaria de Stalin, y la segunda, muy ligada a
ésta, la evolución de la cuestión nacional en la URSS
después de octubre.
Sobre el primer punto, sabemos que Lenin había tenido un altercado
grave con Stalin, cuando en 1922 – muy poco tiempo antes de constituirse
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas – éste
y Dzerjinski habían intentado disminuir la autonomía de Georgia.
Lenin, que no creía que con la proclamación de la Unión
se hubiese solucionado la cuestión nacional en Rusia, hizo hincapié
repetidas veces en el peligro que existía por parte de los miembros
de la nación grande de ejercer actos de violencia contra las pequeñas
nacionalidades. Era el peligro del chovinismo gran-ruso, del nacionalismo
de la nación opresora contra el que se alzaba el nacionalismo de
la nación oprimida, y que podía resquebrajar la unidad de las
repúblicas soviéticas y su necesaria solidaridad, relegando
el principio de igualdad sobre el que tenían que sustentarse a un
nivel simplemente formal.
Consciente de este peligro, y un año escaso antes de su muerte,
Lenin no dudó en inculpar a Stalin de llevar a cabo una campaña
de verdadero nacionalismo ruso, y en acusarlo de ”social-nacional” auténtico
y verdadero, y de ”basto tirano (‘derzhimorda’) ruso”, ya que con su actitud
ante Georgia, Stalin lastimaba la solidaridad proletaria de clase, ”porque
nada retarda tanto el desarrollo y la consolidación de esta solidaridad
como la injusticia en el terreno nacional, y para nada son tan sensibles
los ”ofendidos” componentes de una nacionalidad como para el sentimiento
de la igualdad y el menoscabo de esa igualdad por sus camaradas proletarios,
aunque lo hagan por negligencia, aunque la cosa parezca una broma”.
Estas palabras de Lenin quedarían como una última acusación
y como una llamada de atención – una de las muchas que hizo – ante
la política nacionalitaria que este georgiano ”gran-ruso” llamado
Stalin llevaría a cabo posteriormente.
A pesar de todo, si en 1935 Nin no asume la crítica antiestalinista
ello se debe sin duda a razones de suficiente peso. Quizá figure
entre ellas el que Stalin pasara por uno de los principales teóricos
marxistas acerca de la cuestión nacional, habiendo desempeñado,
en el terreno político, un papel importante en la estructuración
nacionalitaria del régimen soviético, siendo el primer Comisario
del Pueblo para las nacionalidades después de Octubre e interviniendo
de forma destacada en la redacción de la Constitución de 1924.
Pero del propio texto de Nin parece desprenderse, como explicación
general más plausible, el propósito de enfocar la URSS limitándose
a ofrecer en positivo los elementos de solución del problema nacional
que se dan en el único modelo histórico de constitución
de una ”unión libre de pueblos libres”, en el marco de una revolución
proletaria triunfante. Si se ciñe a una descripción estrictamente
jurídica de la URSS es probablemente porque, deliberadamente, y casi
explícitamente, elude una polémica que no sólo desbordaría
el carácter expositivo en que se mantiene la obra en su conjunto,
sino que debilitaría precisamente el carácter de ”modelo”
de la vía soviética de solución del problema nacional,
cristalizada en la constitución de la URSS en diciembre de 1922.
El otro aspecto que Nin tampoco trata es la evolución posterior
que sufrió la cuestión de las nacionalidades en la URSS, partiendo
de la instauración de la Unión de Repúblicas y de
los principios teóricos que la habían conformado. Cabe señalar
de antemano que en este punto los temores y previsiones de Lenin, pocos
meses antes de su muerte, se verían plenamente confirmados, tanto
más cuanto que el problema nacionalitario iba íntimamente relacionado
con el problema del poder, o mejor dicho, con los órganos institucionales
del poder político soviético. También en este terreno
Lenin había sido tajante denunciando el aparato estatal soviético
como ”una mezcla burguesa y zarista que no ha habido posibilidad alguna
de transformar en cinco años”. No es de extrañar, pues,
que el desarrollo posterior de la cuestión nacional en la URSS vaya
a depender en gran manera de la estalinización y burocratización
que sufre el aparato estatal soviético – aún viciado por las
formas institucionales de poder anteriores a la revolución rusa –,
después de la muerte de Lenin.
La contradicción que ya se manifestaba en vida de éste,
entre la letra de la Constitución y el espíritu de la teoría,
y en la práctica real del Gobierno soviético en relación
a las nacionali-dades, va a adquirir a partir de ahora un pleno desarrollo,
hasta el punto de que la indepen-dencia de que gozaban las diversas nacionalidades
iría quedando reducida a sus estrictos límites administrativos
y culturales. Y ello a pesar de que, aún en 1936, cuando, en pleno
desarrollo de las purgas y los procesos de Moscú que acabaron con
la vieja guardia bolchevique, se plantea la necesidad de una nueva Constitución
– la denominada ”Constitución de Stalin”, ”la Constitución
más democrática del mundo” –, Stalin, durante el VIII Congreso
de los Soviets, celebrado en noviembre, insistiría en que la nueva
Constitución tenía que garantizar a las repúblicas constituyentes
el derecho de separación de la Unión Soviética.
Derecho afirmado permanentemente como principio, pero negado en la práctica.
Y no precisamente porque las diversas nacionalidades no presentasen esta
reivindicación, sino porque la total carencia de un funcionamiento
democrático en la estructura centralizada del Partido permitía
al Gobierno un control estrecho de los órganos propios de las diversas
Repúblicas, y posibilitaba zanjar todo posible surgimiento nacionalista,
imponiendo en la práctica el mandato de otro nacionalismo, mucho más
opresor, el nacionalismo de la nación grande.
Cabe añadir, para terminar, que con la muerte de Stalin en 1953
y con el inicio de la destalinización, no se modificará substancialmente
la situación de las nacionalidades soviéticas. Si a nivel
constitucional se mantiene la estructura igualitaria de las distintas Repúblicas
socialistas soviéticas, en la práctica esta igualdad sigue
condicionada al nacionalismo pan-ruso, característico del aparato estatal
forjado por Stalin. Y es que, como ha señalado Deutscher, si los sucesores
de Stalin han repudiado los hábitos estalinistas, a la vez, han continuado
aferrados a ellos.
* * *
Es necesario señalar en la presente introducción que la
aportación de Nin al estudio de la cuestión nacionalitaria
no quedó limitada a esta obra de divulgación teórico-ideológica.
Durante los años de la II República, y a través de
su militancia en la Izquierda Comunista de España, primero, y en
el Partido Obrero de Unificación Marxista, después, Nin intentó
la adecuación de estos principios a su práctica política
cotidiana y profundizó en el estudio de la cuestión nacional
tal y como se presentaba en el Estado español, para elaborar una
estrategia y unas tácticas que ofrecer a sus sucesivos marcos organizativos.
Los distintos artículos que escribió al respecto y las tesis
sobre las nacionalidades que sostuvieron los grupos políticos a los
que perteneció – y que tienen, sin duda alguna, las características
de su pluma – suponen, ciertamente, la adecuación estratégica
y táctica a una realidad muy concreta, de los principios que sostiene
en el presente libro.
Respecto a estos textos queremos añadir, sin embargo, algunas
consideraciones que creemos imprescindibles para la comprensión de
su propio marco teórico e histórico, particularmente de aquellos
textos que suponen posiciones oficiales de organización. Puede chocar,
por ejemplo, desde nuestra actual óptica histórica, la posición
que mantiene la Izquierda Comunista en relación al movimiento nacionalista
vasco y, de rechazo, a Galicia. Ello responde a la actitud de principio
que adopta el marxismo, al hacer depender la cuestión nacional de
los intereses globales de la clase obrera. De esta forma, si bien no duda
en apoyar al movimiento nacionalista catalán por el carácter
progresivo que tenía – denunciando al mismo tiempo las posiciones nacionalistas
de sus dirigentes –, por otra parte ataca al movimiento nacionalista vasco
por el hecho de estar dirigido por aquellas clases socialmente más
retardatarias y políticamente más reaccionarias del País
Vasco. Y en cuanto a Galicia, no le concedía ninguna beligerancia,
puesto que el movimiento nacional no había sobrepasado aún
su fase culturalista.
Sin embargo, estas posiciones intransigentes, que fueron aprobadas en
la III Conferencia de la Izquierda Comunista de España, celebrada
en marzo de 1932, se vieron modificadas progresivamente en el propio seno
de la Izquierda Comunista y más tarde en el POUM. En el mes de septiembre
de 1934 José Luis Arenillas, uno de los dirigentes de la ICE de Bilbao
– jefe de sanidad militar del Ejército de Euzkadi durante la guerra
civil, detenido por el ejército de Franco después de la caída
de Santander y ejecutado en marzo de 1938 – publicaba un artículo,
en el que, si bien no rectificaba la posición sobre el carácter
del movimiento nacionalista vasco, empezaba a profundizar sobre el surgimiento
de la cuestión nacionalista vasca, en relación al desarrollo
industrial del país, durante el siglo xix, y apuntaba también
tomas de posición sobre el hecho nacional en sí. Esta
rectificación quedaría materializada, ya durante la etapa
del POUM, en los estudios que realizaron el propio José Luis Arenillas
y su hermano José María, que sería secretario de la
Junta de comisarios de Vizcaya en julio de 1936 y murió asesinado
por los stalinistas en 1938, durante la retirada de Asturias.
Respecto a Galicia también hemos de señalar que el POUM
rectificó las posiciones de la Izquierda Comunista, paralelamente
al desarrollo que el problema nacional adquirió en Galicia durante
los años de la República. Efectivamente, ante el plebiscito
que se realizó en Galicia, en julio de 1936 – pocas semanas antes
del inicio de la guerra civil –, para la concesión de un Estatuto
de Autonomía a Galicia, el POUM llevó a término una
campaña favorable al Estatuto gallego, analizándolo, tal
como afirmaba un dirigente del POUM de la Federación de Galicia,
”desde el punto de vista de los intereses generales de la clase trabajadora”.
Otro aspecto que queremos destacar de la tesis sobre las nacionalidades
aprobada en la III Conferencia de la Izquierda Comunista es la consideración
que hace acerca de Valencia y de Mallorca, al considerar que en ambos territorios
se podría plantear algún día la cuestión nacional,
pero que ”por su cultura, por su lengua y por su origen”, el movimiento
de emancipación nacional que surgiese sería de integración
a Cataluña. Es bastante obvia la actualización de esta postura,
cuando en estos momentos se están elaborando, a veces desde el País
Valenciano y desde las Islas Baleares, estrategias nacionalitarias encaminadas
a dotar de homogeneidad política el concepto de Países Catalanes.
Sin embargo, de momento, desde la perspectiva marxista, esta cuestión
no está más que planteada.
Por último queremos señalar la intransigencia que mostraron
tanto Nin como la Izquierda Comunista hacia el Bloque Obrero y Campesino,
en relación a la cuestión nacional. La definición de
catalanismo e incluso de separatismo que hizo Maurín de su organización,
hasta 1932, fue causa de una de las divergencias más importantes
que enfrentaron a la Izquierda Comunista y al Bloque Obrero y Campesino.
Divergencias que, sin embargo, desaparecieron al constituirse el POUM, en
septiembre de 1935. La tesis sobre las nacionalidades aprobada por el nuevo
Partido supuso una superación y un acoplamiento de las posiciones
que habían sostenido hasta esta fecha las dos organizaciones que,
como quedó dicho, dieron origen al Partido Obrero de Unificación
Marxista.
Los movimientos de emancipación nacional
El pueblo que esclaviza a otro forja sus propias cadenas.
Marx
Igualdad completa de derechos para todas las naciones,
derecho de las naciones a disponer libremente de sus destinos, fusión
de los obreros de todas las naciones: este es el programa que el marxismo
y la experiencia de Rusia y del mundo entero enseñan a los obreros.
Lenin
Advertencia del autor
Esta obra pretende ser una contribución al estudio, tan negligido
en nuestro país, del problema de la emancipación de las nacionalidades.
El autor tiene clara conciencia de los defectos de este ensayo, que no es
sino un prefacio para trabajos ulteriores destinados a clarificar y ampliar
los aspectos de la cuestión que sólo ha señalado. Sin
embargo, cree haber logrado plantear los términos fundamentales del
problema y proporcionar una documentación básica seria.
Su intención inicial era consagrar una parte del libro a los
problemas nacionales de España, y muy particularmente al de Cataluña;
pero le ha hecho desistir de ello el miedo a que, al tratar cuestiones particulares,
las limitaciones impuestas por una obra de carácter general le obligaran
a estudiar estos problemas de manera incompleta. El tema es lo bastante
importante para dedicarle un trabajo especial, que el autor, de acuerdo
con el plan que se ha trazado, no renuncia a emprender más adelante
si, como espera, esta primera tentativa despierta el interés de nuestro
público.
Introduccion: Importancia del problema y sus elementos esenciales
El problema de la emancipación de las nacionalidades oprimidas,
notablemente agravado después de la guerra imperialista de 1914-1918,
que destruyó el monstruoso imperio plurinacional austro-húngaro
a cambio de la balcanización de Europa, llena de peligros y amenazas
para la paz mundial, ofrece un interés indiscutible para el movimiento
obrero, que no puede desentenderse de ninguno de los aspectos de la lucha
emancipadora de los hombres y los pueblos y, muy especialmente, para el de
aquellos países que, como el nuestro, lo tienen planteado de manera
tan aguda.
La revolución social no se desarrolla en línea recta,
no es el Grand Soir en el que soñaban los revolucionarios ingenuos
del siglo pasado, el hundimiento espectacular del régimen capitalista
como resultado de un acto de fuerza breve y decidido, y la sustitución
casi automática del viejo orden de cosas por una sociedad más
justa y humana, surgida en un abrir y cerrar de ojos con todos los atributos
de un mecanismo perfecto y regular.
Por sorprendente que pueda parecer, y a pesar de la experiencia decisiva
de los últimos años, esta concepción ingenua y falsa
sobrevive todavía hoy en la conciencia de muchos militantes del movimiento
obrero, lo cual les impulsa a rechazar todas aquellas acciones que no comporten,
de manera inmediata, esa ”revolución” maravillosa que ha de realizar
la transformación catastrófica y radical de la sociedad en
veinticuatro horas. Resulta casi inútil precisar que los ”revolucionarios”
de esta especie contemplan con altivo desprecio o con indiferencia absoluta
problemas como el de la emancipación de las nacionalidades oprimidas.
Y, sin embargo, los movimientos nacionales desempeñan un papel
de enorme importancia en el desenvolvimiento de la revolución democrático-burguesa,
arrastran a la lucha a masas populares inmensas y constituyen un factor
revolucionario poderosísimo que el proletariado no puede dejar de
tomar en cuenta, sobre todo en un país como el nuestro, en el que
dicha revolución aún no se ha realizado, a pesar de la caída
de la monarquía. Volverse de espaldas a estos movimientos, adoptar
ante ellos una actitud de indiferencia, es hacer el juego al nacionalismo
opresor y reaccionario, aun cuando se quiera cubrir esta actitud con el manto
del internacionalismo.
En una carta del 29 de junio de 1866, Marx, refiriéndose a Paul
Lafargue, que en una reunión del Consejo General de la Primera Internacional
había negado las nacionalidades, decía a Engels que Lafargue,
sin darse cuenta, entendía por ”negación de las nacionalidades”
su absorción por la nación francesa. ¡ Cuántos
seudo-internacionalistas de nuestro país adoptan una actitud hostil
ante el problema catalán en nombre de un internacionalismo que, en
la práctica, significa la hegemonía de la nación castellana
sobre las demás!
La posición del proletariado en esta cuestión debe ser
clara, concreta e inequívoca: inspirarse en el propósito inmediato
de estrechar los lazos de solidaridad entre los obreros de las diferentes
naciones que forman el Estado actual e impulsar el movimiento en el sentido
de la revolución social, fin supremo al que todo debe quedar subordinado.
Los movimientos de emancipación nacional son un fenómeno
propio de la sociedad capitalista, por cuanto el fundamento económico
de la nación es el desarrollo del intercambio sobre la base de la
economía capitalista.
Las formas de la sociedad primitiva (tribu, clan, etc.) correspondían
a grados distintos de desarrollo de la humanidad. Las unidades políticas
y sociales de la antigüedad y la Edad Media no eran más que
naciones en germen. La nación, en el verdadero sentido de la palabra,
es un producto directo de la sociedad capitalista, por cuanto surge y se
desarrolla allí donde surge y se desarrolla el capitalismo. La nación
se caracteriza por la existencia de relaciones económicas capitalistas
determinadas, la comunidad de territorio, de idioma y de cultura. Ninguno
de estos factores basta, por sí solo, para definir la nación:
es necesaria la existencia de los cuatro. Inglaterra y los Estados Unidos
tienen el mismo idioma, pero constituyen dos naciones diferentes. Castilla,
Cataluña y Vizcaya tienen un territorio común política
y económicamente, pero son naciones distintas.
Los progresos del modo capitalista de producción, que determinan
el movimiento democrático en general, originan también el
antagonismo entre las naciones que forman parte del Estado y, por lo tanto,
los movimientos de emancipación nacional. Y si la historia, según
la interpretación marxista, es la historia de la lucha de clases,
la historia de las naciones es una lucha de clases.
La burguesía tiende a constituirse en Estado nacional porque
es la forma que mejor responde a sus intereses y que garantiza un mayor
desarrollo de las relaciones capitalistas. Los movimientos de emancipación
nacional expresan esta tendencia, y en los Estados plurinacionales, en los
que ejercen el poder los grandes terratenientes, adquieren una amplitud
y una virulencia particulares. En este sentido, puede decirse que no representan
más que un aspecto de la lucha general contra las supervivencias
feudales y por la democracia. La historia nos demuestra que, en efecto, la
lucha nacional ha coincidido siempre con la lucha contra el feudalismo.
Y es esta circunstancia, principalmente, la que la convierte en un factor
progresivo. ¿No vemos acaso, ahora, por ejemplo, cómo todo
lo que hay de más reaccionario en la política española
forma un bloque compacto contra las aspiraciones liberadoras de Cataluña?
Cuando la creación de los grandes Estados se ha correspondido
con el desarrollo capitalista y lo ha favorecido, constituye un hecho progresivo.
La formación del Estado alemán, la unidad italiana, para no
citar más que dos casos típicos, nos ofrecen un ejemplo elocuente.
Cuando la formación de los grandes Estados precede al desarrollo
capitalista, es decir, cuando se constituyen antes de que las relaciones
feudales hayan quedado superadas por las relaciones burguesas, la unidad
resultante es una unidad regresiva, despótica, de tipo asiático,
que obstaculiza el desarrollo de las fuerzas productivas en vez de favorecerlo.
Los ejemplos más característicos de este tipo de unidad los
encontramos en los ex imperios ruso y austro-húngaro y en España.
Por esto la lucha por la emancipación nacional ha adquirido en estos
países un carácter tan agudo y una importancia tan enorme
como factor revolucionario.
En el curso de las revoluciones burguesas del siglo XIX los países
más importantes de Europa resolvieron el problema nacional, que subsistió,
sin embargo, en los Estados plurinacionales que no habían realizado
todavía su revolución democrático-burguesa.
En los movimientos de emancipación, las diferentes clases sociales
actúan con las mismas características que las distinguen en
la lucha general por las reivindicaciones democráticas, de las cuales
no son aquellos sino un aspecto.
Los intereses de la economía capitalista empujan a la burguesía
a luchar contra las reminiscencias feudales, que representan un obstáculo
para su avance triunfal. Esta lucha, sin embargo, se desenvuelve en unas
condiciones históricas muy diferentes de las que caracterizaron las
épocas de las revoluciones burguesas anteriores. Entonces, la burguesía
era aún una fuerza progresiva cuya consolidación coincidía
con los intereses generales de la humanidad. Hoy es una fuerza regresiva
cuya perduración constituye un peligro para esos intereses, con los
que se encuentra en abierta contradicción. Entonces, la burguesía
realizaba su misión histórica con la ayuda directa de las
masas obreras y campesinas, sin la cual no hubiera podido triunfar. Hoy,
el proletariado es mucho más fuerte numéricamente, tiene una
conciencia de clase incomparablemente más elevada, y, aun teniendo
un interés vital en resolver los problemas fundamentales de la revolución
democrático-burguesa, no considera esta revolución más
que como una etapa que le permitirá seguir avanzando en el sentido
de las realizaciones de carácter socialista, y no está dispuesto
a lanzarse al combate en provecho de la dominación burguesa.
En lo que se refiere a los campesinos, los términos del problema
han cambiado también fundamentalmente. La cuestión de la
tierra, como se sabe, puede considerarse la piedra angular de la revolución
burguesa. El campesinado representa una gran parte de la población,
una gran masa consumidora de productos industriales; pero sólo es
posible aumentar su capacidad adquisitiva liberándolo de la sumisión
feudal y entregándole la tierra.
En el período anterior, la burguesía capitalista podía
atacar, sin consecuencias para su propia dominación, el derecho de
propiedad de los grandes terratenientes, cuyo poder tenía interés
en destruir. Hoy, el miedo a que este ataque estimule la ofensiva proletaria
contra el derecho de propiedad en general la hace recelosa, y su actitud
ante el problema agrario se convierte en conservadora y regresiva.
Así pues, la burguesía, en las circunstancias actuales,
no puede resolver los problemas funda-mentales de su propia revolución,
y, por lo tanto, no puede resolver el de la emancipación de las nacionalidades
oprimidas; y en los momentos decisivos, cuando grandes masas populares
entran en acción, retrocede, aterrada por las posibles consecuencias
del movimiento, que amenazan su dominación, y pacta con los elementos
semifeudales.
La defección de la gran burguesía provoca prácticamente
siempre una reacción popular que determina el desplazamiento de la
dirección del movimiento de emancipación nacional hacia los
partidos pequeño-burgueses.
La fraseología pomposa propia de estos partidos, su actitud exteriormente
revolucionaria, su intransigencia verbal y su demagogia desenfrenada les
conquistan la simpatía y la confianza populares.
Pero los defectos fundamentales de esta clase no tardan en manifestarse.
Vacilante e indecisa, como reflejo de la situación intermedia que
ocupa en la economía capitalista, prodiga los excesos declamatorios
en detrimento de las realizaciones concretas, tiembla frente a las medidas
radicales por miedo de, a la vez, provocar el descontento de la burguesía
y fomentar el movimiento ”anárquico” de las masas, se inclina por
la política de concesiones y de toma y daca, y cuando, bajo la presión
popular, se lanza a la lucha y a la rebelión, lo hace a disgusto,
sin convicción, más asustada por las posibles consecuencias
de un ”desbordamiento” popular que decidida a combatir resueltamente.
En estas condiciones, los movimientos de emancipación nacional,
bajo la dirección de la pequeña burguesía, corren la
misma suerte que la revolución democrática en general.
Por su naturaleza y por la misión que la historia le reserva,
el proletariado es la clase social llamada a realizar aquello de lo que no
son capaces ni la gran burguesía ni la pequeña: la revolución
democrático-burguesa. Sólo él puede, pues, resolver
radicalmente el problema nacional. Es necesario, sin embargo, que adopte
una actitud clara y definida. La tradición del marxismo le señala,
en este sentido, una orientación precisa.
Gracias sobre todo a la aportación inapreciable de Lenin, el
proletariado cuenta con una teoría sólidamente fundamentada
que puede servir de guía para la acción. Esta teoría
ha sido la coronación de un prolongado proceso de elaboración
cuyos inicios deben buscarse en la turbulenta época de los años
40 del siglo pasado y en la reacción, frente a los acontecimientos
que la caracterizaron, de los grandes revolucionarios que echaron los cimientos
del movimiento obrero internacional.
Las ideas de Marx y Engels sobre los movimientos de emancipación
nacional, cuyo papel progresivo subrayaron repetidas veces, no constituyen
un cuerpo doctrinal estructurado. Consideraban la indiferencia ante estos
movimientos como una ayuda al chovinismo opresor, fuente del poder de clase
de la burguesía de la nación dominadora.
En realidad, sin embargo, los fundadores del socialismo científico
no consagraron al problema una atención preferente. La época
en que vivían tenía otras exigencias. De las ideas dispersas
que sobre esta cuestión se encuentran en sus trabajos políticos
y en su correspondencia, que, digámoslo de paso, constituye un manantial
inagotable de enseñanzas, se desprenden, de todos modos, las líneas
generales de una posición clara y firme. Estas premisas teóricas
constituyen la piedra angular en que se basa todo el edificio de la doctrina
del marxismo revolucionario sobre este punto.
La idea central de Marx y Engels era la subordinación de todos
los problemas a los intereses generales de la revolución. Su actitud
ante los movimientos de emancipación nacional no podía eludir
esta norma fundamental e infrangible, y, consecuentes con esta norma, se
pronunciaban decididamente, por ejemplo, contra el movimiento paneslavista,
que hacía el juego a la reacción y contribuía activamente
a asfixiar el impulso revolucionario de las masas populares.
Su posición puede resumirse así: actitud democrática
consecuente ante los movimientos de emancipación nacional, apoyo
incondicional a todo lo que tengan de progresivo y que sirva a los intereses
generales del proletariado. Afirmación, sin embargo, al mismo tiempo,
de la unidad de la clase explotada por encima de los intereses nacionales.
Toda desviación, en este aspecto, del democratismo consecuente, la
consideraban una desviación burguesa y reaccionaria, así como
consideraban toda desviación de los principios de la unidad proletaria
como una manifestación de la influencia burguesa sobre aquél,
como una reminiscencia del nacionalismo burgués. Por eso reaccionaban
tan enérgicamente contra aquellos que, como Proudhon, consideraban,
en nombre de un internacionalismo abstracto, que la cuestión nacional
era un ”prejuicio burgués”, como contra aquellos que subordinaban la
causa del proletariado a los intereses nacionales.
La actitud de Marx y Engels está tan lejos del nacionalismo burgués,
limitado, patriotero, que tiende a sustituir la lucha de clases por la unidad
nacional superior, como del internaciona¬lismo abstracto que, inconscientemente,
sirve de tapadera a la política de opresión nacional.
Lenin, basándose en las tesis fundamentales de sus maestros y
en la rica experiencia de los movimientos nacionales, elabora, en lucha constante
contra todas las desviaciones (Otto Bauer, Renner, Rosa Luxemburg, etc.),
una doctrina que constituye una aplicación magistral del método
marxista a las situaciones históricas concretas, y que resumiremos
sucintamente.
Todos los movimientos nacionales tienen un contenido democrático
que el proletariado debe sostener sin reservas. Una clase que lucha encarnizadamente
contra todas las formas de la opresión no puede mostrarse indiferente
ante la opresión nacional; no puede, bajo ningún pretexto,
desentenderse del problema. La posición seudo-internacionalista, que
niega el hecho nacional y preconiza la constitución de grandes unidades,
sostiene en la práctica la absorción de las naciones pequeñas
por las grandes y, en consecuencia, la opresión. El proletariado
sólo puede adoptar una actitud: sostener activamente el derecho indiscutible
de los pueblos a disponer libremente de sus destinos y a constituirse en
Estado independiente si es esa su voluntad. ”¡ Ningún privilegio
para ninguna nación, ningún privilegio para ningún
idioma! ¡ Ninguna opresión, ninguna injusticia contra la minoría
nacional! Este es el programa de la democracia obrera.”
El reconocimiento del derecho indiscutible a la separación no
comporta, sin embargo, ni mucho menos, la propaganda a favor de esta separación
en cualquier circunstancia, ni considerarla como un hecho progresivo. El
reconocimiento de este derecho disminuye los peligros de disgregación
y fortalece la unidad indispensable de los trabajadores de las diversas naciones
que integran el Estado. Al sostener este derecho, el proletariado no se
identifica con la burguesía nacional, que pretende subordinar los
intereses de clase a los intereses nacionales, ni con las clases privilegiadas
de la nación dominadora, que quieren convertir a los obreros en cómplices
de la política de opresión nacional.
La lucha por el derecho de los pueblos a la independencia no presupone
la disgregación de los obreros de las diversas naciones que forman
el Estado a través de la existencia de organizaciones independientes.
El bolchevismo ha sostenido siempre la necesidad primordial de la unión
de los trabajadores de esas naciones para la lucha común, y ha combatido
vigorosamente toda tentativa orientada a dar una estructura federalista
al partido revolucionario del proletariado. Así, el partido bolchevique,
que ha practicado una política consecuente en cuanto a las nacionalidades,
ha sido siempre una organización esencialmente centralizada.
Esta política es la única capaz de garantizar el derecho
absoluto de las naciones a decidir de su suerte, de destruir los chovinismos
unitario y nacionalista, de acabar con las rivalidades entre los pueblos,
de sellar la unión del proletariado y de asentar los sólidos
fundamentos sobre los que deberán basarse en el futuro las confederaciones
de pueblos libres.
El ejemplo vivo de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas es la demostración práctica más
elocuente de la excelencia de esta política. Este ejemplo ha evidenciado,
por otra parte, que la cuestión de las nacionalidades, como todos
los problemas de la revolución democrático-burguesa, sólo
puede resolverse con la revolución social y la instauración
de la dictadura del proletariado.
Primera parte. Los fundamentos de la teoría proletaria de los
movimientos de emancipación nacional
I. La Posición de Marx y Engels
Los movimientos de emancipación nacional como factor revolucionario.
- La guerra franco-prusiana del año 1870. - El principio de las nacionalidades
y el derecho de las naciones ”históricas” a la independencia. -
La monarquía austríaca. - Polonia. - Irlanda. - Nacionalismo
e internacionalismo. - La estrategia y la táctica de Marx y Engels.
Marx y Engels, que nos han legado una producción teórica
tan extensa y valiosa sobre todos los grandes problemas económicos,
políticos y sociales de su época, no consagraron ninguna obra
fundamental al estudio de los movimientos de emancipación de las
naciones. A pesar de ello, un problema que agitaba de manera tan profunda
los pueblos, movilizando masas populares enormes, y puesto a la orden del
día por la revolución europea, no podía pasar inadvertido
a unos hombres que, como los dos inmortales fundadores del socialismo científico,
auscultaban febrilmente las ”palpitaciones de los tiempos” para poder definir
en cada momento la táctica nacional adecuada de la clase obrera y
prepararle el glorioso destino al que está predestinada históricamente.
Así, aunque no nos hayan legado un conjunto sistematizado de ideas
sobre este problema de importancia capital, las opiniones expresadas en sus
trabajos, en su correspondencia y en declaraciones públicas que hicieron
en diversas ocasiones, nos proporcionan materiales de un valor indiscutible
para el establecimiento de los elementos fundamentales de una teoría
proletaria de los movimientos de emancipación nacional que ha encontrado
su expresión más perfecta y definitiva en Lenin, el genial
discípulo de Marx.
La actividad política de Marx y Engels se desenvolvió,
fundamentalmente, en la época comprendida entre la gestación
de la gran tormenta revolucionaria europea de 1848 y la Primera Internacional,
es decir, entre las luchas por la transformación definitiva de la
Europa semifeudal en una democracia burguesa y la aparición del proletariado
en la palestra histórica como fuerza organizada internacionalmente
para afirmar su personalidad y propugnar sus reivindicaciones de clase.
En aquella época, el problema de los movimientos nacionales se
planteaba, para la gran mayoría de los pueblos europeos, de forma
distinta que en la actualidad. Era una época revolucionaria relacionada
con hechos como la creación de los Estados nacionales, la lucha
por la liberación de Italia, la unificación de Alemania,
como base históricamente necesaria para el desarrollo del capitalismo;
una época, pues, que se diferencia de la actual en el hecho de que
actualmente el capitalismo, que se encuentra estrecho dentro de las fronteras
nacionales, tiende a la expansión imperialista.
Ante esa situación histórica concreta, Marx y Engels fijan
su posición frente a los movimientos nacionales subordinándola
a los intereses superiores de la revolución y tomando en cuenta la
importancia inmensa de estos movimientos para la victoria revolucionaria.
No enfocan nunca el problema de forma independiente, sin conexión
con la lucha revolucionaria general y con los fundamentos económicos
de las cuestiones nacionales. Los elementos materiales constituyen la base
de los movimientos nacionales; las manifestaciones externas, a menudo más
destacadas – idioma, cultura, etcétera –, no son más que su
superestructura jurídica.
Es muy característica en este sentido la posición de Marx,
definida en uno de sus artículos más notables de la primera
época, sobre el problema judío. Según él no
se trata de un problema de emancipación religiosa, aun siendo la religión
uno de sus aspectos, por cuanto su base es económica, está
constituida por la ”sociedad civil”. Los judíos, que son los agentes
de la economía monetaria, ”se han emancipado en la medida en que los
cristianos se han convertido en judíos, es decir, en la medida en
que la sociedad cristiana ha adquirido un carácter completamente comercial,
judío”. La emancipación de los judíos está ligada
íntimamente con ”la emancipación de la sociedad del judaísmo”,
es decir, con la supresión del poder del dinero en la sociedad socialista.
A Marx, sin embargo, no le interesaba demasiado el problema nacional judío,
porque los hebreos que podía observar en Occidente, a diferencia de
los de Oriente, donde el problema se plantea en otros términos, pertenecían
a un sector burgués muy restringido que se había amoldado al
medio circundante.
Cuando estallan las revoluciones europeas de 1848, Marx y Engels, que
han definido ya las bases fundamentales de su doctrina – el Manifiesto
Comunista se publica en 1847 –, subordinan su actitud a la exigencia suprema
del momento: la cohesión de las fuerzas de la revolución.
De ahí proviene, principalmente, su posición negativa ante
el movimiento paneslavista, que tantas ilusiones había hecho concebir
a Bakunin y que, como veremos más adelante, fue un instrumento en manos
de las fuerzas reaccionarias y, ante todo, del zarismo, que era el reducto
más poderoso de la reacción europea.
Sólo si tomamos en cuenta esta posición subordinada de
los movimientos nacionales comprenderemos la actitud de Marx y Engels ante
los problemas políticos concretos de aquella época y las contradicciones
aparentes en que incurrían, frecuentemente señaladas de mala
fe por sus adversarios. Hemos visto ya que, aun reconociendo el papel progresivo
de los movimientos de emancipación nacional, adoptan una actitud
irreductiblemente hostil frente al movimiento paneslavista, objetivamente
contrarrevolucionario. Esta actitud choca, naturalmente, con una concepción
esquemática, no dialéctica, del problema, pero concuerda perfectamente
con el punto de vista según el cual los intereses generales de la
revolución constituyen el criterio supremo.
A la luz de este criterio, la posición de Marx y Engels ante
la guerra franco-prusiana de 1870 nos parecerá plenamente justificada.
Efectivamente, la constitución de una Alemania unificada y centralizada
era la base indispensable para el desarrollo del capitalismo y, por lo tanto,
del proletariado, para el que la victoria era mucho más difícil
en un país sometido a la disgregación propia de las sociedades
feudales o semifeudales. Frente al bonapartismo reaccionario, Alemania unificada
era un factor progresivo. Por esto Marx y Engels expresan su simpatía
por el ”movimiento nacional” alemán, aconsejan a los socialdemócratas
alemanes de su país que se adhieran a él, y combaten la posición
de Wilhelm Liebknecht, que preconizaba la neutralidad con el pretexto,
curiosamente análogo al de nuestros faístas – ¡entre
Gil Robles y Azaña no hay ninguna diferencia! –, de que Bonaparte
y Bismarck eran, en lo esencial, la misma cosa. Sin embargo, cuando Bismarck
pasa de la defensiva a la ofensiva y manifiesta tendencias anexionistas
respecto a Alsacia-Lorena, su posición cambia radicalmente. Y cuando,
el 18 de marzo de 1871, París proclama la Commune, los términos
del problema se modifican fundamentalmente, y Marx y Engels saludan con
entusiasmo el levantamiento de los trabajadores parisinos y los defienden
en su lucha contra las tropas prusianas. La guerra contra la Commune obrera
no era lo mismo que la guerra defensiva con el segundo Imperio, y si bien
una Alemania capitalista unificada era un factor progresivo respecto a una
Francia reaccionaria, dejaba de serlo respecto a un Estado proletario en
embrión.
Marx y Engels no abandonan nunca este criterio dialéctico cuando
enfocan el problema en sus diversas manifestaciones, y sólo podremos
entender su actitud tomando en cuenta esta circunstancia esencialísima.
Reconocen, como hemos visto, el papel progresivo de los movimientos
de emancipación nacional en la medida en que contribuyen a resolver
el problema de la liquidación de las superviviencias feudales y sirven
la causa revolucionaria general; combaten encarnizadamente la indiferencia
ante estos movimientos, y la consideran como una ayuda directa a la opresión
nacional, que es la base del poder de las clases explotadoras de la nación
opresora. No apoyan, sin embargo, a todos los movimientos nacionales – recordemos
su actitud ante el paneslavismo – ni hacen extensivo a todas las nacionalidades
el derecho a la independencia política.
En este sentido, es muy característica la actitud que adoptan
frente a la defensa del ”principio de las nacionalidades” ni más
ni menos que por Napoleón III. ¿Podía no ser acogido
con simpatía, por parte de los demócratas ingenuos, un principio
orientado a reparar la injusticia cometida en los tratados de 1815, fijando
las fronteras de Europa de acuerdo con los intereses de la potencia continental
entonces más fuerte, Rusia, sin tomar en cuenta los deseos y los
intereses de las diferentes poblaciones?
¿Enarbolaba alguien una bandera más liberal que la levantada
por Napoleón III? ¿Podía darse una consigna más
”democrática” que la de la liberación de las naciones oprimidas
y desmembradas, sobre todo al añadirse Hungría, después
de 1848, a la lista de estas naciones?
Napoleón III, sin embargo, explotaba esta consigna de forma demagógica
para atraer a los polacos al campo de la reacción e interponer obstáculos
a la unidad alemana e italiana.
Engels, en un artículo publicado en 1866 en The Commonwealth,
somete a una crítica espléndida la actitud de Napoleón,
cuyos móviles reales pone en evidencia, sobre todo el famoso ”principio
de las nacionalidades”. ¿Puede aceptarse este principio como un criterio
capaz de resolver los problemas nacionales de Europa? Engels afirma, con
toda la razón, que no.
No hay ningún país en Europa donde no hayan diversas nacionalidades
sometidas a un mismo gobierno. Pero, ¿se plantea el problema nacional
de la misma forma en todos ellos? ¿Acaso cada nacionalidad aspira
y tiene derecho, históricamente, a la independencia política?
Los escoceses y los bretones, por ejemplo, constituyen, sin ninguna
clase de duda, nacionalidades distintas de la inglesa y la francesa, respectivamente;
pero han dejado de ser naciones. Además – señala Engels –,
”no hay ninguna frontera política que coincida con las fronteras naturales
de la nacionalidad o del idioma”. Como consecuencia de la lenta evolución
histórica de Europa durante los últimos mil años,
”prácticamente todas las grandes naciones han perdido partes de
su organismo” que se han incorporado a la vida nacional de otros pueblos.
Hay mucha gente fuera de Francia que tiene el francés como lengua
vernácula, así como mucha gente que habla alemán viviendo
fuera de Alemania. ”Los alemanes de Suiza y de Alsacia tienen tan pocos
deseos de unirse a Alemania como los franceses de Bélgica y de Suiza
de incorporarse políticamente a Francia.”
El ”principio de las nacionalidades” pretende otorgar el derecho a la
existencia nacional independiente a los numerosos ”residuos de pueblos
que figuran en la escena de la historia durante un período más
o menos largo y fueron absorbidos definitivamente por naciones más
poderosas que, gracias a su gran vitalidad, vencieron todos los obstáculos”.
Según este criterio, ”los rumanos de Valaquia, que nunca han
tenido historia ni la energía necesaria para tenerla, tienen la
misma importancia que los italianos, que cuentan con una historia de dos
mil años y una vitalidad nacional incomparable”.
No: según Engels, y según todos los marxistas consecuentes,
el ”principio de las nacionalidades” no puede resolver el problema. A este
principio debe oponerse el del derecho de los pueblos históricos,
de vitalidad indiscutible, a la existencia nacional y a la independencia.
Por esto la división de las naciones en ”históricas” y ”no
históricas” tiene una importancia inmensa para los fundadores del socialismo
moderno.
A la luz de estos principios generales nos será más fácil
comprender la actitud de Marx y Engels ante los problemas nacionales más
importantes planteados en Europa en aquella época.
La monarquía austríaca era un reducto de la barbarie feudal
de la que la mayoría de los pueblos de Europa se habían ya
liberado en los últimos tiempos de la Edad Media. Las naciones que
lo componían se habían unido, en parte por la violencia, en
parte para defender su propia barbarie contra la invasión de la civilización
burguesa. ”El Danubio, los Alpes, los despeñaderos de los montes de
Bohemia – dice Engels
(1)
– son los fundamentos de la existencia de la barbarie y de la monarquía
austríacas.” Con los progresos del maquinismo y el desarrollo de las
vías de comunicación; la penetración capitalista fue
inevitable, y fueron aflojándose los lazos que unían en un
solo Estado a aquel gran número de pueblos tan diversos. Las bases
de la economía feudal y de la industria doméstica se tambalearon,
la industria se desarrolló, surgieron grandes centros urbanos. Las
clases de la vieja sociedad tenían que ceder el sitio a la burguesía
y al proletariado. La atomización feudal desaparece, se transforman
las relaciones entre los pueblos, aparecen unidades nacionales fuertes con
tendencias e intereses comunes. ”El vapor se ha abierto paso a través
de los Alpes y los bosques de Bohemia, ha quitado al Danubio su importancia,
ha despedazado la barbarie austríaca, ha segado la tierra de la casa
de Habsburgo”, ha destrozado, con las ruedas de las locomotoras, la monarquía
austríaca. Los vasallos se rebelan, y ”esa monarquía abigarrada”,
”ese galimatías organizado de idiomas y naciones”, ”esa mezcla caótica
de las costumbres, instituciones y leyes más contradictorias”, ”esa
crujiente máquina estatal”, está en las últimas.
El pronóstico de Engels se confirma plenamente. ¿Qué
más da que haya tardado setenta años en cumplirse – ¿qué
son setenta años para la historia? – si los síntomas de descomposición
señalados con tanta clarividencia no hicieron más que acentuarse
durante toda la segunda mitad del siglo XIX y condujeron al hundimiento
del imperio en 1918, después de una cadena ininterrumpida de convulsiones
internas?
Tanto Engels como Marx subrayan constantemente el carácter reaccionario
de Austria, y deducen de esta apreciación la necesidad de derrocar
la monarquía imperial en provecho de los intereses generales de la
revolución, para los que constituía un peligro permanente
la existencia del monstruoso conglomerado de naciones sometido al despotismo
de los Habsburgo. Y si alguien estaba particularmente interesado en la destrucción
del imperio, eran precisamente los alemanes. ”Austria tiene la culpa de
nuestra mala fama de opresores de otras naciones y de agentes de la reacción
en todos los países – dice Engels –. Los alemanes mantienen en la
esclavitud – bajo la bandera austríaca – a Polonia, Bohemia e Italia.
Si desde Siracusa hasta Trento y desde Génova hasta Venecia los alemanes
son odiados como despreciables lansquenetes del despotismo, podemos dar
gracias por ello a la monarquía austríaca. Cualquiera que
haya tenido la ocasión de presenciar el odio mortal, la sed de venganza
sangrienta, y completamente justificada, que reinan en Italia contra los
tedeschi, tendrá razones suficientes para odiar mortalmente a Austria,
y acogerá con entusiasmo la caída de este reducto de la barbarie,
de esta vergüenza de Alemania. Tenemos motivos para esperar que los
mismos alemanes se vengarán de Austria por la ignominia con que
ha cubierto el nombre de alemán, que serán ellos los que
derrocarán a Austria y destruirán los obstáculos que
se oponen a la liberación de los eslavos y los italianos.”
La solución del problema nacional polaco tenía una importancia
fundamental para todos los revolucionarios y demócratas del siglo
pasado. ”Es un hecho histórico – decía Marx – que la fuerza
y la vitalidad de todas las revoluciones, a partir de 1789, se miden por
su actitud ante Polonia.” La lucha de este pueblo, desmembrado por tres monarquías
reaccionarias, por su emancipación y la consiguiente reconstitución
nacional, se convertía, por su inmensa trascendencia, en un problema
general europeo, vinculado íntimamente con la lucha contra los restos
feudales y por la transformación democrática de Europa. La
independencia de Polonia estaba en relación directa con la revolución
en Rusia y la victoria del proletariado en Alemania. Por esto Marx podía,
con razón, afirmar, en 1875, en una carta al revolucionario ruso
Lavrov, que, en último término, la liberación de Polonia
era una de las condiciones para la emancipación de la clase obrera
europea.
Tanto él como Engels enfocaban la cuestión desde el punto
de vista del movimiento de emancipación nacional en relación
con la revolución agraria, y desde el de la revolución en
Alemania, cuya victoria tenía una importancia decisiva para el desarrollo
de la revolución europea.
El problema político estaba ligado indisolublemente con el social.
Desde un comienzo los polacos no sólo luchan por la independencia
del país, sino también contra el orden social interior, contra
los opresores extranjeros y contra la aristocracia del propio país.
”Sólo una Polonia democrática puede ser independiente – decía
Marx en 1848 –; pero la democracia polaca es imposible sin la abolición
de los derechos feudales, sin un movimiento agrario que transforme a los
campesinos siervos en propietarios libres”. Una Polonia digamos libre, es
decir, liberada de la dominación de los terratenientes rusos, no modificaría
en nada, socialmente, la situación de los campesinos.
La lucha polaca por la emancipación nacional tenía pues,
al mismo tiempo, un carácter social revolucionario, y, por esta razón,
cuanto más se acentuaba este carácter tanto más decididamente
se incorporaban los opresores a la contrarrevolución. Rusia ordenaba
a Prusia y a Austria que mantuvieran las monarquías absolutas, y
ayudaba a la clase feudal-absolutista de esos países. Liberar a Polonia
equivalía a asestar un golpe mortal a la reacción europea.
De ahí que, según la tesis fundamental de Marx y Engels,
existiera una relación directa entre la lucha de Polonia por su emancipación
nacional y la revolución en Europa y, sobre todo, en Alemania, cuya
restauración democrática, según su opinión,
era imposible sin la de Polonia. Mientras una parte de Polonia estuviera
anexionada a Alemania, los alemanes estarían vinculados con Rusia
y su política, y ”no podrían arrancar de raíz el absolutismo
patriarcal-feudal” (Engels). ”El pueblo que oprime a otros no puede liberarse.
La fuerza que emplea para oprimir a los demás acaba por girarse contra
él mismo.” Si en 1848 se hubiera realizado una verdadera revolución,
Alemania hubiera tenido que declarar la guerra a Rusia por la independencia
de Polonia, guerra que hubiera significado la ruptura completa con un pasado
de oprobio, ”la liberación y la unificación efectivas de Alemania
y la instauración de la democracia sobre las ruinas del feudalismo”.
En un acto conmemorativo de la insurrección polaca de 1830 que se
celebró en Londres en 1847, Marx, dando todavía mayor extensión
a esta relación entre el movimiento nacional de Polonia y la lucha
revolucionaria europea, afirmaba que ”Polonia sería liberada, no en
Polonia, sino en Inglaterra”, por cuanto era en este país donde más
se habían acentuado los antagonismos entre el proletariado y la burguesía.
Golpeemos a los enemigos interiores – venía a decir – y, de esta manera,
golpearemos a toda la vieja sociedad, basada en la opresión.
Resumiendo, diremos que la actitud de Marx y Engels, decididamente favorable
a la independencia de Polonia, estaba dictada por los intereses de la revolución
general europea en su lucha contra la influencia del zarismo, contra ese
reducto de la reacción que era Rusia. Nunca enfocaron este problema,
como ninguno de los planteados en Europa, de forma independiente, a partir
del punto de vista del reconocimiento abstracto del derecho de Polonia a
su libertad, sino en función del factor revolucionario. Por esto Engels,
en una carta de 1851, hacía observar a Marx, con una clarividencia
admirable, plenamente confirmada por los acontecimientos posteriores, que
Polonia sólo podría utilizarse como un recurso hasta el momento
en que Rusia realizara su revolución agraria. Y para él era
indudable que este país la realizaría mucho antes, gracias
al mayor desarrollo de los elementos burgueses en su economía. Mientras
las masas populares rusas permanecieran pasivas, el movimiento liberador
de Polonia tendría una importancia inmensa no sólo para Rusia,
sino para toda Europa. Con el desarrollo del movimiento revolucionario ruso,
la lucha nacional polaca – como señala Lenin – pasaba a segundo plano,
perdía su importancia revolucionaria excepcional. Y, con la victoria
del proletariado ruso en 1917 y la solución radical del problema agrario,
Polonia no sólo perdía su importancia revolucionaria, sino
que se convertía en un factor reaccionario.
Así como Polonia, en la época en que vivieron Marx y Engels,
desempeñaba un papel de importancia primordial en las luchas revolucionarias
de Europa, también Irlanda era en este sentido un factor importante,
por cuanto su movimiento de emancipación se dirigía contra
la potencia colonial más fuerte de aquellos tiempos, cuyo hundimiento
hubiera tenido consecuencias incalculables para el proletariado de todo
el mundo y para la transformación revolucionaria de nuestro continente.
Los dos grandes teóricos socialistas, que tan de cerca conocían
Inglaterra y la política inglesa, no podían dejar de ver la
importancia inmensa del problema, y si bien Marx se pronunció inicialmente
contra la separación, tardó muy poco en modificar su actitud,
convirtiéndose, de total acuerdo con Engels, en uno de los partidarios
más ardientes de la independencia de Irlanda.
Fundamentaban su actitud en el examen de los factores económicos
de la dominación inglesa, basada en la rapiña colonial, la
explotación despiadada de los campesinos y la transformación
de Irlanda en una especie de apéndice de Inglaterra capaz de proporcionar
las primeras materias a la industria textil de la metrópolis. La
consecuencia directa de este sistema económico, en el que la opresión
política encontraba su soporte, era la transformación de
los sembrados en pastos con objeto de obtener la mayor producción
posible de lana para dicha industria, y la miseria de los campesinos, que
se veían obligados a emigrar en masa a los Estados Unidos en busca
del mendrugo que no podían encontrar en su país. ”Irlanda
– decía Engels a Marx en carta del 23 de mayo de 1856 – puede ser
considerada como la primera colonia inglesa... Según parece, para
los ciudadanos ingleses lo que llaman libertad se apoya en la opresión
de las colonias.”
De ahí se deducía la necesidad de la revolución
agraria y de la independencia de Irlanda, indisolublemente ligadas.
Para la aristocracia inglesa Irlanda era un reducto, y su explotación
la fuente de su riqueza y de su fuerza, y, por lo tanto, un medio magnífico
al que debía el sostenimiento de su dominación dentro de Inglaterra.
El golpe decisivo contra las clases explotadoras inglesas debía darse,
pues, no en Inglaterra, sino en Irlanda. En una carta del 28 de noviembre
de 1869 a su amigo Kugelmann, Marx fundamenta este punto de vista con su
fuerza de argumentación habitual. La clase obrera inglesa, según
él, no podrá dar en Inglaterra ningún paso adelante
decisivo mientras no se levante contra la política irlandesa de las
clases dominantes. Y no sólo debe ayudar a los irlandeses, sino que
debe tomar la iniciativa para la ruptura de la unión pactada en 1801.
”Si no se hace esto – dice – el pueblo inglés será un instrumento
de las clases dominantes, porque tendrá que actuar junto con ellas
contra Irlanda. Todos los movimientos populares en Inglaterra quedan paralizados
por la discordia con los irlandeses, que en la misma Inglaterra constituyen
una parte considerable de la clase obrera. La primera condición para
la liberación del proletariado en Inglaterra es derribar a la oligarquía
agraria inglesa; pero mientras esta oligarquía conserve una posición
fuerte en Irlanda no se podrá destruir su poder en Inglaterra.”
”Cuando el pueblo irlandés se libere, la destrucción de la
aristocracia feudal será mucho más fácil, puesto que
en Irlanda la cuestión no sólo es económica, sino nacional,
por cuanto los terratenientes son al mismo tiempo los opresores de la nación.”
Y Marx hace observar, finalmente, que la actitud frente a Irlanda no sólo
paraliza la evolución interior de Inglaterra, sino que explica su
política exterior con Rusia y los Estados Unidos.
El proletariado inglés debe, pues, apoyar el movimiento irlandés
de emancipación nacional no por móviles de simpatía
o de justicia abstracta, sino desde el punto de vista de sus propios intereses
y de los de la revolución en Europa.
La posición del marxismo clásico respecto a los movimientos
de emancipación nacional no tiene nada en común con la del
nacionalismo burgués. El ejemplo de su actitud en los casos concretos
que acabamos de examinar lo demuestra con toda evidencia.
Para el nacionalismo burgués, la nación lo es todo, y
a la nación – burguesa, naturalmente – deben subordinarse los intereses
de las clases sociales, sin tomar en cuenta para nada los antagonismos profundos
que las dividen.
Para el marxismo revolucionario, por el contrario, los intereses de
la revolución proletaria y la solidaridad obrera internacional están
por encima de todo. Al principio de la unidad nacional de las clases opone
el de la lucha de clases, y en el fondo considera el problema de las naciones
oprimidas como un aspecto de esta lucha. El obrero revolucionario se siente
infinitamente más vinculado con los obreros de los demás países,
y, por lo tanto, con los de la propia nación dominadora, que con
las clases explotadoras de su propio país, a las que tiene declarada
una guerra a muerte. No olvidemos, por otro lado, que la primacía de
la nación sobre los intereses de clase no es en realidad, para la
burguesía, más que una bandera que hace ondear ante los ojos
del proletariado para deslumbrarlo y oscurecer su conciencia de clase. Coloca
por encima de todo sus intereses de casta explotadora. Cuando estos intereses
están en peligro, no vacila en aliarse con los enemigos ”nacionales”.
La actitud de nuestra burguesía industrial, representada por la ”Lliga”,
a lo largo de toda su actuación, nos salva de toda posible mentira.
En este sentido – y citamos, entre muchos ejemplos, el más reciente
– es lo bastante elocuente su política en relación a la lucha
en torno a la Ley de Contratos de Cultivo.
Existe un ”internacionalismo imperialista” real, al que debe oponerse
el internacionalismo proletario. La opresión nacional, que es un
producto directo del régimen de explotación actual, ha de
encontrar en el proletariado – la clase más progresiva de la sociedad
contemporánea – a su enemigo más implacable, y los movimientos
de emancipación de los pueblos a su defensor más decidido
y ardiente. Considerar la cuestión nacional como un prejuicio burgués
– como lo hacen algunos sectores digamos revolucionarios – y adaptar la
táctica a esta concepción, sería no sólo un error,
sino un crimen. Nada tan lejos, sin embargo, de la ideología de Marx
y Engels como hacer concesiones de ningún tipo al nacionalismo, y
menos aún al chovinismo.
Cuando en 1875 la socialdemocracia alemana, en el programa aprobado
en Gotha, formuló su internacionalismo en términos sospechosos
(2)
, Marx, en su célebre crítica de dicho programa, calificó
de ”estrechamente nacionalista” el punto de vista de sus correligionarios
en su país. Claro está, argumentaba, que la clase obrera ha
de organizarse ante todo en su propio país, que es su campo de batalla
inmediato. En este sentido, la lucha de clases, por su forma y contenido,
es nacional. Pero el país forma parte del mercado mundial y de los
sistemas de Estado, y a este todo mundial único, a este sistema,
que sobrepasa las fronteras, a esta ”Internacional imperialista”, lo que
se debe oponer no son frases sobre la fraternidad, sino la fraternidad real
de las clases obreras en su lucha común contra las clases dominantes.
Y Marx deducía de estas premisas una conclusión, que todos
los marxistas revolucionarios consideraron inconmovibles hasta que a Stalin
se le ocurrió formular su teoría pequeño-burguesa del
”socialismo en un solo país”: la revolución internacional.
Es en función de este concepto de la revolución proletaria
que el marxismo clásico afirma su actitud ante el problema de la
emancipación de las naciones oprimidas, con la convicción de
que sólo la victoria del proletariado, suprimiendo la explotación
del hombre por el hombre, que es la base de la sociedad capitalista, destruirá
la opresión de unos pueblos por otros. ”Aquello que los obreros de
Bohemia de las dos nacionalidades sólo sentían, hoy nosotros
lo sabemos – decía Engels en una carta al líder socialista
austríaco Víctor Adler: – el odio entre las nacionalidades sólo
es posible bajo la dominación de los señores feudales, de
los grandes propietarios y de los capitalistas, y no sirve más que
para perpetuar esta dominación. Los obreros, sean checos o alemanes,
tienen unos mismos intereses comunes. En cuanto la clase obrera accede al
poder político, queda suprimido todo pretexto para peleas nacionales,
puesto que la clase obrera es internacional por su misma naturaleza...”.
La defensa del derecho de las naciones oprimidas a la independencia
no se encuentra, pues, en contradicción con la consigna: ”¡
Proletarios de todos los países, uníos!”, sino que es consecuencia
suya.
El objetivo estratégico de Marx y Engels era la revolución
social; uno de los objetivos tácticos más importantes, los
movimientos de emancipación nacional. El resultado de estos objetivos
tácticos podía ser la destrucción del imperio austríaco
para la liberación de los pueblos que componían aquella monstruosa
”cárcel de pueblos”; el hundimiento del zarismo para la reconstitución
de Polonia y la propagación de la revolución agraria en Rusia;
un golpe mortal, a través de Irlanda, contra las clases dominantes
de Inglaterra; el desarrollo, en aquel país, de la revolución
social, que se propagaría a toda Europa, y, en primer lugar, a Francia.
Marx y Engels se equivocaron en su apreciación de las fuerzas
reales en presencia; pero su visión de la marcha general de los acontecimientos
revolucionarios era indiscutiblemente exacta, y, por lo tanto, la actitud
que adoptaron ante los movimientos nacionales respondía a los intereses
superiores de la revolución proletaria, en los que se inspiraban
invariablemente al enfocar la solución de todos los problemas tácticos
que les planteaba la realidad política.
II. La posición de Bakunin
El movimiento emancipador de Polonia. - El paneslavismo bakuninista
y su significado revolucionario. – Discrepancias con Marx y Engels.
Cuando, a mediados del año 1840, Bakunin salió de Rusia,
realizando de este modo su anhelo más fervoroso, convivir con el
occidente europeo, el futuro anarquista no sólo no tenía una
concepción revolucionaria definida ni la intención de consagrarse
a una actuación política de ninguna especie, sino que más
bien estaba seducido por la faceta más reaccionaria de la filosofía
hegeliana, y sus intenciones inmediatas no iban más allá de
consagrarse apasionadamente al estudio. Sin embargo, su temperamento, aquella
inquietud, aquella comezón que, según su propia caracterización,
tenían agitada constantemente su alma, que exigía ”movimiento
y vida”, tenían que impulsarlo por fuerza a la acción. Su contacto
con los emigrados políticos polacos despierta en él el sentimiento
eslavo dormido. La insurrección de Cracovia en 1846 lo afecta profundamente
y lo decide a ocupar un puesto en las filas de los combatientes. Así,
Bakunin inicia su actuación política en el terreno del movimiento
de emancipación nacional, y durante todo el primer período
de esta actuación consagra íntegramente su energía desbordante
a la lucha por la emancipación de Polonia y de todos los pueblos
eslavos.
No es cosa nuestra, sino de biógrafos, seguir al gran revolucionario
a través de las diferentes fases de su intervención en esta
lucha. Lo que nos interesa de manera inmediata es definir su actitud ante
los problemas de emancipación nacional.
Los pilares del despotismo europeo eran, a juicio de Bakunin, la autocracia
rusa y la monarquía austríaca, el hundimiento de las cuales
constituía una cuestión de vida o muerte para los eslavos
y para la democracia revolucionaria. La liberación de Polonia era
un golpe mortal para el zarismo. El movimiento emancipador, sin embargo,
tenía que dejar de ser puramente nacional (”los polacos no ven más
que Polonia”) y rusófobo, para convertirse en una lucha común
de los revolucionarios polacos y rusos contra la autocracia. ”Puesto que
sois enemigos del emperador Nicolás, enemigos de la Rusia oficial,
sois, naturalmente, aun sin quererlo, amigos del pueblo ruso” – decía,
dirigiéndose a los polacos, en el discurso que pronunció en
París en 1847, en el aniversario de la insurreción de 1831.
Y en otro pasaje de la misma alocución añadía: ”Os propongo
la alianza en nombre de la verdadera nación rusa. La idea de una alianza
revolucionria entre Polonia y Rusia no es nueva, sino que, como sabéis,
surgió ya en 1824 entre los conspiradores de esos dos países
(3)
. El recuerdo que acabo de evocar, señores, llena mi alma de orgullo.
Los conspiradores rusos fueron los primeros que, en aquella ocasión,
salvaron el abismo que, aparentemente, nos separaba... No soy el único,
en Rusia, que quiere a Polonia... En su nombre, en nombre de todo lo que
de noble y vivo hay en mi país, os tiendo fraternalmente la mano...
Mientras hemos permanecido desunidos nos hemos paralizado mutuamente. Nada
puede oponerse a nuestra acción común. La reconciliación
de Rusia y Polonia es una gran causa, digna de consagrarse a ella en cuerpo
y alma”.
Casi veinte años después, en 1863, en una carta a su amigo
Kossidocki, dice, refiriéndose a una de sus numerosas empresas insurreccionales:
”He de confesar que esperanzas en el éxito, en el verdadero éxito,
tengo pocas. ¿Sabes qué deseo? Que, si fracasamos, mueran
por la causa polaca el mayor número posible de rusos, para sellar
nuestra amistad con sangre. Me sentiría feliz muriendo con ellos”.
Dejando de lado lo que pueda haber de sentimentalismo en esas líneas,
es innegable que, junto con las que hemos reproducido antes, marcan una aproximación
notable a nuestra posición actual, que, defendiendo el derecho de
las naciones oprimidas a su independencia, se desmarca claramente del nacionalismo
burgués, establece un vínculo indestructible entre los movimientos
nacionales y la lucha revolucionaria general, y afirma, por encima de todo,
la superioridad de la solidaridad internacional.
Nada tan lejos del nacionalismo casero y limitado como la posición
de Bakunin. Polonia, por una serie de razones históricas, estaba
al frente de la lucha contra el zarismo y el despotismo en general, pero
el terreno de acción tenía que ser mucho más amplio.
Detrás de Polonia, y bajo su dirección – más tarde se
asignó este papel a Bohemia –, tenía que producirse un formidable
movimiento paneslavo que perseguiría como finalidad la constitución
de una federación republicana de pueblos eslavos que, junto con los
griegos y los magiares, formaría un gran Estado libre con Constantinopla
como capital. Y el gran revolucionario no se detenía aquí,
sino que ligaba el movimiento paneslavo con la lucha de la democracia alemana.
Su posición ante los problemas nacionales estaba pues dictada por
los intereses de la revolución europea. Nada podrá demostrárnoslo
con mayor elocuencia que la reproducción de los pasajes más
característicos de su ”Manifiesto a los eslavos”, publicado a principios
de 1849.
Después de invitar a los eslavos a que se unan con los revolucionarios
alemanes y húngaros, a que estrechen ”la mano que les tienden los
demócratas de todos los países”, Bakunin dice: ”El mundo se
divide en dos campos. Aquí la revolución, allí la contrarrevolución.
Cada cual ha de elegir uno de estos campos, y vosotros, hermanos, tenéis
que decidiros... El deber sagrado de todos nosotros, los combatientes de
la revolución, los demócratas de todos los países, es
unir nuestras fuerzas, tratar de entendernos mutuamente y estrechar nuestras
filas para poder, con nuestra alianza, rechazar el ataque de los enemigos
de nuestra libertad y vencerlos. El objetivo final debe ser: la federación
de repúblicas europeas...” ”Tenéis que ser amigos y aliados
de todos los pueblos y de todos los partidos que luchan por la revolución.
¿Cuáles son estos pueblos y estos partidos? Todos los que
luchan por su propia independencia y. a la vez, por la libertad de todos,
y aliados, por lo tanto, contra el enemigo común, contra la conspiración
de los déspotas. ¿Qué finalidad inmediata persigue
esta conspiración? La conservación de Austria. Austria es el
punto central del combate. En consecuencia, ¿qué debemos hacer
nosotros? Justo lo contrario de lo que hacen ellos: la destrucción
completa del imperio austríaco”.
El paneslavismo de Bakunin era, al menos subjetivamente, revolucionario.
Objetivamente, en un momento determinado – los levantamientos revolucionarios
de 1848 – la historia le jugó una mala pasada. Y fue en este sentido,
no en la apreciación general de la actitud de Bakunin, que Marx y
Engels tuvieron razón y demostraron, una vez más, su excepcional
clarividencia.
Según ellos, el enemigo capital, que había que abatir
como fuera, era el zarismo, el aliado natural y el punto de apoyo de todos
los despotismos. En este punto, como hemos visto, coincidían con
Bakunin. Pero mientras éste depositaba todas sus esperanzas en el
movimiento paneslavo, aquéllos lo consideraban sustancialmente reaccionario,
con unas consecuencias fatales para la revolución alemana. El retraso
económico y cultural de los pueblos eslavos, eminentemente campesinos,
su débil diferenciación de clase, los convertían en
un instrumento ciego de la reacción, en manos de Rusia y Austria. Se
trata – venían a decir – del movimiento del campo atrasado contra la
ciudad, de la economía agraria contra la economía industrial:
su victoria significaría la sumisión del occidente civilizado
al oriente bárbaro. Para ellos, y muy en particular para Engels, que
dedicó a este problema mucha mayor atención que Marx, ningún
pueblo eslavo, aparte de los polacos y los rusos, tenía futuro, por
cuanto carecían ”de las condiciones históricas, geográficas,
políticas e industriales necesarias para su vitalidad y su independencia”.
Aquí nos encontramos de nuevo con aquella división en ”naciones
históricas” y ”naciones no históricas” a la que antes nos
hemos referido. Así pues, los pueblos eslavos, según Marx
y Engels, no podían desempeñar un papel progresivo en los
acontecimientos revolucionarios que se cernían sobre Europa a mediados
del siglo pasado, sino que más bien estaban destinados a ser una
avanzadilla del zarismo y de la reacción en general.
Los hechos les dieron, efectivamente, la razón, pues durante
las grandes conmociones europeas de 1848 los pueblos eslavos, a excepción
de los polacos, fueron un instrumento que utilizaron Nicolás I y
los Habsburgo para aplastar las revoluciones alemana y húngara. ”El
papel reaccionario de los eslavos en 1848 – decía Engels en 1849-
derribó todas las ilusiones de los paneslavistas demócratas”,
los cuales, según él, enfocaban el problema desde un punto
de vista puramente sentimental y declamatorio, cuando era preciso plantearlo
en el terreno de ”la unión de los pueblos revolucionarios frente a
los pueblos contrarrevolucionarios”, ”unión – añadía
– que no se realiza sobre el papel, sino exclusivamente en el campo de batalla”.
Engels iba, sin embargo, demasiado lejos en su condena de la posición
de Bakunin. Y no solamente señalaba el papel reaccionario de los
pueblos eslavos, sino que preconizaba una lucha a muerte contra ellos, y
consideraba favorable para la civilización su sumisión a los
alemanes y los húngaros, más progresivos y avanzados. Este
punto de vista, que hoy nos parece inconcebible y que sólo puede explicarse
por el papel repugnante desempeñado por los pueblos citados, Marx
lo compartía plenamente, llegando incluso a negar la personalidad
histórica de los checos, a afirmar que ”Bohemia sólo puede
existir como parte integrante de Alemania”, y a olvidar que la burguesía
alemana contribuyó eficazmente, por ejemplo, a aplastar el levantamiento
de los pueblos oprimidos de Italia.
La posición de Bakunin tenía fallos – como los tenía,
y graves, la de Marx y Engels –; pero, en cualquier caso, no se inspiraba
en un estrecho sentimiento nacionalista, sino en una inflamada pasión
revolucionaria. El ardoroso revolucionario vinculó siempre el movimiento
de los pueblos eslavos con la lucha general de la democracia europea, y
no cerró nunca los ojos ante los defectos de este movimiento, contra
los que luchó enérgicamente, tanto en sus manifiestos y artículos
como en sus discursos.
La pasión que caracterizó el debate llevó a unos
y otros a exageraciones evidentes. Para los revolucionarios alemanes, Bakunin
era un ”patriota eslavo”. Para Bakunin, los revolucionarios alemanes eran
pangermanistas. Y, a pesar de nuestra devoción por Marx y Engels,
hemos de confesar que, si tuviéramos que juzgar por las manifestaciones
externas, haciendo abstracción de las circunstancias del tiempo y
de los factores de orden psicológico, diríamos que las acusaciones
de Bakunin contra Marx y Engels estaban más justificadas que las
de éstos contra aquél.
Es evidente que ni Marx ni Engels eran unos patriotas alemanes ni Bakunin
un patriota eslavo; pero el espíritu indiscutiblemente revolucionario
del paneslavismo de este último, y su valerosa actuación en
1848, explican, si no justifican plenamente, que reaccionara contra la
encarnizada campaña de ataques de que era objeto con argumentos de
cuya fuerza podrán dar idea las líneas siguientes, con las
que cerramos este capítulo: ”En 1848 tuve divergencias con Marx (acerca
de la cuestión eslava. A. N.); y debo decir que más bien era
él quien tenía la razón. Embriagado por el movimiento
revolucionario, me dejaba arrastrar mucho más por el aspecto negativo
que por el positivo de esta revolución... En un punto, sin embargo,
tenía yo la razón en contra suya... En calidad de eslavo,
quería la liberación de la raza eslava del yugo alemán...
mientras que Marx, en calidad de patriota alemán, no reconocía
entonces, y sigue sin reconocer, el derecho de los eslavos a liberarse del
yugo alemán, porque consideraba, y sigue considerando, que los alemanes
están llamados a civilizarlos, es decir, a germanizarlos de grado
o por fuerza”.
III. La primera Internacional y los movimientos nacionales
Resoluciones adoptadas sobre las cuestiones polaca e irlandesa. -
Actitud ante la guerra franco-prusiana.
Desde los primeros días de su existencia, la Asociación
Internacional de Trabajadores tuvo que tomar posición ante los problemas
de emancipación nacional que estaban planteados en Europa en aquella
época, problemas entre los cuales ocupaban el primer lugar, por
su vitalidad y sus consecuencias para el desarrollo de la revolución
europea, los movimientos de Polonia e Irlanda. Aun por su mismo origen
no podía dejar de hacerlo: la idea de su creación, como se
sabe, se propuso en Londres, en un meeting en favor de la liberación
de la nación polaca.
Conociendo la influencia predominante ejercida por Marx y Engels en
la Primera Internacional, se comprende que las resoluciones que adoptó
sobre estos problemas llevaran el sello de su pensamiento, tanto más
cuanto que prácticamente todas fueron redactadas por ellos mismos.
Más que el valor de una contribución teórica tienen,
pues, un valor puramente documental. No son sino la expresión de
unos principios cuyas líneas generales ya hemos expuesto antes.
Durante los dos años que precedieron al primer congreso, Marx
aprovechó todas las ocasiones favorables para defender el movimiento
de emancipación polaco e incitar a la Internacional a adoptar una
posición precisa y clara. Como consecuencia de sus esfuerzos, que
encontraban un eco de simpatía en todos los dirigentes de la Asociación,
el Consejo provisional adoptó, el 25 de noviembre de 1864, la resolución
siguiente:
”1. La lucha de los polacos por la independencia sirve los intereses
generales de los pueblos de Europa, y por ello su derrota representa un
fuerte golpe contra la causa de la civilización y del progreso de
la humanidad; 2. Polonia tiene el derecho indiscutible de exigir de las
naciones avanzadas de Europa la ayuda, con todos los medios necesarios,
para la obra de la reconstitución de su independencia nacional.”
Respecto a Irlanda, la Internacional se pronunció de una manera
igualmente categórica. El hecho de que el Consejo General residiera
en Londres determinó intervenciones repetidas de la Asociación
en el problema irlandés, tanto más cuanto que Marx, por las
razones que antes hemos expuesto, tenía un interés notable
en incorporar a la clase obrera inglesa a la lucha de los irlandeses por
su emancipación nacional.
Entre todos los documentos publicados por la Primera Internacional sobre
este problema, consideramos que el más importante es la carta dirigida
a principios de 1870 por el Consejo General al Comité Central de
la Federación Romana, residente en Ginebra, y escrita por Marx. Estos
son sus pasajes fundamentales:
”Siendo Inglaterra el reducto del landlordismo europeo y del capitalismo,
el único punto desde el que es posible asestar un golpe mortal a
la Inglaterra oficial es Irlanda. En primer lugar, Irlanda es la fortaleza
del landlordismo inglés. Si éste cae en Irlanda, caerá
también inevitablemente en Inglaterra. En Irlanda esta operación
es cien veces más fácil, por cuanto en ella la lucha económica
se concentra exclusivamente en la propiedad agraria. Esta lucha es al mismo
tiempo nacional, y el pueblo irlandés es más revolucionario
y está más irritado que el pueblo inglés.
”En Irlanda el landlordismo sólo dispone de la ayuda del ejército
inglés. En el momento en que cese la unión forzada entre estos
dos países, estallará en Irlanda la revolución social,
aunque sea bajo formas anticuadas. El landlordismo inglés no sólo
perderá una fuente considerable de sus riquezas, sino también
su fuerza moral como representante de la dominación inglesa sobre
Irlanda. Por otra parte, el proletariado inglés hace invulnerables
a sus landlords de Inglaterra mientras deje intacto su poder en Irlanda.”
La burguesía inglesa explota la miseria de los trabajadores irlandeses,
que se ven obligados a emigrar de su país, para fomentar la rivalidad
entre los obreros ingleses e irlandeses en su provecho y para ”eternizar
los antagonismos internacionales, que constituyen un freno para la alianza
seria y honesta entre los obreros de estos dos países y, en consecuencia,
un freno para su liberación común”. Irlanda es un pretexto
para mantener un gran ejército que, cuando sea necesario, puede abalanzarse
sobre los obreros ingleses.
Finalmente, Inglaterra representa en la actualidad lo mismo que representaba
la antigua Roma. El pueblo que esclaviza a otro forja sus propias cadenas.
”El punto de vista de la Asociación Internacional de Trabajadores
sobre la cuestión irlandesa es, pues, muy claro. Su misión
capital: acelerar la revolución social en Inglaterra. Para ello hay
que asestar un golpe decisivo desde Irlanda.”
La carta termina con una fórmula clara y categórica: ”La
premisa necesaria para la emancipación de la clase obrera inglesa
es la transformación de la unión forzada actual, es decir,
de la esclavitud de Irlanda, en una unión igual y libre, si es posible,
o en la separación completa, si es inevitable.”
Señalemos, finalmente, para concluir este breve capítulo,
puramente documental, la actitud de la Primera Internacional respecto a
la guerra de 1870 entre Francia y Alemania. Hemos visto ya que Marx y Engels
sostuvieron, al principio de la guerra, el punto de vista de que los intereses
de la civilización en general y de la clase obrera en particular
exigían la victoria de Alemania, cuya unidad nacional constituía
un factor progresivo. Sin embargo, cuando Alemania pasó de la guerra
de defensa nacional a la ofensiva declarada y manifestó el propósito
de anexionarse Alsacia y Lorena, Marx y Engels cambiaron fundamentalmente
de actitud. Este cambio tuvo su expresión inmediata en un notable
manifiesto publicado por el Consejo General de la Asociación Internacional
de Trabajadores el 9 de septiembre de 1870, del que reproducimos las líneas
siguientes, de una fuerza realmente chocante:
”Si la fortuna militar, la embriaguez de la victoria y las intrigas
dinásticas empujan a Alemania a la anexión violenta de regiones
francesas, no le quedarán más que dos caminos: o tendrá
que convertirse, sea como sea, en una esclava de la política conquistadora
de Rusia, o, después de un corto respiro, tendrá que empezar
a prepararse para una ”guerra defensiva”, no para una guerra de las llamadas
”guerras localizadas”, sino para una guerra contra las razas eslavas y latinas
unidas”.
Como hace observar el escritor ruso G. Safarov, en 1871 se puso la primera
piedra de la alianza franco-rusa. En 1914, la profecía de Marx se
realizaba.
Segunda parte. El problema de las nacionalidades y la segunda internacional
I. Las diferentes concepciones del problema en la socialdemocracia
Oportunismo de la posición socialdemócrata. - Las tendencias
fundamentales y sus rasgos característicos. - El problema de las
nacionalidades en los congresos de la Segunda Internacional.
Como hemos señalado en la introducción, la cuestión
de las nacionalidades está íntimamente ligada al desarrollo
del capitalismo. No se trata, pues, de un ”problema eterno”, propio de todas
las sociedades, sino de un fenómeno de carácter histórico,
producto de una gran época, y que atraviesa diferentes etapas. La
lucha por la emancipación nacional en la etapa de predominio del capitalismo
comercial no es lo mismo que en la del florecimiento del capitalismo industrial
o en la del imperialismo. No pueden darse, pues, una norma y un criterio
aplicables a todas las épocas y todas las situaciones.
Este problema, como todos los problemas fundamentales que tiene planteados
la sociedad capitalista, cada clase social tiene una manera particular de
concebirlo y resolverlo. Y, como la influencia recíproca de las clases
es fatal e inevitable, es explicable que la socialdemocracia, respecto a
la cuestión de las nacionalidades, se viera fuertemente influenciada
por la pequeña burguesía. La ideología vacilante de
esta clase se ha reflejado siempre en la conciencia de los sectores atrasados
del proletariado y, sobre todo, de la aristocracia obrera, que, como se sabe,
ha sido la base sobre la que se ha apoyado fundamentalmente la socialdemocracia.
La aristocracia obrera, interesada, por el provecho que de ella obtenía,
en la expansión del poder económico de la burguesía
más allá de las fronteras del propio país, secundaba,
objetivamente, la política de opresión nacional o colonial.
De ahí la diversidad de tendencias en la socialdemocracia, y
las vacilaciones y el oportunismo que caracterizan la actitud de la Segunda
Internacional ante el problema de las nacionalidades.
La Segunda Internacional no podía, naturalmente, mostrar indiferencia
ante el problema o eludirlo, por ser uno de los más vivos en la época
en que nació, y sigue siéndolo, con un carácter aún
más grave, después de la guerra de 1914-1918, esa guerra
que había de ”liberar” a las naciones oprimidas... sirviéndose
como instrumento de los ejércitos de los países imperialistas.
En el fondo, sin embargo, nunca se ha preocupado seriamente del problema,
y cuando se ha visto obligada a pronunciarse lo ha hecho imprimiendo en sus
resoluciones el sello del oportunismo y dejando la puerta abierta a todos
los equívocos.
En la socialdemocracia de antes de la guerra se manifestaban las siguientes
tendencias fundamentales en cuanto a los movimientos de emancipación
nacional: a) una tendencia francamente imperialista (Cunow, Van Kohl); b)
una tendencia nacionalista (Partido Socialista Polaco); c) una tendencia
de derecha (escuela austríaca); d) una tendencia de centro (Kautsky);
una tendencia de izquierda (bolcheviques rusos); f) una tendencia de extrema
izquierda (Rosa Luxemburg).
El representante más característico de la tendencia imperialista
es el socialdemócrata holandés Van Kohl. Según este
singular ”marxista”, las naciones atrasadas y las colonias no podrían
vivir sin la tutela de las naciones ”superiores”. Su liberación significaría
la anarquía y la miseria. ”Abandonar a un niño loco o inconsciente
– decía, en 1904, en su discurso en el congreso internacional de
Amsterdam – que no puede prescindir de nuestra ayuda equivaldría a
convertirlo en víctima de una explotación desenfrenada o de
otra dominación.” Así pues, el socialismo debe crear previamente
las condiciones para que los pueblos atrasados alcancen un grado de cultura
y de civilización más alto. Y como este proceso será
largo y difícil, es preciso partir del principio de que, incluso en
el régimen socialista futuro, serán necesarios los dominios
coloniales. La misión de la socialdemocracia debe consistir en ”suavizar
los dolores de la evolución”. Sería difícil encontrar
una defensa más cínica del imperialismo opresor.
El Partido Socialista Polaco (P.P.S.) era una organización de
tipo netamente nacionalista, con unos horizontes muy limitados, en la que
predominaba el sentimiento nacional y la obsesión por el problema
del país propio. Bastará para caracterizarlo con decir que
era el partido de Pidsudski. Un partido obrero revolucionario debe tener
una política nacional, pero no puede ser nacionalista. De otro modo,
le hace el juego a la burguesía o se convierte en una fuerza reaccionaria
activa.
La Hornada escuela austríaca (Renner, Otto Bauer) es la que nos
ha dejado la literatura más abundante sobre el problema. Y es comprensible:
Austria era el país típico de la opresión nacional,
y la socialdemocracia no podía inhibirse de la cuestión, que,
por otro lado, se le planteaba dentro de la misma organización política
del partido. Pero debajo de un imponente aparato teórico se ocultaba
una concepción falsa, raquítica y oportunista del problema,
para cuya solución se preconizaba una absurda y utópica ”autonomía
cultural” que dejaba fundamentalmente en pie la monstruosa constitución
política del Imperio.
Aunque la tendencia de Kautsky era considerada, antes de la guerra,
como de izquierda, nosotros la clasificamos en el centro. En efecto, dicha
tendencia es típicamente centrista, por cuanto oscila entre la derecha
y la izquierda y se inclina hacia las soluciones equívocas. Kautsky
propugnaba el derecho de las nacionalidades a disponer de sus destinos;
este derecho, sin embargo, no iba más allá de la autonomía,
y no presuponía, por lo tanto, el derecho a la separación.
Ya mucho antes de la guerra imperialista, los bolcheviques concedían
una importancia inmensa a los movimientos de emancipación nacional,
a los que vinculaban con la lucha de clases y consideraban como un factor
revolucionario primordial. Como en tantos otros aspectos, el marxismo encuentra
en la política de nacionalidades de los bolcheviques, o, mejor dicho,
de Lenin, una aplicación genial a las situaciones concretas. Esta
política puede discutirse, pero no se le puede negar la claridad ni
la consecuencia. En ella se afirma, de manera categórica, el derecho
indiscutible de las naciones oprimidas a disponer de sus destinos, sin exclusión
de la separación.
En ala de extrema izquierda, representada principalmente por Rosa Luxemburg,
no concedía ninguna importancia al problema, consideraba que el proletariado
no tenía por qué ocuparse de él, e incluso calificaba
de reaccionaria la fórmula relativa al derecho de los pueblos oprimidos
a la autodeterminación.
El primer congreso en que la Segunda Internacional tomó posición
sobre la cuestión de las nacionalidades fue el que se celebró
en Londres en 1896. En el de Bruselas (1891) se había adoptado una
resolución sobre el antisemitismo, en la que el problema sólo
se tocaba de refilón y de forma extremadamente vaga.
Muchos meses antes del congreso de Londres, la revista alemana Neue
Zeit había abierto una discusión en la que participaron principalmente
Kautsky, Rosa Luxemburg y algunos representantes del P.P.S. (Partido Socialista
Polaco). Los delegados pudieron, pues, participar en los debates con un
bagage teórico considerable.
La discusión se desenvolvió sobre todo en torno al problema
de la independencia de Polonia. Sobre este punto se manifestaron tres criterios:
el de los representantes del P.P.S., el de Rosa Luxemburg y el de Kautsky.
Los primeros sostenían que la Internacional debía incluir
en su programa la reivindicación de la independencia de Polonia. Rosa
Luxemburg opinaba que los socialistas polacos no debían reclamar esta
independencia, y que el principio de la ”libre determinación” no
podía ser aceptado. Estos dos puntos de vista fueron rechazados por
el congreso. Triunfó el de Kautsky, que puede resumirse así:
En estos momentos la Internacional no puede incluir en su programa la independencia
de Polonia; pero los socialistas polacos pueden propugnar plenamente esta
reivindicación. Sería un error que los socialistas ignoraran
la lucha por la emancipación nacional de un pueblo sometido al yugo
de otro.
Sobre el problema general, el congreso de Londres adoptó la resolución
siguiente: ”El congreso declara que sostiene el derecho absoluto de todas
las naciones a la ‘libre determinación’, y expresa su simpatía
por los obreros de todos los países que actualmente sufren el yugo
del absolutismo nacional y militar o de cualquier otra especie. El congreso
incita a los obreros de todos estos países a ingresar en las filas
de los obreros conscientes de todo el mundo para luchar junto con ellos
por la supresión del capitalismo internacional y la consecución
de los fines de la socialdemocracia”.
En esta declaración, que es la más clara, adoptada por
la Segunda Internacional, figura la reivindicación del derecho de
las naciones a la libre determinación; sin embargo, como hemos señalado
antes, este derecho no se interpretaba en el sentido del derecho a separarse
y constituirse en Estado independiente.
En el congreso de Stuttgart (1907) se libró una batalla muy áspera,
en torno a la cuestión nacional y colonial, entre el ala izquierda-centro
y los revisionistas.
Podrá dar una idea de la enorme influencia ejercida por la derecha
el hecho de que la resolución de Van Kohl (defendida por los partidos
alemán y francés), en la que se aceptaba como un hecho normal
la dominación de los pueblos atrasados por los avanzados y la conservación
de las colonias bajo un régimen más suave, obtuviera la mayoría
de votos en la comisión y fuera rechazada en el congreso por muy
escaso margen de votos.
La resolución de la mayoría, de todos modos, aun caracterizándose
por una condena muy enérgica de los métodos de opresión
colonial y nacional, no indicaba una fórmula clara, concreta e inequívoca
de liberación.
La Segunda Internacional se ocupó, en la mayoría de sus
congresos, de las cuestiones nacionales concretas y de los conflictos organizativos
planteados en los Estados plurinacionales. La estructura de la socialdemocracia
austríaca y rusa, por ejemplo, fue objeto de diversas decisiones y
de protestas encendidas, puramente verbales, igual que la política
de opresión del zarismo en Polonia y Finlandia, la crueldad del gobierno
inglés con los boers, las matanzas de armenios, etc. Pero en cuanto
a resoluciones de carácter general, sólo se adoptaron las que
hemos citado.
Como vemos, la contribución de la Segunda Internacional, como
expresión del pensamiento del proletariado revolucionario mundial,
fue lamentablemente escuálida. Por otro lado, la experiencia ha demostrado
que no se trataba de un defecto simplemente cuantitativo. Las fórmulas
poco concretas y equívocas eran la expresión del oportunismo
infecto que minaba a la socialdemocracia y que, con contadas y gloriosas
excepciones, la condujo a la política de colaboración descarada
con el imperialismo durante y después de la Gran Guerra y a la sustitución
del internacionalismo revolucionario por el socialpatriotismo.
II. La escuela austriaca
Importancia del problema nacional en la socialdemocracia austríaca.
- La cuestión de las nacionalidades en Austria y sus consecuencias
para el movimiento obrero. - La fórmula de Karl Renner y Otto Bauer:
autonomía ”personal” y ”cultural”.
Consideramos indispensable, por su importancia característica,
otorgar una atención especial a la posición de los socialdemócratas
austríacos, a la de Kautsky y Rosa Luxemburg, y, sobre todo, a la
de los bolcheviques rusos, a la que, por su gran valor teórico y sus
consecuencias prácticas, reservaremos un puesto de honor en estas
páginas.
Empecemos con la escuela austríaca.
Si, antes de la guerra imperialista, había un país en
el que el problema de las nacionalidades constituyera una viva preocupación
a la que no podía sustraerse ninguna fuerza política, ese
país era sin lugar a dudas Austria-Hungría. En aquel ”mosaico
de naciones” abigarrado y monstruoso, en aquel Estado plurinacional típico,
compendio de todas las opresiones, dicho problema surgía cotidianamente
y se manifestaba con un extremado carácter de violencia tanto por
su extensión como por su complejidad.
El movimiento obrero, que no existe y actúa fuera del tiempo
y del espacio, sino en unas condiciones sociales y políticas concretas,
en contacto directo con realidades vivas, no sólo no puede volver
la espalda a un problema como el de la opresión nacional, sino que
se ve obligado, si no quiere condenarse al aislamiento o al suicidio, a adoptar
una posición definida. Además, la cuestión nacional
es tan viva, que se refleja directamente en el mismo movimiento obrero, al
que plantea constantemente problemas políticos y organizativos concretos,
cosa que sucedía principalmente en la socialdemocracia rusa y austríaca,
y sucede actualmente en todos aquellos países en los que, como en
el nuestro, por ejemplo, la cuestión de las nacionalidades no ha
sido aún resuelta.
En el movimiento obrero austríaco el problema constituía,
pues, un motivo de preocupación constante y era objeto de debates
apasionados en la prensa y en los congresos. Fue en Austria-Hungría
donde se realizaron los primeros intentos orientados a dotar a la socialdemocracia
de una teoría estructurada del problema de las nacionalidades; lo
cual no significa, ni mucho menos, que los ”teóricos” tuvieran éxito.
Por el contrario, tanto estos intentos como el movimiento obrero están
influidos fuertemente por el nacionalismo burgués, a pesar de retumbantes
afirmaciones de fidelidad a la lucha de clases y al internacionalismo proletario.
Esta influencia tuvo graves consecuencias para el movimiento obrero.
El error inicial se cometió en 1897, cuando la socialdemocracia
decidió, en su congreso de Viena, transformar su organización
política en una federación de partidos nacionales. Este error
condujo fatalmente a la exacerbación de los antagonismos nacionales
entre los mismos obreros y, finalmente, a la escisión orgánica,
consumada de hecho en 1910 con la constitución del partido checo independiente.
Nunca se insistirá bastante en la necesidad de disipar el error
en que incurren aquellos que, basándose en el hecho de que el marxismo
revolucionario afirma el derecho indiscutible de todos los pueblos a la
independencia, sostienen que la consecuencia práctica de este derecho
debe ser la constitución de partidos nacionales independientes o de
una federación de organización dotadas de una amplia autonomía
administrativa y política. La solidaridad entre los obreros de las
diversas naciones que integran un Estado debe estar por encima de todo. La
solidaridad de clase es superior a la solidaridad nacional. La política
de nacionalidades del proletariado no tiene nada que ver con el nacionalismo
burgués. Para la clase obrera, el problema de las nacionalidades oprimidas
no es más que un aspecto de la revolución democrática
general, y sólo será posible su solución mediante la
acción común de los obreros de todas las nacionalidades del
Estado. De ahí la necesidad de una organización política
unificada y centralizada de todos los obreros de este Estado.
El prejuicio nacionalista que, bajo una apariencia externa de internacionalismo,
puramente verbal, se encontraba en el fondo de la política de nacionalidades
de la socialdemocracia austríaca condujo a la catástrofe,
durante la guerra, al movimiento obrero de los países que constituían
el imperio de los Habsburgo. La solidaridad internacional quedó sustituida
por el odio, y la socialdemocracia sirvió directamente los intereses
de la burguesía. Una vez más la experiencia puso de manifiesto
cómo desviaciones aparentemente insignificantes en su punto de partida
conducen a menudo a futuras claudicaciones y traiciones.
Los dos teóricos austríacos de la cuestión nacional
más destacados son Karl Renner y Otto Bauer. El primero, como se
sabe, desempefió un papel importante en el primer período de
la República y fue uno de los instrumentos más activos de
que se sirvió la burguesía para detener la oleada revolucionaria.
El segundo, que sigue siendo el teórico más relevante del ”austromarxismo”,
una especie de socialismo de izquierda, más peligroso, por su revolucionarismo
aparente, que el reformismo declarado, es uno de los responsables capitales
de la funesta política del ”mal menor” que condujo al proletariado
austríaco a la derrota.
Renner enfoca el problema de las nacionalidades no como marxista, sino
como hombre de Estado. La solución que le da, ”con la ayuda del Derecho
y la Ley” – son palabras suyas –, es una solución jurídica.
Según este teórico pedante y farragoso, con la incorporación
del proletariado a la política austríaca, la cuestión
nacional, que era antes una cuestión de poder, se convertía
en un problema... de cultura. La nacionalidad debe ser considerada como
una persona jurídica, dotada con los mismos derechos que ésta.
Así como cada organismo tiene órganos especiales para funciones
especiales .2-y esta es la ley de la evolución orgánica –,
el pueblo, como unidad orgánica, tiene también necesidad de
órganos especiales para cada función determinada. La autonomía
de las ”tierras de la Corona” – como se denominaban Bohemia, Galitzia, etc.,
en el ex imperio de los Habsburgo – no significa todavía la autonomía
de las nacionalidades, por cuanto no se da una homogeneidad nacional en
las unidades territoriales. Como consecuencia de esta tesis general, Renner
prevé una doble organización del Estado: una organización
para los fines de la cultura nacional, por nacionalidades, y sobre la base
del principio ”personal”; y otra para los fines de la cultura técnica,
sobre la base del principio puramente territorial. Dicho en términos
más claros y concisos: autonomía nacional, independientemente
del hecho de que los miembros de una nacionalidad tengan territorio propio
o mayoría o minoría en un territorio determinado.
Pero sigamos de cerca los razonamientos con que nuestro ”hombre de Estado”
justifica su posición en cuanto a los puntos fundamentales de su
teoría.
Según nuestro teórico, es un error solucionar el problema
de acuerdo con la fórmula: ”a cada nación debe corresponder
un Estado”. El Estado y la nación son dos categorías distintas:
el primero tiene unas funciones, la segunda, otras. El Estado es una entidad
puramente jurídica cuya esfera de acción se extiende sobre
un territorio determinado. La nación es una comunidad de cultura,
independiente del territorio, que no necesita para la realización de
sus funciones.
”El orden jurídico estatal es la expresión de la voluntad
del grupo de intereses dominantes. Estos intereses son principalmente materiales,
comunes a todas las clases dominantes de las naciones, y, como toda materia,
existen en el espacio, su realización sólo es concebible sobre
un territorio determinado. Por esto no puede concebirse el Estado sin la
dominación exclusiva sobre un territorio concreto. El desarrollo territorial
del Estado depende de los intereses materiales de los grupos dominantes
dentro de este Estado. El Estado y el poder estatal son inseparables: no
se puede concebir al uno sin el otro. Las naciones se mezclan y confunden
en este territorio según sus intereses materiales. La nación
es inconcebible como unidad territorial.”
Así pues, es un error otorgar a la nación los derechos
del Estado. ”El derecho sobre el territorio y la cultura material están
fuera de la esfera de influencia de la vida nacional.” Es preciso, pues,
crear un sistema de órganos independientes y especiales. El Estado
es la dominación jurídica sobre un territorio; la nación,
una ”asociación personal”. La complejidad de las relaciones económicas
actuales, la facilidad de las comunicaciones, provocan un movimiento migratorio
constante dentro de los Estados plurinacionales, como consecuencia del cual
los elementos que abandonan el país nativo se ven considerados como
extranjeros y se encuentran en inferioridad de condiciones desde el punto
de vista jurídico. ”Ninguna nación puede quedar reducida a
unos límites determinados.” Por esto el principio de las nacionalidades
es, fundamentalmente, antinacional.
El problema debe pues encontrar su solución, según Renner,
sobre la base del principio ”personal” y no del territorial. ”Las naciones
no han de organizarse como unidades territoriales, sino como asociaciones
de personas, no como Estados, sino como pueblos...” ”Naturalmente, un pueblo
no existe sin territorio, el régimen interior no puede dejar de estar
en relación de dependencia con los sectores locales de la población.
Si se establece como base el principio personal, que provocará la
delimitación de las nacionalidades y la unión de las personas
aisladas, el principio territorial tendrá un papel importante como
ordenador.” El Estado nacional es aplicable a los países en que los
conflictos nacionales interiores alcanzan un mínimum. Su aplicación
a Austria significaría complicar el problema, y, en último
término, la disgregación. Todo se desarrollará, pues,
como en el mejor de los mundos posibles si se prescinde del principio territorial
y se adopta la panacea que él receta, y que consiste en un complicado
sistema de instituciones ”jurídicas” y ”culturales”.
Los naturales de una misma nacionalidad que se encuentren en un sitio
determinado del territorio del Estado, aunque no sea su propio territorio,
forman una ”comunidad nacional”, es decir, ”una corporación con
su Derecho público y privado, con capitales propios y la facultad
de dictar decretos y establecer impuestos”. Un número determinado
de comunidades, unidas territorial y culturalmente, constituyen un distrito,
con análogos derechos corporativos. El conjunto de ”estos distritos
forma la nación, que es una persona jurídica en el Derecho
público y privado”.
Esta es, a grandes rasgos, la estructura administrativa de la ”persona
jurídica”. La cuestión del contenido del Derecho de esta persona
jurídica es objeto de una frondosa y vacua argumentación de
la que libraremos a nuestros lectores. Con lo hasta aquí expuesto
basta para dar una idea de la teoría de Renner sobre las nacionalidades.
El carácter oportunista de esta teoría es evidente. Su
autor, una especie de abogado de una Austria-Hungría renovada, tiende,
en el fondo, a convencer a los Habsburgo de la necesidad de una política
más justa en la cuestión de las nacionalidades, como garantía
de la conservación del imperio. Su solución presuponía,
pues, la subsistencia de la monarquía y de las clases dominantes.
En todo caso, este punto de vista podía ser el de un aspirante a ”hombre
de Estado” – y, en este sentido, Renner vio plenamente satisfechas sus
aspiraciones después de la revolución de 1918 –, pero no
el de un marxista revolucionario, por cuanto si alguna virtud tenían
los movimientos de emancipación nacional era precisamente la de constituir
un poderoso factor para la disgregación de aquel imperio que el
futuro Canciller se obstinaba en mantener.
Entre la concepción de Renner y la de Otto Bauer hay una diferencia
puramente terminológica. Mientras el primero recurre a términos
exclusivamente jurídicos, el segundo envuelve en fraseología
marxista su concepción pequeño-burguesa. Tanto el uno como
el otro, sin embargo, prescinden, de hecho, del método del socialismo
científico y se mantienen en la esfera del derecho abstracto. En
cualquier caso, en la ”filosofía de la cuestión nacional” creada
por Bauer hay más elementos kantianos que marxistas.
El teórico más cualificado del austromarxismo rechaza
como Renner, y con una argumentación análoga, el principio
territorial, y, como él, preconiza el principio ”personal”.
Según este principio, como hemos visto, las naciones no se constituyen
como corporaciones territoriales, sino como asociaciones puramente ”personales”,
y representan corporaciones territoriales tan sólo en el sentido
de que ”su actuación no sobrepasa los límites del Estado” del
que forman parte. ”En el interior del Estado el poder no se otorgaría
al checo en este territorio y al alemán en este otro; todas las naciones,
dondequiera vivieran, formarían siempre corporaciones que administrarían
independientemente sus asuntos nacionales. En una misma localidad vivirían,
unas junto a otras, sin molestarse mutuamente, dos o más naciones,
que desenvolverían pacíficamente sus formas de gobierno y
organizarían sus instituciones culturales, de la misma forma como
los protestantes, los católicos y los hebreos administran en una misma
población sus asuntos religiosos.”
Cada ciudadano mayor de edad tendrá derecho a decidir a qué
nación quiere pertenecer. La intervención del Estado debe
ser, en este aspecto, nula. En lo que respecta a la organización de
las naciones dentro del Estado como ”corporaciones de Derecho público”,
la receta de Bauer coincide fundamentalmente con la de Renner. La finalidad
de estas corporaciones es la satisfacción, gracias a los impuestos
que tendrían derecho a establecer, de las necesidades culturales
de la nación mediante la creación de escuelas, bibliotecas,
teatros, museos y universidades populares, y, en lo que fuera necesario,
de la asistencia jurídica a los ciudadanos.
La autonomía ”cultural” o ”personal” de Bauer resuelve el problema
con una simplicidad admirable, destruye de golpe, radicalmente, todos los
peligros. El avispero de los Estados plurinacionales se convierte mágicamente
en una especie de Arcadia feliz, sin rivalidades, odios ni conflictos. ”Cada
nación – dice nuestro teórico – podría satisfacer,
con recursos propios, sus necesidades culturales. Ninguna nación tendría
que sostener la lucha por el poder dentro del Estado para la satisfacción
de estas necesidades. El principio personal sería el mejor medio
para la defensa de los intereses nacionales. Como la protección jurídica
de las minorías nacionales sería posible, estaría garantizada.”
Y, más adelante: ”Con la institución del principio personal,
la opresión nacional, basada en el Derecho, sería completamente
imposible. Con todo, las naciones más desarrolladas desde el punto
de vista cultural seguirían atrayendo y asimilando a los elementos
más progresivos de los pueblos menos cultos. Gracias a los matrimonios
mixtos, a las relaciones económicas y amistosas, cada vez más
estrechas, en determinadas regiones las mayorías nacionales siempre
absorberán y disolverán en su co munidad cultural a parte
de las minorías. Pero todas estas conquistas nacionales se realizarán
tan sólo gracias a la superioridad social y cultural de ciertas naciones,
y no gracias a los privilegios. ¡Emulación pacífica
en vez de conquistas violentas!”
Los derechos de las naciones, según la concepción del
austromarxismo, están garantizados por la fuerza del Estado. Pero
¿quién da garantías a las naciones frente al Estado?
¿Quién puede responder de que algún día este
Estado no destruya los derechos nacionales valiéndose precisamente
de la fuerza que debería emplear en defenderlos? La respuesta de
Bauer a estas objeciones pone en evidencia la inconsistencia fundamental
de su profunda ”filosofía”. Es una respuesta jurídica que
no toma para nada en cuenta aquello que para un marxista es fundamental:
la correlación de las fuerzas vivas de la historia, el hecho de que
en la sociedad capitalista las instituciones jurídicas se basen siempre
en un sistema coercitivo, de que aquello que cuenta no son los derechos
reconocidos jurídicamente, sino la fuerza en que se apoyan, y, sobre
todo, de que el problema nacional no es jurídico, sino revolucionario,
y está vinculado íntimamente a la lucha de clases. ”Al otorgar
la autonomía a las naciones – dice nuestro teórico kantiano-marxista---el
mismo Estado se hace independiente de ellas. El Estado otorga a los pueblos
sus derechos nacionales, y estos derechos les quedan garantizados para siempre,
no les pueden ser arrebatados, por cuanto que, destruyendo la autonomía
nacional, se destruye a sí mismo...” (! ! !)
Bauer acepta íntegramente la estructura del nuevo Estado plurinacional
preconizada por Renner. Acentúa, sin embargo, su carácter
puramente cultural. ¡ Qué escuálida y falsa es una concepción
del problema que no lo considera más que como una cuestión
de desarrollo de la cultura! Y aun en un sentido limitadísimo: para
Bauer, el problema nacional queda resuelto, en el fondo, por el hecho de
que, vayan donde vayan, impulsados por la necesidad de encontrar trabajo,
los naturales de una nación puedan encontrar asistencia jurídica
y escuela para sus hijos.
A pesar de esta escualidez evidente – dejando ya de lado otros
fallos más importantes y sustanciales – de la teoría de las
nacionalidades de los austromarxistas, Bauer la considera como una especie
de panacea milagrosa, destinada a resolver radicalmente uno de los problemas
más agudos que la sociedad capitalista tiene planteados. ”La nueva
estructura del Estado de nacionalidades – dice, como conclusión de
uno de sus trabajos fundamentales – que basa la autonomía nacional
en el régimen democrático del Estado y garantiza el derecho
de las minorías mediante el principio nacional, representa la encarnación
más completa de la autonomía nacional, la única que
puede satisfacer las necesidades culturales de la clase obrera. Al crear
condiciones psicológicas y jurídicas para la lucha de clase
de los proletarios de todas las naciones, esta estructura constituye un instrumento
de la política evolucionista-nacional de la clase obrera, sirve al
gran objetivo de la transformación de todo el pueblo en nación”
(4)
.
La posición de la escuela austríaca representa una desviación
evidente del marxismo. El concepto que Renner y Bauer tienen de la nación,
prescindiendo de la noción de clase, es completamente falso.
Para la escuela austríaca, lo que determina la nación
es la comunidad del destino histórico. De acuerdo con esta interpretación,
hay un vínculo más estrecho entre los obreros y los patronos
de una nación, por cuanto están unidos por el famoso ”destino
histórico”, que entre los obreros de las diferentes naciones, vinculados
por el interés de clase.
La actitud de la socialdemocracia austríaca sobre el problema
nacional era una capitulación ante el nacionalismo burgués.
La consigna: ”¡ Proletarios de todo el mundo, uníos ! ”, quedó
sustituida por la de: ”¡ Naciones, separaos!”.
Oponiéndose, con su política, a la disgregación
del imperio austro-húngaro, Renner y Bauer, y, con ellos, todo el
partido, defendían objetivamente los intereses de la burguesía
austro-alemana. Como hemos visto, se esforzaban en demostrar que la división
de Austria en territorios nacionales no resolvía el problema, y afirmaban
que no había coincidencia entre nación y territorio, que
no había ninguna relación entre estos dos términos.
De ahí la famosa fórmula de la autonomía cultural,
que significaba, de hecho, la disgregación de los obreros, el escamoteo
de la solución revolucionaria – la única eficaz –, ”la adaptación
del socialismo al nacionalismo”, según expresión de Plejanov,
y la permanencia del poder político en manos del Estado centralista
de la nación dominante.
III. Kautsky y Rosa Luxemburg
La teoría de Kautsky: a) concepto de nación; b) el
derecho de los pueblos a la autodeterminación; c) el Estado nacional.
La socialdemocracia polaca y la cuestión nacional. - Rosa Luxemburg
contra la fórmula: derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Kautsky, considerado unánimemente, antes de 1914, como el representante
más cualificado de la ortodoxia marxista, tiene publicados una serie
de trabajos consagrados, directa o indirectamente, a la cuestión
nacional. Señalemos como los más importantes ”La lucha de las
nacionalidades y el Derecho público en Austria”, ”Nacionalidad e
internacionalismo”, ”La crisis de Austria”, ”Los problemas nacionales”, ”Alsacia-Lorena”,
y ”La liberación de las naciones”.
En la cuestión nacional, como en las demás, Kautsky, en
el período anterior a la guerra, estaba clasificado en la izquierda.
Pero si esta clasificación, hasta cierto punto, era justa respecto
a la socialdemocracia, corrompida hasta la médula por el oportunismo,
no lo era respecto al marxismo revolucionario. Una lectura atenta de los
trabajos citados bastaría para convencernos. En realidad, Kautsky ha
sido siempre un centrista, y centrista sigue siendo en su actitud respecto
al problema de las nacionalidades.
Gran parte de sus trabajos teóricos sobre el tema tienen un carácter
polémico. Y, de manera análoga al hecho de que, por ejemplo,
después de defender encarnizadamente, en los congresos internacionales,
los principios fundamentales del marxismo contra las tendencias revisionistas,
hiciera que se aprobaran resoluciones que, a pesar de su apariencia ortodoxa,
dejaban el campo abierto a todas las desviaciones oportunistas, en lo relativo
al problema nacional, después de consagrar una cantidad enorme de
páginas a combatir el punto de vista pequeño-burgués
de la escuela austríaca, llegaba a conclusiones casi idénticas.
Sería injusto, sin embargo, considerar estas conclusiones como definitivas.
Ante todo, hay que hacer notar que entre los trabajos de distintas épocas
existen contradicciones fundamentales. Y, por ejemplo, así como en
unos encontramos la apología del principio territorial, en otros
se defiende la autonomía ”personal”.
Tomando en cuenta estas circunstancias, nos parece que el criterio más
acertado es tomar principalmente como base los trabajos más recientes
sobre la cuestión, fechados en 1919.
¿Qué es la nación? Kautsky considera indispensable
precisar ante todo este concepto, por cuanto que, a su juicio, el punto
de vista de la escuela austríaca es fundamentalmente erróneo.
La comunidad de cultura y carácter, basada en la ”comunidad de
destino”, no puede ser el rasgo distintivo de la nación. No existe
ninguna formación social (el clan, la tribu, el Estado, el gremio,
el partido, e incluso, añade Kautsky, la ”sociedad anónima”)
que no sea una ”comunidad de destino”. Muchas de estas formaciones son
también comunidades de cultura, y esta comunidad de destino y cultura
puede generar también una comunidad de carácter. Por otra
parte, sin embargo, la comunidad de destino y cultura de un grupo humano
cualquiera no constituye todavía nada que separe radicalmente una
nación de otra. ”A pesar de su diferencia de nacionalidad, el suizo
alemán y el suizo francés están vinculados mucho más
estrechamente por la comunidad de destino que el suizo alemán, por
un lado, y los vieneses y los habitantes de Schleswig-Holstein, por otra.”
Incluso en el interior de una misma nación se forman grandes
diferencias de clase y de cultura, ”mucho más profundas que muchas
de las diferencias culturales entre naciones”, y, a la inversa, a menudo
”la comunidad de clase establece una comunidad de cultura entre los miembros
de una misma clase de naciones distintas. En cualquier caso, el campesino
alemán y el danés del Schleswig se encuentran en una comunidad
de cultura más estrecha que el campesino alemán del Schleswig
y el periodista o el artista de los barrios occidentales de Berlín.
Y estos últimos, a su vez, se encuentran en una comunidad de cultura
más estrecha con los periodistas y artistas de París”.
Tampoco el carácter puede constituir uno de los rasgos distintivos
de la nación. En los grupos humanos que viven durante un período
de tiempo largo en condiciones iguales, los diferentes individuos adquieren
una tendencia a la elaboración de rasgos de carácter idénticos,
que constituyen su particularidad distintiva respecto a los miembros de
los otros grupos. De la misma manera surge un carácter nacional allí
donde la nación vive en condiciones iguales. No sucede así,
sin embargo, a medida que van siendo más variadas las condiciones
sociales, geográficas, etc., en que viven los diferentes miembros
de una nación. En cambio, en aquellas naciones vecinas que viven en
condiciones iguales se forma también un carácter igual.
A juicio de Kautsky, el factor más poderoso de la nacionalidad
es el idioma. El hecho, aducido por Bauer, de que haya pueblos – como,
por ejemplo, los ingleses y los irlandeses, los serbios y los croatas –
que, aun constituyendo naciones distintas, hablen un mismo idioma, no demuestra
que la comunidad nacional no sea una comunidad de idioma. ”¿Acaso
los ingleses no hablan todos el mismo idioma?” De ahí sólo
se deduce que, a veces, la comunidad idiomática se extiende a más
de una nación, y que esta comunidad no es el único rasgo distintivo
de la nación. Este rasgo distintivo, sin embargo, resulta claro
e indudable. El idioma común es la premisa indispensable para la
acción común. ”El papel importantísimo que desempeña
el idioma en la vida social puede explicarnos suficientemente la fuerza del
sentimiento nacional.”
Otro de los rasgos distintivos de la nación es la comunidad de
territorio, que crea una serie de intereses, concepciones y sentimientos
no compartidos por los demás pueblos, y, finalmente, la existencia
de una literatura nacional. El derecho de los pueblos a la autodeterminación
– sostiene Kautsky – no puede discutirlo ningún socialista verdadero.
”Al fin y al cabo – dice – ¿qué es la lucha por la democracia
sino la lucha por la autodeterminación de los pueblos, y cómo
sería posible la existencia de la democracia internacional sin la
reivindicación de este derecho de autodeterminación?” ”La
democracia es el fundamento en que se basa la socialdemocracia. Sería
absurdo suponer que estos fundamentos hayan de construirse por primera vez
en la sociedad socialista.”
Precisamente porque la sociedad capitalista es aquella en la que menos
realizables son los principios democráticos es preciso exigir aun
con mayor energía el derecho a la autodeterminación. Considerar
inútil la lucha por este derecho equivaldría a considerar
inútil la lucha por el poder político para destruir el régimen
capitalista. ”La igualdad de derechos que la democracia exige para los individuos
dentro de cada nación debe ser obligatoria para todas las naciones,
como condición necesaria del internacionalismo, en el conjunto de
todos los pueblos.” Debe rechazarse cualquier modificación de fronteras
realizada contra la voluntad de la población.
Kautsky comparte el criterio, ya expuesto en otro pasaje de este libro,
de que la nación es un producto directo de la sociedad capitalista,
que encuentra en la comunidad de territorio e idioma un medio eficaz para
la circulación de mercancías, para las relaciones económicas.
En este sentido, el Estado nacional es la forma de Estado que mejor concuerda
con las condiciones actuales. ”Los Estados heterogéneos desde el
punto de vista nacional – los llamados Estados de nacionalidades para diferenciarlos
de los Estados nacionales – son siempre Estados cuya estructura interna,
por unas u otras razones, ha permanecido anormal o imperfecta.”
La constitución de Estados nacionales responde, pues, a una tendencia
propia de la evolución de la sociedad capitalista y constituye un
hecho progresivo que debe ser defendido. Esto no quiere decir, sin embargo,
que cada nacionalidad, sin distinción, deba constituirse en Estado.
El proletariado revolucionario debe oponerse a todas las formas de opresión
nacional, debe defender incondicionalmente el derecho de los pueblos a disponer
libremente de sus destinos, pero no debe hacer nada para oponerse a los
procesos de asimilación natural – no violenta – que se producen en
el interior de determinados Estados, y que determinan la desaparición
gradual de todo un pueblo.
El Estado nacional, según Kautsky, no es la única forma
en que puede realizarse el principio de la autodeterminación. En
determinadas condiciones la fórmula puede ser la autonomía.
Por otra parte, en algunos Estados nacionales sería necesario defender
aún durante largo tiempo a las minorías contra las violencias
de que serán objeto, tomando sin embargo en cuenta lo que antes hemos
dicho en cuanto a la asimilación. Cualquier otra actitud sería
reaccionaria. ”Tenemos el deber de luchar contra la opresión de las
minorías nacionales, ya que, como socialistas y demócratas,
hemos de combatir siempre toda violencia de un grupo del Estado contra otro,
de la misma forma como, por ejemplo, rechazamos la dominación de una
comunidad religiosa sobre otra. Pero así como no hacemos nada para
impedir que la religión pierda terreno en la conciencia del pueblo
o desaparezca, tampoco debemos esforzarnos por evitar la desaparición
de las diferencias idiomáticas que separen a dos pueblos. Si luchamos
contra toda violencia sobre las minorías nacionales, no es en interés
de la nación, sino de la democracia.”
Finalmente, el reconocimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminación
no comporta, ni mucho menos, el sostenimiento de la reivindicación
de la independencia nacional en cualquier circunstancia. La independencia
nacional no está vinculada con los intereses de clase del proletariado
hasta el punto de que éste deba aspirar a ella invariablemente. Este
principio debe sostenerse en la medida en que su realización concuerde
con los intereses del proletariado internacional, en la medida en que no
sea incompatible con ellos.
En este punto, como en otros, la posición de Kautsky coincide
plenamente con la de Marx y Lenin. Sin embargo, para juzgarla en su conjunto
hay que tomar en cuenta las observaciones que hemos hecho al comienzo de
este capítulo. Una posición verdaderamente revolucionaria
supone la aceptación plena del derecho de los pueblos a la autodeterminación,
sin reservas ni limitaciones de ninguna especie. Kautsky, como todos los
oportunistas, la defiende de una manera puramente formal, le parece que
”se exagera” cuando se incluye la separación en la noción
de este derecho, y elude cuidadosamente tratar la cuestión de las
fronteras actuales de los Estados.
En el problema de las nacionalidades, como en todas las cuestiones fundamentales,
Kautsky permanece fiel a sí mismo.
En la socialdemocracia de antes de la guerra, el Partido Socialdemócrata
polaco fue el único que adoptó una actitud netamente contraria
al principio del derecho de los pueblos a la autodeterminación. En
este sentido, su oposición era tan irreductible que, ya en el segundo
congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, celebrado en Londres
en 1903, sus delegados se negaron a aceptar el punto 9 del programa, en
el que se proclamaba este derecho, y acabaron retirándose. La lucha,
que prosiguió durante la guerra imperialista y en el período
de la Revolución de Febrero, terminó con la victoria completa
de la política de Lenin.
El error fundamental de esta posición de los socialdemócratas
polacos consistía en plantear el problema de una manera abstracta,
apoyándose en los principios generales, en estilo proudhoniano, como
hacía observar Lenin, prescindiendo del método marxista de
análisis. Era una posición idealista, no dialéctica,
cuya falsedad ha quedado plenamente demostrada por los acontecimientos de
estos últimos años.
Esta desviación del marxismo de un partido tan excelente y con
un historial tan brillante como el partido socialdemócrata polaco
se explica por motivos de orden puramente psicológico, por la reacción
ante el chovinismo y la limitación nacionalista no sólo de
la burguesía del país, sino también del P.P.S. Los marxistas
polacos se imaginaban que, sosteniendo el derecho de los pueblos a la autodeterminación,
hacían el juego a un nacionalismo burgués que les repelía.
El representante más destacado de esta tendencia, que libró
duras batallas en los congresos y en las publicaciones socialdemócratas,
fue Rosa Luxemburg.
Nuestra exposición sería incompleta si no hiciéramos
un resumen esquemático de las tesis fundamentales que sostenía
esta tendencia.
Según Rosa Luxemburg, la burguesía, para su existencia
normal, no sólo necesita unas condiciones económicas determinadas
que permitan el desarrollo de la producción, sino también determinadas
condiciones políticas para su dominación de clase. Estas condiciones
las encuentra en la independencia estatal o ”Estado nacional”, que es la
forma histórica en que la burguesía pasa de la defensa a la
agresión, a la conquista y opresión de otras nacionalidades.
Los movimientos nacionales expresan la tendencia de la burguesía a
la dominación de clase.
El Estado burgués, tanto si es nacional como si no, constituye
el terreno donde, paralelamente a la producción capitalista, nace
y se desarrolla la clase obrera. Ahí se manifiesta la diferencia
radical que existe, históricamente, entre la burguesía y el
proletariado. La burguesía nace y se desarrolla como clase dentro
del régimen feudal, y, en su marcha ascendente, crea el Estado moderno
sobre las ruinas del régimen anterior. A medida que se desarrolla
el capitalismo y se fortalece la dominación capitalista, también
se desarrolla políticamente el proletariado. La creación del
Estado moderno por el proletariado, como clase con conciencia clara de sus
intereses, sería lo mismo que si en cualquiera de los países
que, como por ejemplo Rusia, se han desarrollado económicamente de
manera anormal, la burguesía instaurase de entrada, por su cuenta,
el régimen feudal. La misión histórica de la burguesía
es la creación del Estado nacional; la misión del proletariado
es la destrucción de este Estado, como forma política del capitalismo,
para instaurar el régimen socialista. ”Así como desde el punto
de vista de las necesidades del capitalismo y de los intereses de clase
de la burguesía la cuestión nacional adopta la forma, para
las clases burguesas, de la independencia política, es decir, del
Estado nacional, que es un instrumento de dominación y de conquista,
aquello que responde primordialmente a los intereses de la clase obrera es
el aspecto democrático y cultural de dicha cuestión, y también
las formas políticas susceptibles de garantizar un libre desarrollo
de estos aspectos en una vía puramente defensiva, sin política
nacional agresiva, en un espíritu de convivencia solidaria de las
diferentes nacionalidades agrupadas históricamente en un Estado burgués.”
El programa del proletariado debe incluir, fundamentalmente, la igualdad
de derechos civiles de las nacionalidades, y la fundación de instituciones
políticas que garanticen el desarrollo de la cultura nacional.
Rosa Luxemburg rechazaba categóricamente la fórmula: ”derecho
de las naciones a la autodeterminación”, que, como hemos visto, figuraba
en el programa del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y que había
sido proclamado, anteriormente, en el congreso internacional de 1896.
Según la inolvidable revolucionaria, dicho congreso, con la resolución
aprobada, no se proponía formular indicaciones concretas al movimiento
obrero para la resolución del problema, sino apartarlo del terreno
nacional en que lo habían planteado los representantes del P.P.S.
para transferirlo al terreno internacional y mantenerlo dentro de los límites
de los principios generales del socialismo.
La fórmula: ”derecho de las naciones a la autodeterminación”
no aporta ninguna indicación real para la política concreta
del proletariado ni ninguna solución para los objetivos prácticos
internacionales; más bien ”otorga facultades ilimitadas” a cada una
de las naciones interesadas para que resuelvan sus cuestiones nacionales
como gusten. ”La única conclusión práctica que puede
sacarse de esta fórmula es la supresión de todas las manifestaciones
de la opresión nacional”. Si reconocemos el derecho de cada pueblo
a la autodeterminación es evidente que, si somos consecuentes, debemos
condenar toda tentativa de determinación de los destinos de un pueblo
por otro, la imposición violenta a un pueblo por otro de formas determinadas
de existencia nacional. El deber del partido del proletariado de protestar
y luchar contra el yugo nacional, sin embargo, no se deriva de un ”derecho
de los pueblos” especial, sino de la lucha general contra el régimen
de clase, contra toda forma de desigualdad y de dominación social;
en una palabra, de la posición de principio del socialismo. La fórmula:
”derecho de los pueblos a la autodeterminación” no es una indicación
política y programática para resolver el problema nacional,
sino una manera de eludirlo.
Esta posición, a juicio de Rosa Luxemburg, no tiene nada que
ver con el socialismo marxista. El reconocimiento abstracto del ”derecho
de los pueblos” es una fórmula metafísica, como la de ”los
derechos del hombre y del ciudadano” y tantas otras de la democracia burguesa
que han sido arrinconadas por la socialdemocracia. ”O bien esta fórmula
no tiene ningún sentido, es una frase vacía que a nada obliga,
o bien expresa la obligación ineludible para los socialistas de
defender todos los movimientos nacionales – y en este sentido es, sencillamente,
falsa”, por cuanto no toma en cuenta la diversidad de las condiciones históricas,
la tendencia general de las relaciones internacionales y, por encima de
todo, la teoría de la sociedad de clases, base fundamental del socialismo.
Hablando del ”derecho de los pueblos” establecemos la noción
de ”pueblo” como unidad política y social monolítica, unidad
que no existe en la sociedad de clases. El proletariado y la burguesía
ocupan, nacional e internacionalmente, posiciones antagónicas desde
todos los puntos de vista, constituyen ”dos campos separados por un profundo
abismo”.
Los movimientos nacionales son movimientos de clase del sector dominante
de la burguesía, que en casos concretos puede también representar,
hasta cierto punto, los intereses de otros sectores de la población,
en la medida en que el proletariado no se haya deslindado como clase política
consciente.
La misma existencia de partidos obreros demuestra que la burguesía
ha dejado de representar a toda la masa de la población, y que la
clase obrera se ha desprendido de ella y tiene aspiraciones sociales y políticas
propias. Sería un absurdo histórico que el proletariado consciente
y organizado adoptara la noción de ”pueblo”.
Los partidos obreros deben pues tomar en cuenta, por encima de todo,
los antagonismos de clase, y considerar el problema nacional como un problema
de intereses de clase. ”El derecho de los pueblos a la autodeterminación
sólo dejará de ser una frase en un régimen social en
que el ‘derecho al trabajo’ no sea tampoco una frase vacía. Sólo
el régimen socialista creará el ‘pueblo’ como voluntad única
y las condiciones materiales para la libre autodeterminación, por
cuanto los pueblos constituirán organismos sociales diversos y no
se fundirán, como supone Kautsky, en una masa única.” La misión
de la socialdemocracia no consiste en llevar a la práctica el ”derecho
de los pueblos a la autodeterminación”, sino el ”derecho de autodeterminación
del proletariado”. La socialdemocracia no puede eludir la obligación
de canalizar sus esfuerzos en el sentido de lograr desde ahora aquellas formas
de existencia políticas, nacionales y culturales que mejor respondan
a los intereses del proletariado y de su lucha de clase en un país
y una época dados, y, a la vez, a los intereses del desarrollo revolucionario
de la sociedad. La solución de todos estos problemas no puede encomendarse
a la ”nación”. La voluntad de la nación ”no es ninguna divinidad
ante la que haya que inclinarse humildemente”. En casi todos los países,
la mayoría del pueblo se ”autodetermina” eligiendo a conservadores,
clericales y liberales a los que confía sus destinos políticos.
La misión de la socialdemocracia no es someterse a esta ”voluntad
popular”, sino revolucionarla formando la verdadera ”voluntad popular”,
es decir, la de la clase trabajadora.
He aquí, expuesta a grandes rasgos, la posición teórica
de Rosa Luxemburg, cuyos defectos esenciales, comunes a la actitud de la
socialdemocracia polaca, pueden resumirse así: desconocimiento de
la realidad histórica concreta, del valor de los movimientos de emancipación
nacional como factor revolucionario, desprecio de la lucha por las reivindicaciones
democráticas, confusión entre Estado nacional y Estado plurinacional,
programa práctico que no va más allá de la ”autonomía
cultural” de los austríacos, etc.
Nos queda por examinar la repercusión del problema nacional en
el movimiento obrero ruso, y, muy en particular, la posición bolchevique,
que puede considerarse con justicia, gracias al genio de Lenin, como resultado
de la aplicación perfecta del método del marxismo revolucionario.
Debido al papel inmenso que desempeñó la cuestión nacional
en la revolución rusa, y a la importancia fundamental de la aportación
teórica del bolchevismo, consagraremos una atención preferente
a esta parte de nuestro estudio.
Tercera parte. El problema de las nacionalidades y la revolución
rusa
I. La política de nacionalidades del zarismo
Fundamentos económicos de la política zarista de nacionalidades.
- Etapas principales de la expansión del imperio. - Rasgos característicos
del régimen de opresión nacional. – La revolución de
1905.
Para comprender la política del zarismo en la cuestión
de las nacionalidades es preciso tomar en cuenta las particularidades características
del desarrollo económico de Rusia, muy distintas de las del resto
de Europa.
En Occidente, el desarrollo de la economía capitalista, o, dicho
con mayor precisión, de la burguesía industrial, encontraba
su expresión política, en la época de las revoluciones
burguesas, y como resultado de la victoria sobre la disgregación
feudal, en la constitución de naciones y Estados nacionales.
En Europa oriental, y muy particularmente en Rusia, los Estados se formaron
en condiciones diferentes, como consecuencia del atraso económico,
caracterizado, primordialmente, por la persistencia de los elementos de
la economía feudal. No debemos olvidar que, a principios del siglo
XIX, cuando en toda Europa la evolución del capitalismo industrial
estaba ya muy avanzada, Rusia seguía siendo un país esencialmente
agrícola, con una estructura medieval y unos métodos primitivos
de cultivo y explotación de la tierra. Y, dado que en la exportación
eran los productos agrícolas los que desempeñaban el papel
dominante, se establece un vínculo muy estrecho entre la gran propiedad
agraria y el capital comercial.
La avidez y afán de lucro de la burguesía comercial se
ven estimulados por el aumento de la exportación, que se intensifica
constantemente gracias a los progresos de la industria en Europa occidental,
donde la producción agrícola disminuye y las necesidades de
primeras materias y de trigo son cada día mayores. Y aquí es
donde aparecen con mayor claridad los rasgos distintivos característicos.
Mientras en Occidente la acumulación del capital se realiza principalmente
mediante la expulsión de los campesinos de la tierra y su proletarización,
en Rusia, donde el capitalismo industrial existe sólo en germen, y
donde, debido a las formas atrasadas de cultivo, no puede pensarse en una
explotación intensiva de la tierra, la acumulación se realiza
mediante la servidumbre.
Como consecuencia de estas características específicas,
en Rusia, donde – repitámoslo – no existe aún una burguesía
industrial, que es el gran aglutinador de los pueblos, se forma un Estado
plurinacional, con la conquista de numerosos territorios, la mayoría
de los cuales no podían, entonces, ser considerados aún como
naciones. El Estado crecía, pues, mediante la apropiación
de tierras nuevas – acompañada siempre por la instauración
de la servidumbre –, que se repartían entre los terratenientes, los
funcionarios, los comerciantes, los kulaks y el mismo zar, que, como ha dicho,
con razón, Trotsky, podía ser considerado como el primer terrateniente
del Imperio. De ahí que los pueblos sometidos se vieran objeto de
una explotación típicamente colonial, con otra particularidad
característica: así como las colonias de los países
occidentales se encuentran a enorme distancia de la metrópolis, en
Rusia estaban dentro del Imperio, en torno al territorio ocupado por la nación
rusa dominante.
Indiquemos, para dar una idea general del proceso de formación
del Imperio plurinacional ruso, las etapas más importantes de la
política de conquista del zarismo.
A principios del siglo xvi, el Estado ruso no llegaba a la región
central del Volga, y hacia el sur la frontera no iba mucho más allá
de Kursk y Voronej. A lo largo de este siglo va extendiendo sus dominios,
valiéndose de su superioridad militar, a expensas de los pueblos
de cultura más atrasada, primero hacia el sureste y el este, y, luego,
hacia gran parte de Siberia.
Fue, sin embargo, durante el siglo xviii cuando la expansión
territorial adquirió sus proporciones más considerables.
La expansión ya no sólo se realiza a expensas de los pueblos
atrasados, sino que el desarrollo económico y el fortalecicimiento
del poder militar permiten a Rusia batirse incluso con los Estados europeos
vecinos.
Cuando Pedro el Grande subió al trono, Rusia estaba aislada por
la carencia casi absoluta de salidas al mar. Tenía sólo una,
la de Arkhangelsk, al norte. La preocupación dominante de Pedro el
Grande, que caracteriza toda su política de conquista, es la de
arrancar al país de su aislamiento, estableciendo por vía
marítima vínculos y relaciones comerciales más fáciles
con las demás naciones. La expansión se extiende hacia las
costas del mar Báltico, donde el emperador se apodera de Estonia y
parte de Letonia, hacia la región siberiana de Extremo Oriente, hacia
la península de Kamchatka, e incluso, por el estrecho de Behring,
hacia el continente americano. En las fronteras del sur, Rusia conquista el
fuerte turco de Azov, alcanza el mar Caspio, toma a Persia las costas orientales
y meridionales de este mar, y sostiene una guerra con Turquía, con
un resultado desfavorable que obliga a devolver las regiones conquistadas.
Bajo Catalina II se realizó un reparto de Polonia entre Rusia,
Austria y Prusia, con el que el zarismo se anexionó Rusia Blanca
y parte de Ucrania, que antes pertenecían a la primera de estas naciones.
Como consecuencia de dos guerras victoriosas contra Turquía durante
este reinado, el Estado ruso se enriqueció con todo el territorio
de la actual provincia de Odessa, con una parte importante de la de Iekaterinoslav
y de la región de Kubán, y con toda Crimea; conquistas que
dieron un fuerte impulso al desarrollo económico del Imperio.
A principios del siglo pasado, las guerras en Europa contra Napoleón,
y en Asia y los Balcanes contra Turquía, determinaron nuevas e importantes
ampliaciones del Imperio, con la anexión de Besarabia, Finlandia,
el ”Reino de Polonia”, Georgia, el territorio central de Azerbeidjan y parte
del Turkestán y de la región de los kirguises.
Durante la segunda mitad del siglo xix se consuma, después de
una lucha de cincuenta años, la sumisión violenta del Cáucaso,
se conquista definitivamente el Dajestán, se realiza la anexión
de Armenia, de todo el Turkestán, de las regiones del Amur, de los
oasis de Marski y Akhal-Tekinsk, y los ”khunatos” de Khiva y Bukhara se
convierten en vasallos. Finalmente, a principios del siglo xx el zarismo
realiza intentos, sobradamente conocidos, de poner pie en las costas del
Pacífico y apoderarse de Manchuria y Corea.
Toda esta política de expansión viene dictada principalmente
por los intereses de los grupos capitalistas, que van penetrando en la sociedad
feudal y buscan mercados y fuentes de primeras materias baratas: Ucrania
proporciona carbón, Azerbeidjan y el Cáucaso del norte petróleo,
el Cáucaso y Turkestán algodón, etc. La política
de expansión de Nicolás II, que lleva sus aspiraciones hasta
Constantinopla, está ya directamente inspirada por los intereses
del capital comercial e industrial, intereses que jugaron un papel clave
en la intervención de Rusia en la guerra imperialista de 1914.
Según el censo de 1897, el más reciente de la época
zarista, sobre una población de 128.924.289 habitantes, había
en el Imperio 55.673.000 rusos, o sea algo más del 43 por ciento
(5)
. Esta minoría ejercía su dominación sobre más
de cien nacionalidades y grupos étnicos distintos: Ucrania, con 22.415.000
habitantes; Rusia Blanca, con 5.886.000; Polonia, con 7.931.000; Finlandia,
con 2.100.000; Lituania, con 1.658.000; Letonia, con un millón; 5.063.000
judíos; los pueblos del Cáucaso – un verdadero mosaico –
con más de cinco millones; los pueblos turco-tártaros, con
13.000.000; los de origen finés, con cerca de 4 millones; 100.000
moldavos, 1.800.000 alemanes, etc. Con razón decía Engels,
en 1866, que ”Rusia posee una cantidad enorme de bienes robados (es decir,
nacionalidades oprimidas) que tendrá que devolver el día que
se pasen cuentas”.
La estructura de este Imperio y las particularidades características
de la política de nacionalidades que en él regía se
derivaban lógicamente de las formas originales de la evolución
económica del país. De ahí una cadena de contradicciones
aparentes, perfectamente explicables a través de este carácter
original de la evolución.
La nación dominante, como hemos visto, era un país feudal
que imponía la servidumbre en todos los territorios conquistados.
Por otro lado, sin embargo, gracias al desarrollo del capital comercial,
incorporaba a las naciones oprimidas a la circulación capitalista.
Entre los terratenientes de la nación dominante y los de las naciones
dominadas se establecía una estrecha solidaridad que hacía
imposible la aparición de un ”frente único” de los movimientos
de emancipación. Los campesinos de las naciones oprimidas se encontraban,
respecto a la metrópolis, en la misma relación de dependencia
social que los de la misma Rusia. De ahí que la cuestión nacional
estuviera íntimamente ligada al problema agrario, y constituyera uno
de los aspectos de la revolución democrático-burguesa.
Los obreros y los campesinos rusos estaban sometidos a una explotación
despiadada; pero la situación de las clases trabajadoras de los pueblos
oprimidos era todavía peor, y, al no conocer el idioma de la nación
dominadora, la cual, por otro lado, disfrutaba de una serie de ventajas
jurídicas, se encontraban completamente indefensos.
La política de nacionalidades del zarismo puede resumirse en
pocas palabras: rusificación a ultranza, explotación despiadada,
asfixia de toda cultura nacional. Los instrumentos opresores que utilizaba
eran: el mecanismo abrumador de un Estado burocratizado y centralizado, la
escuela, de la que se desterraba todo idioma que no fuera el de la nación
hegemónica, el ejército, donde las lenguas nacionales corrían
la misma suerte, y, finalmente, la religión ortodoxa, impuesta por
la fuerza.
Además de recurrir al yugo político y cultural, el zarismo
recurría al yugo económico, muy en particular en los países
de Oriente, más atrasados económicamente. Hacia las regiones
”alógenas” emigraban agricultores y cosacos de Rusia, que ocupaban
las mejores tierras después de expulsar de ellas a los naturales
del país, que debían conformarse con las peores tierras. El
gobierno detenía, con medios artificiales, el desarrollo económico
y cultural de los pueblos alógenos, convirtiéndolos en verdaderas
colonias de las que la industria del centro obtenía las primeras
materias que necesitaba, como petróleo, algodón, mineral de
hierro, etc. El resultado de esta política era el atraso y la conservación
de la influencia de los grupos feudales y el clero.
Algunas naciones, sin embargo, por su desarrollo económico y
cultural, no sólo no eran inferiores a la nación dominadora,
sino que a menudo eran superiores. Se encontraban en este caso, entre otras,
Polonia, Finlandia, Estonia, Georgia, Armenia, etc., países que
habían sido conquistados más bien por razones estratégicas.
Como en algunas de estas naciones el peso específico de la burguesía
era bastante considerable – citemos, como ejemplo más representativo,
a Polonia, donde existía un centro de industria textil tan importante
como Lodz –, la burguesía rusa fomentaba la política de opresión
nacional, por cuanto quería ejercer el monopolio.
El zarismo no se limitaba, sin embargo, a la opresión política,
cultural y económica directa, o al exterminio puro y simple de la
población – método que se aplicó a gran escala en el
Cáucaso –, sino que también ponía en práctica
el principio: ”divide y vencerás”, estimulando odios y rivalidades
entre razas y pueblos, y arrojándolos a unos contra otros. En el Cáucaso,
el gobierno azuzaba a los tártaros, fanáticos e ignorantes,
contra el proletariado revolucionario y la pequeña burguesía
armenia, contraria al gobierno central; en las naciones bálticas,
empujaba a los campesinos letones contra los barones alemanes, en los que
depositaba su confianza en las provincias occidentales; a los campesinos
rusos blancos y ucranianos contra los terratenientes polacos; en Finlandia,
a los obreros finlandeses contra la burguesía liberal suedófila;
y, en todas partes, a las masas populares contra los judíos, cultivando
un antisemitismo salvaje y organizando directamente los pogroms, cosa que
no le impidió en otras ocasiones halagar a los hebreos para apoyarse
en ellos contra el campesinado polaco rebelado. Este juego tenía, sin
embargo, sus peligros, pues las masas sociales que el zarismo creía
manejar dócilmente acababan por rebelarse contra el régimen.
Bajo el zarismo, los movimientos de emancipación nacional se
desarrollaron paralelamente a la lucha revolucionaria del proletariado
contra el régimen. Y como esta lucha adquirió grandes proporciones
a principios de este siglo, fue también en esa época cuando
los movimientos nacionales adquirieron mayor empuje. La lucha por los derechos
de las nacionalidades tuvo siempre sus momentos de ascenso o de descenso
en relación directa con los progresos o los retrocesos de los combates
revolucionarios sostenidos por el proletariado contra la autocracia.
La revolución de 1905 provocó un movimiento notablemente
intenso entre las naciones oprimidas por el zarismo. Pero se da un hecho
que, por su significado, nos interesa subrayar. Durante este levantamiento
revolucionario, los movimientos de emancipación nacional se producen
en las nacionalidades con una cultura capitalista más o menos desarrollada;
cosa que una vez más demuestra la relación directa entre el
progreso del capitalismo y el despertar de las nacionalidades. En 1905-1906
presenciamos un movimiento nacional muy fuerte en Polonia, Lituania, Letonia,
Estonia, Finlandia, y no tan intenso, pero importante, en Ucrania, Rusia
Blanca, y las zonas más cultas de la región del Cáucaso:
Georgia y Armenia. En cambio, permanecen prácticamente pasivos los
pueblos más atrasados, y a la vez más oprimidos, como los
del Turkestán, el Cáucaso septentrional, Siberia, etc.
La reacción que siguió a la derrota del proletariado ruso
en 1905 determinó aún una intensificación de la política
opresora y la ausencia, durante unos cuantos años, de toda manifestación
externa importante de protesta nacional. Los movimientos emancipadores no
habían muerto, sin embargo, y con la reanudación de la lucha
revolucionaria de la clase obrera habían de tomar forzosamente nuevo
empuje.
II. La revolución de febrero y las nacionalidades oprimidas
Repercusión de la guerra imperialista en los movimientos nacionales.
- Importancia de estos movimientos en la revolución de febrero de
1917. La política de nacionalidades del Gobierno Provisional.
La guerra imperialista agravó la cuestión nacional en
Rusia y dio fuerte impulso a los movimientos de los pueblos oprimidos por
el zarismo. La consigna ”defensa de las pequeñas nacionalidades”,
de la que usaron y abusaron los imperialistas de los dos bandos beligerantes,
la inclusión del principio de la autodeterminación y la defensa
de las minorías nacionales en los famosos 14 puntos del presidente
Wilson, tuvieron una repercusión innegable en todos los pueblos que
tenían planteado el problema nacional y derivaciones prácticas
que desbordaban ampliamente las intenciones de aquellos que habían
levantado la bandera de la liberación de las nacionalidades con el
objeto de engañarlas con mayor facilidad y convertirlas en un instrumento
de la política imperialista.
La política de nacionalidades de la autocracia estaba en contradicción
abierta con las consignas ”liberadoras” de sus aliados. Aunque había
prometido amplias libertades a Polonia, cuando en realidad estaba ya perdida
para Rusia, el zarismo acentuó la política opresora, que encontró
su expresión en los pogroms antisemitas, los fusilamientos y expulsiones
en masa de los naturales de los pueblos alógenos, la prohibición
de la prensa nacional, la destrucción de las instituciones culturales,
la represión sangrienta de los levantamientos de los kirguises y
otros pueblos orientales en 1916, etc.
La persecución de los movimientos nacionales estimuló
su desarrollo y favoreció el crecimiento de las tendencias separatistas,
que antes de la guerra sólo habían tenido un arraigo serio
en Polonia, Finlandia y algunos sectores ucranianos.
Como ya hemos señalado antes, la política de nacionalidades
del gobierno zarista respondía a los intereses de los terratenientes
y del capital comercial; pero con el desarrollo del capitalismo industrial
su influencia se hace notar de forma tan considerable que el escritor ruso
N. Popov
(6)
tiene toda la razón al decir que en aquella política ”había
una gota del veneno de la burguesía rusa”. Esta aspiraba a desembarazarse
de la competencia de las burguesías nacionales y a ejercer el monopolio
de la explotación de las masas populares de todo el Imperio. Y cuando,
al entrar en la guerra mundial, Rusia declaró abiertamente su intención
de apoderarse de Constantinopla y de gran parte del territorio turco, y
eso aparte de otros planes de conquista, esta declaración encontró
digna correspondencia dentro del país con la acentuación de
la opresión nacional. Los terratenientes y la burguesía actuaban
pues, en este sentido, perfectamente de acuerdo.
La revolución de febrero, que derrocó la autocracia y llevó
al poder a la burguesía, desencadenó en toda la extensión
de lo que había sido el imperio zarista un formidable movimiento
de emancipación de las nacionalidades. Y mientras en la revolución
de 1905 las naciones más atrasadas y oprimidas se mantienen en una
actitud pasiva, en la de 1917 se caracterizan por una participación
extraordinariamente activa. Esto se explica por el desarrollo considerable
del capitalismo durante esos doce años, y por la extensión
y profundidad de la revolución, que había movilizado a masas
inmensas y que se orientaba históricamente hacia la destrucción
radical de los cimientos de la vieja sociedad. Otra vez se hacía evidente
que el problema de la liberación nacional es inseparable del de la
revolución democrática en general. A partir de aquel momento,
el primero no podía sino seguir las vicisitudes de la segunda, que,
realizada con el esfuerzo heroico de las masas obreras y campesinas, fue
escamoteada por la burguesía y desnaturalizada por los partidos pequeño-burgueses.
Al principio, siguiendo el ritmo general de la revolución, Ios
elementos pequeño-burgueses, y, muy en especial, los intelectuales,
producto del desarrollo capitalista al que hemos aludido, desempetian el
papel principal, se apoderan de la dirección y crean ”Consejos nacionales”
en Letonia, Estonia, Georgia, Armenia, y entre los kirguises, la ”Rada”
de Ucrania, los ”Kurultai” de Crimea y Bashkiria, etc. Algunos de estos
consejos pusieron de manifiesto tendencias absorbentes respecto a los pueblos
vecinos más débiles. La burguesía tártara, por
ejemplo, aspiraba a someter a los kirguises, los bashkires y otros, y la
de Bakú se proponía absorber a los pueblos musulmanes más
débiles del Cáucaso. El movimiento tendía, pues, bajo
esta dirección y con la bandera de la emancipación nacional,
a sustituir la opresión de la burguesía rusa por la de la burguesía
indígena; lo cual creaba conflictos constantes entre los ”Consejos
Nacionales” y el Gobierno Provisional, que representaba los intereses de
la burguesía rusa, por un lado, y por otro entre las masas trabajadoras
de cada nación y su burguesía, a medida que iba creciendo
la oleada revolucionaria.
El Gobierno Provisional que ocupó el poder como consecuencia
de la revolución de febrero, o, mejor dicho, de su escamoteo, representaba
fundamentalmente los intereses de la burguesía, la cual, según
la conocida expresión de Trotsky, se había puesto al frente
de la revolución con el objeto de decapitarla. Poco podían
esperar las nacionalidades oprimidas de un gobierno en el que eran ministros
de Estado y de Guerra, respectivamente, Miliukov y Guchkov, representantes
de la burguesía imperialista.
La burguesía de las nacionalidades aspiraba a ejercer el poder
en el propio país, a disfrutar del monopolio de la explotación
de sus compatriotas y a preservarse de la competencia rusa. De ahí
sus tendencias autonomistas y federalistas. Si el Gobierno Provisional hubiera
satisfecho estas aspiraciones, hubiera encontrado posiblemente en las burguesías
nacionales un aliado contra los ”excesos” revolucionarios y la influencia
creciente del bolchevismo.
Pero los dirigentes de Rusia, que en política exterior defendían
un programa de conquistas y anexiones, siguieron en política interior
las huellas del zarismo, sólo que disimulando sus verdaderas intenciones
adaptándose verbalmente a las aspiraciones de las masas populares
que los habían llevado al poder. El Gobierno Provisional publicaba
declaraciones pomposas a favor de los derechos de los pueblos. En realidad,
lo que perseguía era la sumisión de nuevos territorios, la
consolidación del poder de la burguesía. El problema nacional
no podía resolverlo, por cuanto cada medida adoptada por el centro
chocaba con la resistencia de los grupos burgueses de las nacionalidades más
avanzadas económicamente, que aspiraban a independizarse del Estado
ruso. La política de nacionalidades del Gobierno Provisional, idéntica
en el fondo a la del zarismo, fomentaba las tendencias separatistas.
Una de las acusaciones fundamentales lanzadas contra los bolcheviques
por la burguesía liberal y el radicalismo y el socialismo pequeño-burgueses
es la de haber destruido, con la instauración de la dictadura del
proletariado, la revolución democrática realizada por el Gobierno
Provisional. Si se entiende por revolución democrática la simple
sustitución de la monarquía por un régimen de dominación
burguesa que deje en pie las bases del régimen anterior, la acusación
está plenamente justificada. Pero si se entiende por revolución
democrática la solución radical de los problemas planteados
por esta revolución, y que son, ante todo, el problema agrario y
el de las nacionalidades, debemos admitir que los bolcheviques, tomando
el poder, realizaron aquella revolución democrática que la
burguesía no podía ya llevar a término. La experiencia
de la revolución rusa – y de la española – demuestra precisamente
que en la época actual hay un solo camino que conduzca a la solución
de todos los problemas de la revolución democrático-burguesa:
la dictadura del proletariado. Esto explica que el Gobierno Provisional mantuviera,
en lo sustancial, el estado de cosas anterior.
La política nacional del Gobierno Provisional estaba inspirada
fundamentalmente por el ”Partido de la Libertad Popular”, o ”constitucionales-demócratas”
(cadetes), representante de la alta burguesía rusa. En el séptimo
congreso del partido, celebrado en mayo de 1917, Miliukov, ministro de Estado,
definía la posición de los ”cadetes” en estos términos:
”El Partido de la Libertad Popular intenta encontrar una solución
que permita a las diversas regiones rusas instituir una autonomía
en base a una legislación propia sin que, al mismo tiempo, destruya
la unidad estatal de Rusia. La conservación de la unidad estatal de
Rusia es el límite dictado para las resoluciones extremas del Partido,
que considera imposible la disgregación del Estado en unidades soberanas
independientes... El Partido de la Libertad Popular no considera que sea
acertada, en el momento actual, la solución del problema en el sentido
de la organización nacional territorial...”
Este fue el camino que siguió el Gobierno Provisional. Verbalmente
se llegaba, todo lo más, a la autonomía cultural; en la práctica,
persistían las peores tradiciones del zarismo.
Cierto que uno de sus primeros actos fue la abolición de las
restricciones nacionales y religiosas; pero esta abolición la exigían
desde hacía tiempo los intereses del desarrollo capitalista. Este
acto no tenía más alcance, como ha dicho S. Dimanstein, que
”abolir la forma zoológica del yugo nacional para determinados individuos,
mientras que la nación como tal no obtenía ningún derecho”.
En cuanto a Finlandia, el Gobierno Provisional no supo satisfacer unas
aspiraciones que, de entrada, no iban más allá de una amplia
autonomía, y cuando se planteó el primer conflicto disolvió
el ”Sejm” valiéndose de la fuerza armada.
Adoptó una actitud idéntica respecto a Ucrania, rechazando
sus modestas aspiraciones y prohibiendo la reunión de congresos populares;
lo cual provocó el profundo descontento de los ucranianos y un violento
artículo de Lenin acusando a Kerenski de fomentar el separatismo
y de traicionar no sólo al socialismo, sino también al democratismo.
Como único acto positivo hay que señalar la proclamación
de la independencia de Polonia en un manifiesto dirigido a los polacos...
cuando este país estaba ocupado por los alemanes.
Esta política de la burguesía rusa, secundada por los
socialistas-revolucionarios y los mencheviques, puso a todas las nacionalidades
oprimidas contra el Gobierno Provisional. Paralelamente, sin embargo, tenía
lugar un proceso de diferenciación particularmente intenso allí
donde el proceso de evolución capitalista estaba más adelantado.
Desde antes de la revolución de octubre, el sector más avanzado
del proletariado de Ucrania, Letonia, Estonia, etc., y, en Oriente, las masas
trabajadoras tártaras, lucharon valientemente tanto contra el Gobierno
central como contra la burguesía chovinista local. Las masas populares
de las naciones oprimidas iban incorporándose a la acción revolucionaria
acaudillada por el proletariado de todos los territorios del ex imperio.
Lo demuestra elocuentemente el hecho de que en la ”Asamblea Democrática”
convocada por Kerenski la gran mayoría de los representantes de los
grupos nacionales (40 sobre 55), incluidos los que pertenecían a partidos
pequeño-burgueses, votaran contra la coalición gubernamental
con la burguesía. En su famoso folleto ¿Se mantendrán
los bolcheviques en el poder?, Lenin, comentando este hecho, decía:
”La política anexionista, brutal y opresora del bonapartista Kerenski
y compañía en relación a las nacionalidades oprimidas
de Rusia ha dado sus frutos. La gran masa de la población de estas
naciones, sin excluir a la pequeria burguesía, confía más
en el proletariado de Rusia que en la burguesía. La historia ha puesto
en la orden del día la lucha de las naciones oprimidas contra los
opresores y por la emancipación. La burguesía ha traicionado
canallescamente la causa de la liberación de las naciones oprimidas.
El proletariado es fiel a esta causa”.
En septiembre de 1917, el Gobierno Provisional, asustado por el avance
impetuoso de la revolución proletaria que, bajo la dirección
de los bolcheviques, se encaminaba decididamente a la toma del poder, arrastrando
a la lucha a todas las masas oprimidas y explotadas del país, reconoció
solemnemente ”el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación,
de acuerdo con las bases que elaborará la Asamblea Constituyente”,
y prometió ”preparar y publicar leyes que garantitizaran a las minorías
nacionales el empleo de la lengua materna en la escuela, en los tribunales,
en los órganos administrativos y en las relaciones con el Estado”.
Esta declaración, impuesta por las circunstancias, y muy en particular
por la popularidad inmensa que había logrado el programa de nacionalidades
de los bolcheviques, llegaba con retraso. Ya nada podía evitar que
los movimientos de emancipación nacional, como la lucha de los campesinos
por la tierra, se fundieran con la revolución que, al cabo de un
mes, llevaba al poder al proletariado.
III. La cuestión nacional y el movimiento obrero ruso
La actitud de las primeras organizaciones revolucionarias. - La socialdemocracia
rusa y los movimientos nacionales:a) antes de la guerra imperialista; b)
durante la guerra y la primera revolución de 1917. - Los partidos
nacionales y la unidad del proletariado de toda Rusia.
En un Estado típicamente plurinacional como la Rusia zarista,
el movimiento obrero revolucionario tenía por fuerza que enfrentarse,
desde sus comienzos, con el problema vivo de las nacionalidades oprimidas,
tanto más cuanto que, como hemos visto, en un gran número
de casos se veían sometidas a un régimen puramente colonial.
La aparición del movimiento obrero, a finales del siglo pasado, coincide
precisamente con la recrudescencia del problema nacional, como resultado
del desarrollo general del movimiento democrático-burgués,
del que no es sino un aspecto, y que se inicia mucho más tarde que
en el resto de Europa por las razones de carácter económico
que ya hemos señalado. Eludir el problema era imposible, al estar
vinculado íntimamente con la causa emancipadora del pueblo, de la
que el proletariado había de convertirse en dirigente. Era una realidad
viva ante la cual la clase trabajadora no podía mostrarse indiferente,
era una situación concreta sobre la que debía operar. ”No fue
el proletariado – decía Trotsky en 1907quien edificó ese Estado
monstruoso del que no es en absoluto responsable... Para los obreros del
Imperio ruso son las cadenas que le han sido impuestas por la historia y,
al mismo tiempo, la palestra en la que se desarrolla su lucha de clase. Aquí
estamos, sobre este suelo impregnado de crímenes, pero no lo hemos
creado, no lo hemos elegido sino que nos lo han transferido como una dura
realidad, y lo que queremos es limpiarle la suciedad y la sangre y hacerlo
apto para la edificación pacífica de los pueblos.”
Transcurrirán muchos años, sin embargo, antes de que el
movimiento obrero revolucionario consiga elaborar un programa y una táctica
consistentes respecto a la cuestión nacional. Pero ninguna de sus
fracciones adoptó una actitud favorable al mantenimiento de una unidad
basada en la violencia más ignominiosa y en la violación más
cínica de los pueblos.
Antes de la aparición del marxismo, la actitud de las organizaciones
revolucionarias ante el problema de las nacionalidades estaba aquejada por
los defectos característicos de la ideología de un movimiento
que, debido a la debilidad numérica del proletariado en un país
esencialmente campesino, estaba todavía en la infancia: la imprecisión,
el confusionismo. Tanto Zemliá i Vólia (Tierra y Libertad)
como Naródnaia Vólia (Libertad del Pueblo), e incluso Tchorni
Perediel (Reparto Negro) – que se acercaba ya a las posiciones marxistas
–, que estaban influidos fuertemente por el bakuninismo, comprenden la importancia
del problema, y aunque, como es lógico, no logren todavía formular
su actitud con la claridad con que lo hace mucho más tarde el bolchevismo,
presienten, en medio de confusiones explicables, su trascendencia revolucionaria.
En el programa adoptado por Zemliá i Vólia
en 1878,
encontramos, por ejemplo, los puntos siguientes:
”2. En cuanto al ideal político, reconocemos que el pueblo ruso
aspira a la plena autonomía local, aunque es dudoso que en lo referente
a las relaciones entre los municipios y con el exterior el pueblo tenga
ideas concretas. En nuestra opinión, cada unión de municipios
deberá definir qué parte de las funciones sociales cede al
gobierno que forme. Nuestra obligación es tan sólo la de disminuir
esta parte lo más posible.
”4. Formar parte del actual Imperio ruso regiones, e incluso nacionalidades,
como Pequeña Rusia
(7)
, Polonia, el Cáucaso y otras, que están dispuestas a separarse
en cuanto les sea posible. Nuestro deber está, por lo tanto, en estimular
la división del actual Imperio ruso en partes, de acuerdo con los
deseos locales”.
Entre la confusión ideológica y el vago federalismo de
estas concepciones destaca, sin embargo, una idea revolucionaria central,
que constituye el eje de la política proletaria en la cuestión
de las nacionalidades: romper el unitarismo opresor de los grandes Estados
con el apoyo directo a las luchas emancipadoras de las naciones.
La posición de Naródnaia Vólia, aunque influida
directamente por el federalismo bakuninista, sentimental e impreciso, representa
un paso adelante respecto a su antecesora inmediata, Zemliá i Vólia.
En ella destaca, en particular, la afirmación de la superior solidaridad
entre todos los explotados, y, al mismo tiempo, la reivindicación
categórica del derecho a la independencia.
Para Naródnaia Vólia no existen diferencias nacionales.
Todos los desheredados y oprimidos son ”sus hermanos y compañeros”.
Aquello que se denomina ”conciencia nacional”, de la que se sirven los
explotadores para dividir a la clase obrera, debe sustituirse por la ”conciencia
social”, destinada a romper las barreras que separan a los trabajadores
de todos los países.
Esta solidaridad social de los trabajadores de todo el mundo no excluye
el derecho a la independencia política. Al contrario, Naródnaia
Vólia propugna decididamente este derecho. ”Los pueblos incorporados
por la fuerza a la monarquía zarista son libres de separarse de Rusia
o de permanecer en ella” – dice el ”Programa de los obreros de Naródnaia
Vólia”. El derecho a la independencia, sin embargo – y aquí
es donde radica la discrepancia fundamental con la actitud del bolchevismo
–, sólo se otorga a los pueblos ”una vez establecidas las bases del
nuevo régimen”. Tanto para la obra constructiva de este nuevo régimen
como para la destrucción del anterior es indispensable la acción
común de los trabajadores de todas las nacionalidades.
En su actuación práctica, a pesar de todo, Naródnaia
Vólia evidenciaba una extraordinaria inconsistencia en lo relativo
a la cuestión nacional. Señalaremos, como hecho más
característico, su interpretación de los pogroms de 1881, a
los que consideró como el comienzo de la insurrección contra
el viejo régimen. ¡ El salvajismo antisemita, uno de los recursos
predilectos de la reacción, considerado como rebelión contra
el zarismo ! ¡ Sólo el anarquismo embrionario de aquella heroica
organización revolucionaria podía conducir a una conclusión
tan absurda!
Tchorni Perediel se proclamaba ”socialista federal”. En 1881, Plejanov,
el futuro introductor del marxismo en Rusia, que por entonces había
fundado dicha organización, definía su actitud ante la cuestión
nacional en los siguientes términos: ”En nuestra opinión,
en la esfera política la organización debe permanecer fiel
a los principios del federalismo. El Imperio ruso debe disgregarse en organismos
independientes, en concordancia con sus regiones naturales”.
Un año más tarde, sin embargo, ya rectificaba radicalmente
su punto de vista. ”Actualmente – decía – estoy decididamente en
contra del federalismo. Pienso que el jacobinismo es mejor que esta reacción
pequeño-burguesa.”
Para comprender los motivos psicológicos de esta declaración
tan categórica, que hace pensar en una aceptación pura y simple
del centralismo jacobino, hay que tomar en cuenta que, precisamente en
aquella época, Plejanov había renunciado completamente a
la ideología populista, de la que había sido uno de los representantes
más destacados, adoptando la doctrina marxista. Más tarde
aceptó plenamente la fórmula del ”derecho a la autodeterminación”,
como demuestra la defensa apasionada que realiza de esta fórmula
en un artículo publicado en 1902, en el que preconiza su inclusión
en el programa del Partido Socialdemócrata. Según él,
la reivindicación del derecho a la autodeterminación no es
obligatoria para los demócratas burgueses, pero sí lo es para
los socialistas. ”Si lo olvidáramos – dice –, si no nos decidiéramos
a propugnarlo por miedo a herir los prejuicios nacionales de nuestros contemporáneos
de la raza granrusa, la consigna: ”¡ Proletarios de todos los países,
uníos !”, sería una mentira en nuestros labios”. Y mucho antes,
en 1896, en un discurso en memoria de cuatro socialistas ejecutados en
Varsovia, había ya afirmado solemnemente que el proletariado ruso
lucharía al lado del pueblo polaco.
Con la incorporación definitiva del movimiento obrero ruso al
marxismo, la posición de la vanguardia consciente de la clase obrera
ante los problemas fundamentales que el país tiene planteados gana
en concreción y consistencia. Uno de estos problemas, y no de los
menos importantes, era el de las nacionalidades.
Desde la aparición de los primeros núcleos socialdemócratas,
el problema es objeto de una atención preferente. La doctrina de
nacionalidades, sin embargo, es el resultado de un largo proceso de elaboración,
impulsado y enriquecido por la amplia experiencia proporcionada por uno de
los Estados plurinacionales más típicos. Y, como es de suponer
en un problema de tanta importancia y tan íntimamente vinculado con
el de la revolución democrático-burguesa, aparecen desde el
primer momento dos tendencias principales: la que encontraba su expresión
en la fórmula austríaca de la ”autonomía cultural”,
sostenida por el Bund, partido socialista judío, y por los mencheviques,
y la de los bolcheviques, que, gracias sobre todo a la contribución
de Lenin y a un trabajo teórico tenaz que llega a conclusiones definitivas
en el curso de los años de la guerra imperialista, lograron construir,
partiendo de las posiciones fundamentales del marxismo, una doctrina vigorosa.
El congreso constitutivo del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso,
celebrado en 1898, no se pronunció sobre el problema de las nacionalidades;
lo cual no tiene nada de sorprendente si se toma en consideración
el hecho de que se limitó a lanzar un manifiesto a los obreros y ni
siquiera esbozó un programa. El verdadero congreso de constitución
fue el de 1903, celebrado en el extranjero.
La socialdemocracia naciente, sin embargo, se interesaba intensamente
por la cuestión nacional.
Hemos visto ya la forma inequívoca y categórica en que
se expresaba Plejanov. Lenin, por su parte, ya se pronuncia, en los inicios
de su actuación, con el mismo vigor que caracteriza todos sus trabajos
ulteriores. En el opúsculo: ¿Quiénes son los Amigos
del Pueblo?, escrito en 1894, señala la importancia del problema
y las líneas generales de su solución; en el proyecto de programa
del Partido, redactado en 1896, consigna ”la igualdad absoluta de los derechos
de todas las nacionalidades”, y en las páginas de ”Iskra”, fundada
en 1900, la política de opresión nacional del zarismo está
condenada constantemente con indignación. ”Somos tan esclavos –
dice en ellas, por ejemplo, Lenin, hablando de las violencias de la autocracia
contra Finlandia –, que se sirven de nosotros para esclavizar a otros pueblos”
(8)
.
En el programa aprobado por el congreso de 1903, que fue precedido de
una amplia discusión en las páginas de ”Iskra” acerca de
todos los problemas fundamentales, y, muy particularmente, acerca del de
las nacionalidades, figuran tres puntos, el 7, el 8 y el 9, en los que
se precisa la actitud del Partido respecto a este problema. He aquí
cómo están formulados
”7. Abolición de las castas e igualdad completa de todos los
ciudadanos, cualquiera que sea su religión, raza y nacionalidad.
”8. Derecho de la población a recibir instrucción en la
lengua materna, garantizado por la creación de escuelas con este
objeto por cuenta del Estado y de los órganos económicos;
derecho de todos los ciudadanos a emplear la lengua materna en las reuniones;
empleo de la lengua materna, junto con la lengua oficial del Estado, en
todas las instituciones locales y estatales.
”9. Derecho a la autodeterminación de todas las naciones que
forman el Estado.”
Las resoluciones adoptadas en los congresos y conferencias durante la
década siguiente no aportan nada nuevo a la política de nacionalidades
del Partido. En vísperas de la guerra, con la agravación
general de las contradicciones económicas y políticas, anunciadoras
de conmociones próximas y profundas, el problema de las nacionalidades
adquiere gran relieve y tiene repercusiones importantes en el movimiento
obrero, en el que, en ciertos sectores, se manifiestan tendencias revisionistas.
Todo ello obliga a la conferencia del Partido Socialdemócrata reunida
en septiembre de 1913 a precisar su actitud en una resolución especial.
En el primer punto de esta resolución se reafirman los principios
generales del Partido respecto al problema: régimen democrático
integral que garantice la completa igualdad de derechos de todas las naciones
y todas las lenguas, ausencia de un idioma oficial obligatorio, abolición
de los privilegios de la nación que los tenga, etc.
En el segundo y tercer puntos se reitera la condena del principio de
la ”autonomía cultural”, ”indiscutiblemente nocivo desde el punto
de vista de la democracia en general y de los intereses de la lucha de
clase del proletariado en particular”. Los dos últimos puntos, que
reproducimos íntegramente por su importancia, dicen:
”4. El Partido debe sostener incondicionalmente el derecho a la autodeterminación,
es decir, a la separación y a la formación de un Estado independiente,
de todas las naciones oprimidas por la monarquía zarista. Así
lo exigen tanto los principios fundamentales de la democracia en general
como, en particular, la inaudita opresión nacional de la mayoría
de los pueblos de Rusia por parte de la monarquía zarista, que representa,
respecto a los países vecinos de Europa y América, el más
reaccionario y bárbaro de los regímenes. Así lo exige,
además, la causa de la liberación de la misma población
de Gran Rusia, que será incapaz de crear un Estado democrático
si no se destierra el nacionalismo oscurantista ruso, sostenido por la tradición
de una sucesión de represiones sangrientas contra los movimientos
nacionales y fomentado de manera sistemática no sólo por la
monarquía zarista y todos los partidos reaccionarios, sino también,
en particular en el período de contrarrevolución, por el liberalismo
burgués gran-ruso, que se arrastra servilmente ante la monarquía.
”5. El derecho de las naciones a la autodeterminación (es decir,
el método completamente libre y democrático, garantizado
por la Constitución del Estado, de resolver la cuestión de
la separación) no debe confundirse con la utilidad de que tal o cual
nación se separen. Esta última cuestión debe resolverla
el Partido Socialdemócrata en cada caso concreto, desde el punto
de vista de los intereses de la evolución social y los de la lucha
del proletariado por el socialismo.”
Estos dos puntos señalan un paso adelante considerable respecto
a la posición anterior. El principio del ”derecho a la autodeterminación”
era aceptado hasta entonces por la mayoría de la socialdemocracia
por su vaguedad. Para muchos, este derecho no iba más allá
de la autonomía. La resolución de 1913 precisa que se trata
concretamente del derecho a la separación y a la constitución
en Estado independiente, tesis rechazada categóricamente por los mencheviques.
No tiene menos importancia la precisión formulada en el punto
quinto, que tiende a establecer límites entre la socialdemocracia
y el nacionalismo, subordinando su actitud a los intereses superiores del
socialismo.
La guerra imperialista puso de nuevo sobre la mesa el problema de las
nacionalidades e hizo que se manifestaran las discrepancias profundas que
existían entre las diferentes fracciones del movimiento obrero,
en el que el socialpatriotismo había hecho estragos.
La infección afectó también al bolchevismo; muchos
de sus adictos se desplomaron y se dejaron seducir por los cuentos de la
”guerra por el Derecho y la Civilización”; pero el partido, bajo
la poderosa influencia de Lenin, señaló desde el primer momento
el carácter netamente imperialista del conflicto y opuso a la consigna
de ”defensa de la patria” la de la transformación de la guerra imperialista
en guerra civil. Los bolcheviques rechazaron toda solidaridad no sólo
con los socialpatriotas descarados, como Scheidemann, Sudekun, Sembat, Thomas,
Henderson, Plejanov, etc., sino también con los socialistas de centro
(Kautsky) y con los internacionalistas tímidos que, como el ala izquierda
del menchevismo (Martov), no llevaban su actitud hasta las últimas
consecuencias, y en la práctica no sobrepasaban los límites
del pacifismo burgués.
Durante los años 1915-1916, la cuestión de los movimientos
nacionales se discutió intensamente en las filas del socialismo ruso.
En el bolchevismo se manifestó una tendencia, digamos de izquierda,
emparentada directamente con la de Rosa Luxemburg, y que tuvo a sus principales
defensores en Bujarin y Piatakov. En su programa, esta tendencia no concedía
ninguna importancia a los movimientos de emancipación nacional como
factor revolucionario, y se mantenía en una posición puramente
abstracta. Nada de ”reivindicaciones mínimas”, sino ”revolución
social”. La defensa de las reivindicaciones nacionales significa ”desviar
al proletariado de la solución efectiva del problema y su fusión
con los grupos nacionales de la burguesía”. La consigna de ”derecho
a la autodeterminación” es utópica, ”por cuanto es irrealizable
bajo el capitalismo”, y nociva, ”por cuanto suscita ilusiones”. Luchar contra
el chovinismo de las masas obreras de una nación dominadora mediante
el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación
es lo mismo que ”luchar contra este chovinismo mediante el reconocimiento
del derecho a la defensa por parte de la patria oprimida”. Hay que movilizar
al proletariado internacionalmente, propagar el indiferentismo por la ”patria”,
la ”nación”, etc. Ninguna ayuda al gobierno de una nación
dominadora, pero tampoco movilización de las fuerzas proletarias con
la consigna de ”derecho a la autodeterminación”. Lo que debe hacerse
es movilizar a las fuerzas obreras de todas las naciones con la consigna
de la guerra civil de clases por el socialismo.
He aquí, expuestas esquemáticamente, las tesis fundamentales
de esta tendencia de ”izquierda”, que fueron combatidas duramente por Lenin
y rechazadas por la práctica totalidad del partido.
En el período comprendido entre la revolución de febrero
y la de octubre, el problema nacional adquirió una acuidad particular.
Como ya hemos visto en el capítulo anterior, los movimientos de emancipación
de los pueblos oprimidos se intensificaron, se puso en evidencia su importancia
extraordinaria como factor revolucionario, y las ideas bolcheviques ganaron
terreno rápidamente, gracias sobre todo a la política equívoca
del Gobierno Provisional, inspirada en los intereses de la alta burguesía
rusa.
Y como, en las condiciones excepcionalmente favorables creadas por una
revolución que era fruto de un formidable levantamiento popular,
el problema pasaba de la esfera puramente abstracta a la de las realizaciones
prácticas, los partidos que representaban, o pretendían representar,
a la clase obrera se veían obligados a precisar sus posiciones.
Los socialistas-revolucionarios propugnaban un programa nacional confuso
y, en el fondo, reaccionario, que preconizaba un sistema de ”autonomías
regionales” que habría conducido a la disgregación y al predominio
de los colonizadores rusos en los pueblos alógenos. En la práctica,
los órganos centrales del partido lucharon contra los movimientos
nacionales, oponiéndose a las reivindicaciones liberadoras inmediatas
con el pretexto de que la Asamblea Constituyente resolvería el problema,
y participando directamente, desde el gobierno, en la política nacional
opresora impuesta por los representantes burgueses.
En el campo del menchevismo se manifestaban diversas tendencias. El
grupo ”Iedinstvo” (La Unidad), encabezado por Plejanov, sostenía
abiertamente las pretensiones imperialistas de la burguesía rusa.
Los mencheviques-defensistas, o partidarios de la llamada ”defensa revolucionaria”
del nuevo régimen contra el imperialismo alemán, rechazaban
el derecho de los pueblos a la separación, aplazaban la solución
del problema de las libertades nacionales hasta la reunión de la
Constituyente, y sostenían la política del Gobierno Provisional.
En el programa adoptado en el congreso de junio, y en la plataforma para
la Constituyente, los mencheviques se pasan definitivamente a la posición
de la burguesía rusa, limitándose a propugnar la autonomía
municipal, la conservación de la unidad del Estado y la autonomía
cultural.
No es necesario decir que los partidos nacionales de ideología
pequeño-burguesa, como el Bund judío, para citar sólo
al más importante, secundaron la política de los mencheviques
y los socialistas-revolucionarios, lo cual determinó la incorporación
al bolchevismo de gran parte de sus elementos obreros.
El partido bolchevique sostuvo íntegramente las líneas
generales de la política de nacionalidades elaborada a lo largo de
catorce o quince años.
En la conferencia de abril, de tan decisiva importancia para el desarrollo
del partido y de la revolución, el problema de las nacionalidades
se debatió ampliamente. Se manifestaron las dos tendencias que ya
conocemos: la del Comité Central, sostenida por Lenin, Stalin y Zinoviev,
y la de la ”izquierda”, defendida por Piatakov y Bujarin.
Stalin, que era el ponente, sostuvo la tesis de que ”debe otorgarse
a los pueblos oprimidos que forman parte de Rusia el derecho a decidir
por sí mismos si desean seguir siendo parte integrante del Estado
ruso o separarse de él para constituir un Estado independiente”.
Piatakov propugnó el punto de vista de su fracción, que
puede concretarse en el pasaje siguiente del proyecto de resolución
que presentó a la conferencia:
”Al mismo tiempo que desarrolla una lucha revolucionaria activa contra
toda opresión nacional y contra el mantenimiento por la fuerza, por
parte de la burguesía, de tales o cuales naciones en el marco de
un Estado determinado, el partido lleva a cabo una enérgica propaganda
entre el proletariado de la nación oprimida y los sectores de la
población que lo siguen en el sentido de que la creación de
Estados nacionales en las condiciones de la época imperialista, es
decir, en vísperas de la revolución socialista, es una utopía
nociva y reaccionaria”.
En aquellos momentos, el conflicto entre el Gobierno Provisional y Finlandia
había llegado a su punto culminante. En la práctica, la adopción
del punto de vista de Piatakov y Bujarin hubiera significado para los bolcheviques
la obligación de combatir las aspiraciones nacionales de los fineses
y, por lo tanto, sostener la política imperialista del Gobierno central.
Pero afortunadamente este punto de vista no triunfó, y la conferencia
adoptó, por mayoría de votos, una resolución en la
que se reafirmaban las tesis fundamentales del bolchevismo. La aplicación
por el partido de estas tesis, la defensa consecuente y encarnizada de los
derechos de las nacionalidades, hizo aumentar enormemente la influencia
del bolchevismo entre las masas populares de las naciones oprimidas, unió
al proletariado y al campesinado de todos los pueblos del ex-imperio a la
lucha común, y contribuyó poderosamente a la gloriosa victoria
de octubre.
Queremos insistir, para terminar este capítulo, en uno de los
aspectos de la doctrina de nacionalidades del marxismo revolucionario al
que ya nos hemos referido antes. El marxismo reconoce como inevitable el
principio de nacionalidades en la sociedad burguesa, lucha contra todas las
formas de opresión nacional y contra toda clase de privilegios de
un pueblo sobre otro, afirma el derecho indiscutible de todas las naciones
a disponer de sus destinos con libertad plena, pero es un enemigo irreconciliable
del nacionalismo y coloca por encima de todo la solidaridad de la clase obrera,
sin tomar en cuenta las diferencias nacionales.
Fieles a esta concepción, los marxistas revolucionarios combatieron
siempre, en Rusia, las tendencias pequeño-burguesas y nacionalistas,
y todo intento de división orgánica de los obreros de las
distintas naciones del Estado.
De ahí la lucha enérgica entablada desde el inicio del
movimiento contra el Bund judío, fundado en 1896, que sostenía
el principio de la ”autonomía cultural” y de la organización
del partido sobre bases federativas, y contra los partidos que, como el
P.P.S., la Alianza de los Socialdemócratas Armenios, los mencheviques
georgianos, la socialdemocracia ucraniana (que apoyó directamente
a Petliura), etc., estaban impregnados de nacionalismo pequeño-burgués
y seguían las huellas del Bund.
Todas las resoluciones de los congresos relativas a esta cuestión
reconocen el derecho indiscutible de los socialdemócratas de las
diferentes nacionalidades a desarrollar su propaganda en idioma materno y
a adaptar la propaganda a las características nacionales; pero afirman
la necesidad de la más estricta centralización del partido,
y, en consecuencia, de rechazar el principio federalista, y de garantizar
la unidad de acción del proletariado de todos los pueblos que son
parte integrante del Estado. El reconocimiento del derecho de los pueblos
a disponer de sus destinos no excluye esta unidad centralizada, sino que
más bien la presupone. ”La negación de este derecho – dice la
resolución de la conferencia bolchevique de abril de 1917 – y la
no adopción de medidas que garanticen su realización práctica
equivale a apoyar la política de conquistas o anexiones. Tan sólo
el reconocimiento por el proletariado del derecho de las naciones a la separación
asegura la solidaridad completa de los obreros de las distintas naciones
y contribuye a la fraternidad democrática efectiva de los pueblos.”
Junto con este reconocimiento teórico es necesaria, sin embargo, la
unidad de acción efectiva. ”Los intereses de la clase trabajadora
– afirma la misma resolución – exigen la fusión de los obreros
de todas las nacionalidades de Rusia en organizaciones proletarias únicas,
tanto políticas como sindicales, cooperativas, culturales, etc. Tan
sólo esta fusión en organizaciones únicas de los obreros
de las distintas nacionalidades ofrece al proletariado la posibilidad de sostener
victoriosamente la lucha contra el capital internacional y el nacionalismo
burgués.”
Hemos considerado necesario precisar este punto por cuanto no faltan
entre nosotros elementos que, con total desconocimiento de la posición
fundamental del bolchevismo ante la cuestión de las nacionalidades,
quisieran conducir al movimiento obrero de Cataluña a una independencia
orgánica en relación al movimiento español, que tendría
consecuencias funestas para la causa de la revolución proletaria en
general y serviría a la vez, al dividir a la masa trabajadora, los
intereses de la burguesía catalana y el imperialismo español.
IV. La politica de nacionalidades de Lenin
Las características de los movimientos nacionales y el deber
del socialismo. - La lucha por las reivindicaciones democráticas.
- Igualdad de derechos para todas las naciones. – El derecho a la autodeterminación.
- Centralismo, autonomía y federalismo. - Necesidad de la unión
de los obreros de todas las naciones.
Nada tan adecuado para coronar la exposición de los diferentes
puntos de vista sobre la cuestión nacional como resumir, a grandes
rasgos, la doctrina de Lenin, aplicación magnífica e insuperada
del método marxista por el estratega más genial que ha tenido
la clase obrera en todo el mundo
(9)
. Trataremos de no olvidar nada esencial, y, siempre que lo aconsejen
las exigencias de una mayor claridad, recurriremos a los mismos textos del
maestro.
El Estado nacional es la forma de organización política
que mejor responde a los intereses del capitalismo. Para que la producción
de mercancías pueda imponerse a las formas económicas anteriores,
es preciso que la burguesía conquiste el mercado interior, hay que
organizar en Estado el territorio cuya población hable un mismo idioma,
destruir todos los obstáculos que se opongan al desarrollo de este
idioma. Todo movimiento nacional tiende, por este motivo, a la creación
de Estados nacionales, y, por las mismas razones, la victoria definitiva
del capitalismo sobre el feudalismo ha estado vinculada íntimamente
con los movimientos nacionales, que desempeñan un papel importantísimo
en todas las revoluciones burguesas del siglo XIX.
En el desarrollo del capitalismo se manifiestan dos tendencias históricas
en relación a la cuestión nacional. La primera es el despertar
de la vida nacional, la lucha contra la opresión, la creación
de Estados independientes. La segunda es el desarrollo de las relaciones
entre los pueblos, el hundimiento de las barreras nacionales, la creación
de la unidad internacional del capital, de la vida económica, de
la política, de la ciencia, etc. La primera predomina en los inicios
del desarrollo del capitalismo; la segunda ”caracteriza al capitalismo en
período de madurez y en camino hacia su transformación en sociedad
socialista”.
Esta segunda tendencia es la característica de la etapa actual,
en la que marca el compás el imperialismo, es decir, la etapa más
elevada de la evolución del capitalismo.
”En los países más progresivos, el capitalismo ha sobrepasado,
en su evolución, las fronteras del Estado nacional”, ha reemplazado
la competencia por el monopolio y ha creado todas las condiciones necesarias
para la victoria del socialismo. El imperialismo engendra la lucha revolucionaria
por el derrocamiento del régimen capitalista, por cuanto exacerba
los antagonismos de clase ”tanto desde el punto de vista económico
– trusts, encarecimiento de la vida – como desde el punto de vista político:
desarrollo del militarismo, guerras, fortalecimiento de la reacción,
intensificación y extensión de la opresión nacional
y de la rapiña colonial”. Esta situación dicta un deber concreto
y preciso a la vanguardia del proletariado: la lucha contra todas las formas
de opresión nacional, contra toda clase de privilegios. ”El socialismo
victorioso debe realizar la democracia completa, y, por lo tanto, debe no
sólo hacer efectiva una plena igualdad de derechos entre las naciones,
sino también traducir en actos el derecho de autodeterminación
de las naciones oprimidas, es decir, reconocer el derecho a la libertad
de separación política. Los partidos socialistas que, en toda
su actividad, tanto antes como después de la revolución, no
sepan demostrar que liberarán a las naciones oprimidas y establecerán
sus relaciones con ellas en el terreno de la unión libre – pero semejante
unión no sería más que una frase engañosa sin
la libertad de separación –, serán unos traidores al socialismo.”
De todos modos, sostener el derecho de las naciones oprimidas a separarse
no significa aceptar la superioridad de la disgregación política,
de la constitución de pequeños Estados independientes. Por
el contrario, el proletariado aspira a la formación de grandes Estados,
cuanto mayores mejor, porque le resultan más ventajosos; su interés
está en acercar y fundir a las naciones; pero quiere conseguir este
objetivo ”no con la violencia, sino exclusivamente con la unión libre
y fraterna de los obreros y las masas populares de todas las naciones”.
Los movimientos de emancipación nacional son un aspecto de la
revolución democrática, o, dicho en otros términos,
de la lucha de la burguesía capitalista para eliminar completamente
las reminiscencias del feudalismo. Por esto la formación de los Estados
nacionales coincide en todas partes con el período de desarrollo capitalista,
y los movimientos nacionales adquieren mayor intensidad y amplitud allí
donde la burguesía no ha realizado aún su revolución.
La tendencia de estos movimientos es simplemente autonomista o separatista
según el grado de desarrollo económico del país. ”Si
en un país cuyo régimen estatal se distingue por rasgos característicos
precapitalistas acusados existe un territorio nacional con un rápido
desarrollo capitalista, cuando más rápido sea este desarrollo
tanto más fuertes serán las contradicciones entre este territorio
y el régimen político de la nación vinculada al Estado
por ataduras no típicamente capitalistas, sino asiático-despóticas.”
El proletariado debe apoyar todo lo que tengan de progresivo los movimientos
nacionales, sin confundir su actitud con la del nacionalismo burgués,
igual como apoya la lucha general por las reivindicaciones democráticas
sin confundirse con la burguesía.
No sólo no puede desentenderse de la lucha por cada una de estas
reivindicaciones, sino que debe convertirse en su defensor más decidido
y consecuente. ”Sería un gran error pensar que la lucha por la democracia
puede alejar al proletariado de la revolución socialista... Al contrario,
de la misma forma que la victoria del socialismo no es posible si no realiza
la democracia completa, el proletariado que no desarrolle una lucha tenaz
y revolucionaria por la democracia en todas las cuestiones no puede prepararse
para la victoria sobre la burguesía.”
Sería imperdonable, pues, abandonar un aspecto tan importante
del programa democrático como la lucha por las reivindicaciones nacionales.
No significa nada que la mayoría de estas reivindicaciones no puedan
ser satisfechas en el régimen capitalista. Si renunciáramos
a defenderlas, la burguesía se aprovecharía. Ahora bien, no
deben formularse de una manera reformista, sino revolucionaria, sobrepasando
los límites de la legalidad burguesa, arrastrando a las masas a la
lucha, conduciéndolas, al estimularlas al combate por cada reivindicación
democrática, ”al ataque directo contra la burguesía, es decir,
a la revolución socialista”, que puede surgir en relación
con cualquier episodio (una huelga, una manifestación, una rebelión
de las colonias, una crisis política, un referéndum, etc.).
”La intensificación de la opresión nacional en el período
del imperialismo empuja a los socialistas no a renunciar, como clama la
burguesía, a la lucha ‘utópica’ por la libertad de separación
de las naciones, sino que, por el contrario, les obliga a utilizar más
ampliamente todos los conflictos que surgen en este terreno para dirigir acciones
de masa y luchar revolucionariamente contra la burguesía.”
Si el proletariado no hace suyas las reivindicaciones democráticas,
la burguesía se servirá de ellas, como ya lo ha hecho repetidas
veces en el curso de la historia, para engañarlo.
”En la práctica, el proletariado sólo puede conservar
su independencia si subordina la lucha por todas las reivindicaciones democráticas,
incluida la de la República, a la lucha revolucionaria por el derrocamiento
de la burguesía. Por otra parte, contra los proudhonianos, que negaban
el problema nacional en nombre de la revolución social, Marx pone
en primer término, sosteniendo primordialmente los intereses de la
lucha de clase del proletariado en los países avanzados, el principio
fundamental del internacionalismo y del socialismo: ‘el pueblo que oprime
a otro no puede ser libre’.”
Es evidente que los intereses de la vida económica, la necesidad
de facilitar las relaciones, obligan a los habitantes de las nacionalidades
que forman un Estado – ”mientras quieran vivir juntos” – a aprender el idioma
de la mayoría.
Basándose en esta necesidad, no pocos socialistas y comunistas
llegan a la conclusión monstruosa de que hay que impedir el desarrollo
de las lenguas nacionales e imponer la utilización del idioma oficial
del Estado, que es siempre el de la nación dominadora. Estos socialistas
y comunistas, aunque se cubren con la bandera del internacionalismo, son
en realidad unos chovinistas. Su punto de vista está más cerca
del imperialismo que del marxismo. ”Para que las distintas naciones puedan
vivir juntas, libremente y en paz, o puedan, cuando les convenga, separarse
constituyendo Estados separados, es necesario un democratismo completo,
sostenido por la clase obrera. ¡ Ningún privilegio para ninguna
nación ni ningún idioma! ¡ Ni la menor vejación
ni la más ínfima injusticia hacia la minoría nacional
!; he aquí los principios de la democracia obrera.” Toda disposición
que viole la igualdad de derechos de las naciones debe declararse ilegal,
y ”cualquier ciudadano del Estado debe tener el derecho de exigir la abolición
de esta disposición como anticonstitucional y el castigo de los que
la pongan en práctica”.
Si se respetan los derechos de las naciones, si ninguna de ellas disfruta
de privilegios, si su igualdad es absoluta, si se observan los principios
verdaderamente democráticos, las mismas necesidades de la vida económica
determinarán – sin necesidad de privilegios ni vejaciones – el idioma
cuyo uso resulte más ventajoso para la mayoría de la población.
La defensa de la igualdad completa de derechos de todas las naciones
y todos los idiomas hace que en cada nación los obreros aparezcan
como los únicos elementos auténticamente demócratas,
los une en la aspiración común de mejorar la estructura política
del país y de garantizar la convivencia pacífica de los pueblos.
”Precisamente porque sentimos el orgullo nacional odiamos más que
nadie nuestro pasado de esclavitud, en el que la nobleza terrateniente conducía
a los campesinos a la guerra para ahogar la libertad de Hungría,
Polonia, Persia, China, y nuestro presente”, continuación de la política
opresora de ayer. ”Nadie es culpable de haber nacido esclavo; pero el esclavo
que no sólo no aspira a su liberación, sino que aun justifica
e idealiza su esclavitud (calificando, por ejemplo, de ‘defensa de la patria’
de los gran-rusos la opresión de Polonia, de Ucrania, etc.), ese
esclavo es un granuja y un canalla que provoca un sentimiento legitimo de
indignación, desprecio y asco.”
En el régimen capitalista es imposible destruir la opresión
nacional, porque para conseguirlo es necesario destruir las clases, es decir,
instaurar el socialismo. Pero sobre los fundamentos económicos del
socialismo hay que edificar una organización política que
se distinga por su democratismo en todos los aspectos, sin excluir la delimitación
de las fronteras del Estado de acuerdo con las simpatías de la población,
ni la libertad completa de separarse. Sólo de esta forma se eliminarán
los conflictos nacionales y la desconfianza, y se fomentará el acercamiento
y la fusión de los pueblos.
El principio fundamental del socialismo debe ser, pues, el derecho de
las naciones a la autodeterminación, que significa el derecho a
la independencia política, a separarse de la nación que ejerce
la opresión. En concreto, esta reivindicación significa ”la
plena libertad de agitación a favor de la separación y la
solución del problema de la separación mediante un referéndum
en la nación interesada, es decir, oprimida. No es pues equivalente
a la reivindicación de la separación, de la formación
de pequeños Estados, sino que es tan sólo una expresión
consecuente de la lucha contra toda clase de opresión nacional”.
La aceptación de este derecho no implica la obligación
de apoyar toda reivindicación concreta de independencia, igual como
”admitir el derecho de todos los ciudadanos a organizar asociaciones libremente
no nos obliga a apoyar la fundación de cualquier asociación”,
o como el reconocimiento del derecho al divorcio no nos obliga a apoyarlo
en todos los casos. Las reivindicaciones democráticas parciales, entre
ellas el derecho a la autodeterminación, no tienen un valor absoluto,
sino que son una parte del movimiento socialista internacional. En casos
determinados estas reivindicaciones parciales pueden estar en contradicción
con los intereses generales del movimiento, y entonces hay que rechazarlas.
El derecho a la autodeterminación no fomenta el separatismo,
sino que, por el contrario, puesto que comporta ”el máximo de democratismo
y el mínimo de nacionalismo”, disminuye el peligro de ”disgregación
del Estado”. Cuanto más garantizada esté la libertad de separación,
tanto más se debilitarán las tendencias secesionistas.
El socialismo no tiene sólo como objetivo la supresión
de los pequeños Estados y de la división de las naciones, sino
también su fusión. Pero precisamente por esto hay que reivindicar
la liberación de las naciones oprimidas de forma clara y precisa.
”De la misma forma como la humanidad sólo puede llegar a la supresión
de las clases a través del período transitorio de la dictadura
de las clases oprimidas, sólo puede llegar a la fusión, inevitable,
de las naciones a través del período transitorio de la liberación
completa, es decir, de la libertad de separación de todas las naciones
oprimidas.”
Si el proletariado no reconociera el derecho a la autodeterminación,
su internacionalismo sería una palabra vacía, y la solidaridad
de clase entre los trabajadores de las naciones oprimidas y los de las naciones
dominadoras seria imposible.
”El hecho de que la lucha contra un gobierno imperialista por la libertad
nacional pueda, en determinadas circunstancias, ser explotada por otra ‘gran
potencia’ para sus fines igualmente imperialistas no puede obligar a la
socialdemocracia a renunciar al reconocimiento del derecho de las naciones
a la autodeterminación”, así como el hecho de que la burguesía
utilice las reivindicaciones republicanas para engañar a las masas
no puede impeler a los socialistas a mantenerse indiferentes ante la cuestión
de la forma de gobierno. Y no es necesario decir que es ridículo rechazar
la fórmula del derecho a la autodeterminación con el pretexto
de que presupone la ”defensa de la patria”, que está subordinada,
como todo, a los intereses generales del género humano. Los marxistas
revolucionarios rechazaron la defensa de la patria en la guerra imperialista,
pero admiten las guerras de carácter progresivo, como, por ejemplo,
la de la Gran Revolución francesa o la de los garibaldinos.
El derecho de los pueblos a la autodeterminación ha sido calificado
de utópico por los representantes de la fracción llamada de
izquierda. En realidad, la que tiene interés en que esta reivindicación
sea ”realizable” a su manera es la burguesía. De ahí su política
constante de gitanerías con la burguesía de las demás
naciones en perjuicio del proletariado. A éste, lo que le interesa
es ”reforzar a su clase contra la burguesía, educar a las masas en
el espíritu del democratismo y el socialismo consecuentes”. Desde
el punto de vista de la burguesía nacionalista de cada país,
la política de nacionalidades de la clase obrera está privada
de sentido práctico, por cuanto que, ”siendo enemiga de toda clase
de nacionalismo, exige una igualdad abstracta de derechos y la desaparición
de toda clase de privilegios”. ”Cuando la burguesía de una nación
oprimida lucha contra la opresora estamos siempre de su lado, en todos los
casos y decididamente, porque somos los enemigos más denodados y
consecuentes de la opresión. Cuando la burguesía de una nación
oprimida defiende su nacionalismo burgués estamos en contra suya.”
La clase obrera, siempre que no sea a expensas del derecho de nadie,
tendrá preferencia por un gran Estado centralizado en cuyo vasto
territorio las relaciones y el desarrollo económico serán más
fáciles y podrá desenvolverse con mayor amplitud la lucha
de clases. Un gran Estado representa un paso adelante respecto al particularismo
y la disgregación medievales, y un terreno más favorable
para el avance hacia el socialismo.
Se puede ser, sin embargo, partidario del centralismo y adversario decidido
del principio federativo y, a pesar de todo, preferirse a la desigualdad
de derechos de las naciones el régimen federativo, como único
camino que puede conducir a un centralismo democrático completo.
¿Se debe sustituir el ”derecho a la autodeterminación”
por el ”derecho a la federación” o a la autonomía? El ”derecho
a la federación” no tiene ningún sentido, por cuanto la federación
es un contrato bilateral. El derecho a la autodeterminación es infinitamente
más democrático, porque parte exclusivamente de la voluntad
de la nación oprimida. ”Los marxistas no pueden, pues, incluir en
su programa la defensa del federalismo; no se puede ni hablar de esto.”
En cuanto a la autonomía, no la defienden como un derecho, sino
en sí misma, como principio general de los Estados democráticos
de composición nacional heterogénea. Reconocer el ”derecho
de las naciones a la autonomía sería tan absurdo como el derecho
a la federación”. ”La autonomía, como reforma, se diferencia
fundamentalmente de la libertad de separación como medida revolucionaria.
Como todo el mundo sabe, sin embargo, en la práctica la reforma no
es a menudo otra cosa que un paso hacia la revolución. La autonomía
permite a las naciones retenidas a la fuerza dentro de las fronteras de
un Estado constituirse definitivamente como nación, agrupar, conocer,
organizar sus fuerzas, elegir el momento oportuno para declarar... al estilo
noruego: Nosotros, parlamento autónomo de la nación o la región
tal, declaramos que el emperador de Rusia ha dejado de ser rey de Polonia,
etc.”
El marxismo afirma, pues, como principio general el del ”derecho de
los pueblos a la autodeterminación”, y, aun siendo partidario del
centralismo, acepta transitoriamente el principio federativo como un paso
adelante entre el unitarismo despótico y el Estado democrático
centralizado.
Hay que tener en cuenta, sin embargo – y esta precisión tiene
una importancia extraordinaria –, que al defender el centralismo los marxistas
se refieren concretamente al centralismo democrático, que no tiene
ninguna relación con la arbitrariedad y el burocratismo, y no sólo
no excluye la más amplia autonomía municipal, regional y nacional,
sino que la presupone. ”La intervención burocrática en las
cuestiones puramente nacionales, regionales, etc., es uno de los mayores
obstáculos para el desarrollo económico y político en
general, y, en particular, para el centralismo en las cuestiones serias, fundamentales.”
La fórmula marxista no presupone la ”obligación”, sino
el ”derecho” a separarse, y, por lo tanto, no puede considerarse separatista;
por el contrario, es la única susceptible de garantizar la convivencia
pacífica de los pueblos, de favorecer su unificación, y,
sobre todo, de asegurar la solidaridad y la unidad de acción de
los obreros de todas las naciones, sin la cual es imposible la emancipación
de los pueblos sometidos.
Cuando los obreros de la nación dominadora secundan objetivamente,
por incomprensión de los problemas nacionales o por indiferencia,
la política de opresión sobre otros pueblos, o cuando las masas
trabajadoras de éstos se identifican con el chovinismo de su propia
burguesía, surge la desconfianza entre los proletarios de las diferentes
naciones, el frente único de los explotados queda roto, y se hace
imposible su victoria contra el enemigo común. ”Si un marxista de
Ucrania se dejara arrastrar por el odio, completamente legítimo y
natural, hacia los opresores rusos, hasta el punto de hacer objeto de este
odio, así fuera en proporciones insignificantes, la cultura y la causa
proletarias de los obreros de Gran Rusia, o se mostrara distante de ellas,
este marxista se hundiría en la ciénaga nacionalista. Igual
como el marxista ruso que se olvidara, ni que fuera por un instante, de exigir
la igualdad absoluta de los derechos de los ucranianos y su derecho a crear
un Estado independiente, caería en la ciénaga del nacionalismo
no sólo burgués, sino oscurantista.”
El proletariado, por las mismas condiciones en que le sitúa el
desarrollo del capitalismo, que le obliga a trasladarse de un sitio a otro
para vender su fuerza de trabajo, es fundamentalmente incompatible tanto
con el nacionalismo mezquino y salvaje de la nación dominadora como
con el chovinismo de los sectores burgueses de los pueblos oprimidos. Libre
de prejuicios nacionalistas, considera como un hecho progresivo el proceso
de asimilación natural de las naciones por el capitalismo, al mismo
tiempo que se opone decididamente a la asimilación mediante la violencia.
”Naturalmente, cualquier demócrata, sin hablar ya de los marxistas,
luchará resueltamente contra la inaudita opresión de los
ucranianos y exigirá su completa igualdad de derechos. Pero sería
una traición directa al socialismo, y una política estúpida,
incluso desde el punto de vista de las ”finalidades nacionales burguesas”,
debilitar el lazo que une actualmente, dentro de las fronteras de un mismo
Estado, al proletariado ucraniano y ruso.”
La única fuerza capaz de liquidar a las clases explotadoras es
el proletariado, aliado con el campesinado, que constituye la masa democrática
fundamental. Todo intento orientado a dividir o a debilitar esta fuerza,
cuya victoria convertiría en imposible la opresión de las naciones,
es una traición a la causa democrática. Por esto deben rechazarse
enérgicamente las teorías que, como la de la escuela austríaca,
conducen, con su famosa fórmula de ”autonomía cultural”,
a la división de los trabajadores. En cada Estado los obreros deben
actuar vinculados estrechamente en organizaciones unificadas, no constituidas
en base al principio nacional, sino al de la clase. ”Los obreros conscientes
sostienen la unidad completa de los trabajadores de todas las naciones
en todas las organizaciones culturales, sindicales, políticas, etc.”,
en las que defienden, de común acuerdo, fraternalmente, ”la libertad
y la igualdad de derechos completas, que son prenda de la cultura verdadera”.
De esta forma, los obreros crearán en todo el mundo ”su propia cultura,
una cultura internacional preparada desde hace mucho tiempo por los que
propugnan la libertad y por los enemigos de la opresión.
El programa de nacionalidades de Lenin, que acabamos de resumir, puede
concretarse, pues, en los puntos fundamentales siguientes; a) apoyar todo
lo que tengan de progresivo los movimientos nacionales; b) considerar estos
movimientos como un factor revolucionario de primer orden y uno de los aspectos
más importantes de la lucha por las reivindicaciones democráticas,
a cuya cabeza debe colocarse el proletariado; c) sostener la igualdad de
derechos de todas las naciones; d) aceptar como principio general el derecho
de los pueblos a disponer libremente de sus destinos, es decir, a separarse
y constituirse en Estado independiente; e) garantizar la unidad de acción
y organización de los obreros de las diferentes naciones que constituyen
un Estado para la lucha común contra la opresión.
V. La revolución de octubre y la cuestión nacional
La política de nacionalidades del Gobierno Soviético.
– La neutralización de los elementos burgueses y pequeño-burgueses.
- Los movimientos nacionales durante los primeros años de la revolución.
- La posición del partido bolchevique.
Con el triunfo de la revolución de octubre de 1917 se presentó
al proletariado, por primera vez en la historia, la ocasión de aplicar
en la práctica los principios marxistas respecto a la cuestión
nacional en uno de los países en los que esta cuestión estaba
planteada con un carácter más agudo, en los que la opresión
de los pueblos era más brutal y vejadora.
Hemos visto ya que, en su primera etapa, la revolución, usufructuada
por la burguesía, no sólo no había resuelto el problema
de acuerdo con los propósitos democráticos y liberadores proclamados
pomposamente por el Gobierno Provisional, sino que había continuado
en lo esencial la política de nacionalidades del zarismo. La burguesía
y sus ayudantes pequeño-burgueses no podían resolver radicalmente
un problema ligado íntimamente a la revolución democrática
y, por lo tanto, a la solución de problema de la tierra, que tenía
una importancia inmensa en los pueblos oprimidos que formaban el ex imperio.
Tan sólo el proletariado, a través de su dictadura de clase
y contando con el campesinado como aliado, podía emprender y llevar
a término resueltamente la liquidación de todas las supervivencias
feudales, arrasar todas las formas de explotación y opresión.
La victoria obrera de octubre lo demostró plenamente.
El partido bolchevique, que había elaborado un programa de nacionalidades
claro y preciso, al ocupar el poder por la voluntad de las masas trabajadoras
del país se mostró estrictamente fiel a las reivindicaciones
que había propugnado, y cumplió rigurosamente sus compromisos,
aplicando sus principios con todas sus consecuencias, igual como hizo, por
lo demás, en todos los demás aspectos.
Una semana después de la toma del poder, el Consejo de Comisarios
del Pueblo, basándose en las resoluciones del I y II congresos de
los Soviets, proclamaba solemnemente, en una ”Declaración de los derechos
de los pueblos de Rusia”
(10)
, la igualdad y la soberanía de estos pueblos, su derecho a la
autodeterminación, sin excluir la separación y la constitución
de Estados independientes, la abolición de todos los privilegios
y restricciones nacionales, y el libre desarrollo de todos los grupos étnicos
y minorías nacionales. A finales de enero de 1918, el III Congreso
de los Soviets, en una ”Declaración de los derechos de los trabajadores
y del pueblo explotado”
(10)
, acordaba constituir la República Soviética Rusa ”sobre
la base de la unión libre de las naciones libres como federación
de las repúblicas soviéticas nacionales”, y confiaba a los
obreros y campesinos de cada nacionalidad la misión de decidir en
sus congresos si deseaban formar parte de la federación, y en qué
condiciones.
Antes de que el congreso de los soviets aprobara este documento, cuya
importancia no es menor que la de la ”Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano” de la Revolución Francesa, el Gobierno
Soviético había ya reconocido, concretamente, el derecho
de Finlandia y de Ucrania a la separación, y reconoció, sucesivamente,
la independencia de Armenia, Georgia, Rusia Blanca y Azerbeidjan, la soberanía
de Polonia, Lituania, etc.
Es muy característica, en este aspecto, la resolución
del Consejo de Comisarios del Pueblo reconociendo a la República
Popular de Ucrania. En esta resolución, el Gobierno Soviético,
después de reafirmar el derecho a la autodeterminación de
las naciones antes oprimidas por el zarismo, reconoce ”a la República
Popular de Ucrania su derecho absoluto a separarse de Rusia o a entablar
negociaciones con la República rusa sobre unas posibles relaciones
federativas, u otras, entre ambas”. Y termina así: ”En cuanto a
los derechos y a la independencia nacionales del pueblo ucraniano, el Consejo
de Comisarios del Pueblo los reconoce inmediatamente, sin limitaciones ni
condiciones”.
A estos actos, en apariencia verbales, pero con unas consecuencias prácticas
inmensas, siguió una tarea grandiosa de organización del nuevo
régimen, una obra valiosísima orientada a elevar el nivel
económico y cultural de los pueblos antes oprimidos. Había
que realizar el máximo esfuerzo para lograr la igualdad efectiva de
los derechos de todas las naciones, construir un fundamento económico
sólido del nuevo orden jurídico. Y en este sentido tuvo una
importancia enorme la solución del problema agrario, inseparable del
nacional, y relacionado íntimamente con la liquidación de
todo el orden de cosas anterior. Finalmente, habla que establecer la conexión
necesaria entre las diferentes naciones para articular la política
económica de la federación.
Esta obra inmensa, iniciada en 1917, no ha terminado aún. Describirla
en todos sus detalles, a través de una frondosa legislación
de más de diecisiete años, nos obligaría a rebasar
los límites de este estudio. No renunciamos, sin embargo, a emprender
más adelante esta tarea, cuyo interés y utilidad es innecesario
destacar. Para el objetivo que ahora perseguimos – trazar las líneas
generales de la política de nacionalidades del régimen soviético
– basta con estas indicaciones.
El régimen soviético, a pesar de las dificultades con
que se encontraba, no las esgrimió como pretexto para no llevar
a la práctica, con todas sus consecuencias, su política de
nacionalidades, basada en el respeto más absoluto a la voluntad de
los pueblos. Y, sin lugar a dudas, la situación, durante sus primeros
años de existencia, no tenía nada de favorable y hubiera podido
justificar cualquier aplazamiento. Las regiones occidentales estaban ocupadas
por los alemanes; en Ucrania se desarrollaba la lucha entre las masas obreras
y campesinas, que habían derrocado el régimen de Kerenski,
y la burguesía de la Rada, que aspiraba, y lo consiguió por
un tiempo, a ocupar el poder. Las naciones transcaucásicas se habían
separado de Rusia; las masas populares de Oriente estaban aún bajo
la influencia de sus ”Consejos nacionales”. La contrarrevolución
conspiraba en distintos puntos del país, y las negociaciones de Brest-Litovsk
creaban un encadenamiento de dificultades angustiosas. Añadamos a
todo esto que la dictadura proletaria estuvo amenazada, desde el comienzo,
por las bayonetas imperialistas, que la encerraban en un cerco de acero.
Una política radical y consecuente en la cuestión de las
nacionalidades era, sin embargo, la única susceptible de vencer estas
dificultades y de reforzar el frente de la revolución. Gracias a
esta política, los elementos burgueses y pequeño-burgueses,
a los que no podía satisfacer la actitud del gobierno Kerenski, quedaron
neutralizados, cosa que tuvo una importancia inmensa no sólo en el
momento: de la toma del poder, sino también durante los años
de la guerra civil.
A diferencia de los gobiernos burgueses, el régimen soviético,
como ya hemos señalado, no se limitó a proclamar el principio
de la libre determinación de los pueblos, sino que la puso en práctica.
Cuando en su lucha contra la joven República proletaria la burguesía
rusa, con la ayuda de los generales contrarrevolucionarios Denikin, Kolchak,
Wrangel, etcétera, consiguió ocupar gran parte del territorio,
siguió aplicando su anterior política nacional, y, en consecuencia,
no quiso reconocer la independencia de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania
y Polonia. Cuando la burguesía de estos países se encontró
ante el dilema: o la República de los Soviets, que reconoce la independencia
de las nuevas Repúblicas, o el régimen de los Kolchak y compañía,
dispuesto a aplastarlas y a continuar la política zarista, la contrarrevolución
no pudo contar con la ayuda de los nuevos Estados. De modo que, como resultado
de la política de nacionalidades de los Soviets, estos Estados consideraron
al nuevo régimen como un mal menor, y facilitaron considerablemente
la victoria soviética contra los ejércitos blancos.
Los bolcheviques sabían perfectamente, por otra parte, que, al
principio, los elementos burgueses y pequeño-burgueses se aprovecharían
de la política soviética para ocupar el poder y sustituir
la dominación de la burguesía rusa por la suya, y que, durante
algún tiempo, persistirían los prejuicios nacionalistas de
las masas populares. Tampoco ignoraban, sin embargo, que nada enseña
tanto como la experiencia, y, otorgando a las naciones antes oprimidas una
libertad ilimitada para adoptar el régimen que más les gustara,
contribuyeron a desacreditar a los partidos pequeño-burgueses, que,
en la práctica del poder, pusieron en evidencia su incapacidad orgánica
y su inconsecuencia, y fueron liquidados por la historia.
Paralelamente, y éste es el factor más importante, el
proletariado se desembarazó rápidamente de todo espíritu
chovinista y conquistó la dirección de las masas. Las naciones
oprimidas tuvieron que elegir entre la revolución mundial, de la
que la revolución rusa no era más que un aspecto, y el imperialismo.
La dictadura del proletariado significaba la libertad de las naciones,
pero la pequeña burguesía nacionalista, aunque por su propio
interés no se volvía directamente contra el régimen
soviético, era incapaz de asociarse a la lucha contra el imperialismo,
y trataba de encerrarse dentro de sus fronteras, al margen de la violencia
de los combates.
Sólo el proletariado, educado desde hacía muchos años
en el espíritu internacionalista, podía comprender la importancia
mundial de la Revolución de Octubre. Por esto la clase obrera de
las naciones oprimidas siguió la bandera de la revolución soviética
y luchó en todas partes por la dictadura del proletariado, contra
la burguesía propia y el imperialismo. La contrarrevolución
no consiguió aislar al proletariado, y sólo en unas cuantas
naciones atrasadas, de economía agrario-patriarcal, la revolución
chocó con un frente único nacional más o menos compacto,
sin consecuencias decisivas, sin embargo, para el desarrollo general de la
lucha.
Los resultados inmediatos más importantes de la política
de nacionalidades de la República de los Soviets fueron pues: la
neutralización de la burguesía y la pequeña burguesía,
la unidad de acción del proletariado de todas las naciones y la consolidación
del régimen.
Nos falta aún echar una ojeada al desenvolvimiento de los movimientos
nacionales durante los primeros años de la revolución proletaria
de 1917, es decir, desde la toma del poder hasta la terminación virtual
de la guerra civil.
Pocos días después de la victoria de Octubre, Finlandia
se declaró independiente, y la República Soviética
aceptó el hecho sin condiciones. A principios de 1918, el poder pasó
a manos de los obreros fineses; pero la joven República obrera fue
ahogada en sangre, en una represión de una ferocidad sin precedentes,
por la guardia blanca reclutada en Suecia y por tropas alemanas.
Lo mismo sucedió en Letonia, Lituania y Estonia, que, con la
retirada de las tropas alemanas y la imposibilidad del Gobierno Soviético
de transferir fuerzas, por cuanto estaba luchando en los frentes oriental
y meridional, se convirtieron, como Finlandia, en Estados vasallos de la Entente,
en perros de presa de la ”civilización” contra la ”barbarie bolchevique”.
En Polonia, inmediatamente después de la evacuación alemana,
el poder pasó a las manos de los elementos pequeñoburgueses
y de la organización militar acaudillada por el ”socialista” Pilsudski.
La nueva República democrática aplastó al movimiento
obrero, y, con la ayuda de los aliados, ocupó Galitzia, parte de
Ucrania y parte de Rusia Blanca.
Besarabia, donde se había proclamado la República moldava,
fue anexionada por los rumanos.
Ucrania se constituyó en República Popular democrático-burguesa
que, como hemos visto, fue reconocida por el Consejo de Comisarios del Pueblo.
A finales de 1917, la clase obrera ucraniana proclamó la República
Soviética. Con la ayuda del ejército austro-alemán,
la Rada, que había huido del país, regresó a Ucrania
y entregó el poder al atamán Skoropadski, que, de hecho, era
el representante de la gran burguesía rusa, y que colocó al
país bajo la dependencia efectiva de Alemania. Cuando las tropas de
ocupación abandonaron el país, la burguesía rusa proclamó
abiertamente la unión de Ucrania con Rusia. Un movimiento insurreccional
derrocó el régimen de Skoropadski e instituyó un nuevo
gobierno ucraniano, que fue a su vez derrocado por las masas obreras y campesinas
con la ayuda del Ejército Rojo. Se estableció por segunda
vez el régimen soviético, que duró unos cuantos meses,
hasta que Denikin ocupó Ucrania, de donde fue expulsado a finales
de 1919, reinstaurándose el régimen de los Soviets.
En los pueblos transcaucásicos, los partidos pequeño-burgueses
(mencheviques en Georgia, dashnaks en Armenia, nuissavatistas en Azerbeidjan),
que tenían una fuerte influencia, lograron constituir repúblicas
democráticas burguesas. No hubieran podido, sin embargo, realizar
sus propósitos si no les hubieran secundado una serie de factores
favorables, como la proximidad de Turquía, la ayuda de las tropas alemanas,
y el que las fuerzas principales de la contrarrevolución monárquica
estuvieran en las regiones del Don y del Kubán, haciendo imposible
el contacto con la Rusia Soviética. Pero cuando fueron vencidos los
ejércitos blancos el régimen soviético se estableció
en todo el Cáucaso en menos de un año, gracias a los esfuerzos
combinados de las masas obreras y el Ejército Rojo.
En el Turkestán se instauró el régimen soviético
desde un comienzo, pero quedó incomunicado de Rusia hasta la derrota
de Kolchak, a finales de 1919. Todos los intentos de la burguesía
de crear un gobierno propio fracasaron.
En las regiones del Volga, que permanecieron largo tiempo en poder de
la contrarrevolución, no se formaron gobiernos burgueses nacionales,
con la sola excepción, de carácter episódico, de una
parte de Kirguisia. Hasta después de la guerra civil y de la consolidación
del régimen no se crearon repúblicas soviéticas autónomas.
Finalmente, Bukhara y Khiva se convirtieron en Repúblicas Populares
Soviéticas que permanecieron independientes hasta que, a finales
de 1924, se transformaron en Repúblicas Socialistas Soviéticas
y pasaron a formar parte de la URSS.
De este rápido examen de los movimientos nacionales después
de la Revolución de Octubre se desprende claramente que la burguesía
sólo consiguió constituir Estados independientes allí
donde pudo contar con la ayuda del imperialismo; en todos los demás
sitios, donde esta ayuda no fue posible, las masas obreras y campesinas
impusieron el régimen soviético.
Una vez liquidada la guerra civil y garantizada la existencia del nuevo
orden de cosas contra los ataques interiores y exteriores, el proletariado
en el poder puede abandonar momentáneamente el fusil para entregar
sus fuerzas a la organización pacífica. Se inicia el período
constructivo, durante el cual los problemas relacionados con la cuestión
de las nacionalidades, aunque resueltos desde el punto de vista de principio,
adquieren una gran importancia tanto en el aspecto político como
en el práctico.
En el VIII Congreso Bolchevique, celebrado en marzo de 1919, en plena
guerra civil, se discutió ampliamente la cuestión nacional,
por cuanto el partido comunista iba a adoptar un nuevo programa, adaptado
a la nueva situación. A pesar de la experiencia de la revolución,
un sector del partido, encabezado por Bujarin y Piatakov, presentó
de nuevo su oposición al principio de la autodeterminación.
Según esta tendencia, la cuestión nacional, en la época
imperialista, tenía un carácter secundario, y el partido
debía limitarse a poner en práctica un programa social, unir
a los trabajadores sin distinción de nacionalidad dejando de lado
el derecho a la autodeterminación, que era una consigna burguesa.
No es necesario decir que Lenin atacó resueltamente este punto de
vista, por cuanto, en su opinión, las naciones rusas estaban atravesando
el período de unificación en Estados superado desde hacía
tiempo por los países capitalistas, y, dado que estos movimientos
constituían una fuerza revolucionaria dirigida contra el imperialismo,
había que aprovecharlos. El congreso adoptó, por una gran
mayoría de votos, esta posición, de acuerdo con la cual se
redactó el punto 9 del programa. El partido considera indispensable
el acercamiento de los trabajadores de las diferentes nacionalidades ”para
la lucha revolucionaria común por el derrocamiento de los terratenientes
y de la burguesía”, y la abolición de los privilegios nacionales,
la igualdad absoluta de derechos de todos los pueblosy la libertad de separación.
Con este objetivo sostiene la federación de los Estados de tipo soviético
”como una de las formas transitorias hacia la unidad completa”. Respecto
a quién representa la voluntad de la nación, el partido ”se
sitúa en el punto de vista histórico y de clase, que parte
del grado en que se encuentra la evolución histórica del país:
en el camino que conduce del feudalismo a la democracia burguesa, o de la
democracia burguesa a la democracia soviética o proletaria”, etc.
”En cualquier caso – dice el programa como conclusión – el proletariado
de las naciones que han sido opresoras debe mostrarse particularmente prudente
ante las supervivencias del sentimiento nacional entre las masas trabajadoras
de las naciones oprimidas o que no disfrutaban de la plenitud de derechos.
Sólo con esta política pueden crearse las condiciones necesarias
para la unión sólida entre los elementos, nacionalmente diversos,
del proletariado internacional, como ha demostrado la unión de una
serie de Repúblicas Soviéticas nacionales en torno a Rusia.”
Hemos visto ya la influencia decisiva que tuvo la adopción de
esta política para el desarrollo de la revolución, cosa que
constituye la prueba más elocuente del acierto de la posición
de Lenin, que, por lo demás, fue aceptada por todo el partido, incluidos
los elementos que la habían combatido. La cuestión de principio
ya no volvió a plantearse.
A partir de entonces, el partido pudo dedicar su atención a combatir
las reminiscencias sociales y psicológicas del pasado histórico
– más vivas de lo que podía pensarse – y a perfilar las formas
prácticas del federalismo soviético y los problemas de organización.
En este sentido, el partido ha tenido que precisar su actitud en una serie
de resoluciones entre las que destacan por su importancia – y por esto nos
referiremos a ellas exclusivamente – la del X congreso, celebrado en marzo
de 1921, y la del XII, que se reunió en abril de 1923.
Ambas resoluciones caracterizan ampliamente los movimientos de emancipación
nacional en la época imperialista, ponen en evidencia que el problema
no sólo no ha sido resuelto después de la guerra de 1914-1918
sino que se ha agravado enormemente, y que la creación de nuevos
Estados independientes no ha podido establecer la convivencia pacífica
de los pueblos, imposible en un régimen basado en la propiedad privada
de los medios de producción, la desigualdad social y la explotación.
La experiencia de la Revolución de Octubre ha demostrado que la libertad
y la paz de las naciones no son posibles más que con la dictadura
del proletariado. La existencia de Repúblicas Soviéticas, por
pequeñas que sean, constituye una amenaza para el imperialismo, que
tiene que declararles una guerra a muerte. De ahí la necesidad de
la unión de estas repúblicas por medio de la federación.
”La federación, sin embargo, sólo puede ser sólida,
y sus resultados efectivos – precisa la resolución del X congreso –
si se basa en la confianza mutua y en el acuerdo voluntario de las naciones
que pasan a formar parte de ella”, y éste es precisamente el federalismo
instaurado en Rusia.
La tarea inmediata a llevar a cabo, en contraposición con la
política tradicional del zarismo – viene a decir la resolución
citada –, es la de desarrollar y consolidar las formas estatales de las
naciones recobradas, su cultura, sus instituciones jurídicas y económicas,
confiar la dirección de todos los organismos políticos, administrativos,
culturales, etc., a gente del país, elevar el nivel económico
y cultural de los pueblos antes oprimidos, cuyo atraso facilitaba la opresión,
garantizar los derechos de las minorías nacionales, y combatir las
tendencias chovinistas, tanto de los comunistas y los funcionarios rusos
como de los de las nacionalidades.
La resolución del XII congreso, que es la más importante,
ratifica las posiciones generales de principio del partido y precisa muy
detalladamente las tareas inmediatas, lo cual era tanto más necesario
cuanto que en el período comprendido entre los dos congresos se habían
instaurado la nueva política económica (NEP). Esta política,
al restablecer, hasta cierto punto, las relaciones capitalistas, fortalecía
a los elementos burgueses, y, por lo tanto, el nacionalismo, tanto en el
centro como en la periferia. Es lógico, pues, que el XII congreso
insistiera en la necesidad de liquidar el espíritu chovinista, y, muy
en particular, el chovinismo ruso, más grave por manifestarse entre
elementos de la nación antes dominadora. La resolución, en
un pasaje notable, precisa la consecuencia capital de este chovinismo: la
desigualdad efectiva, en el terreno económico y cultural, de las naciones
que integran la federación soviética, como resultado de la
política del zarismo y de la burguesía rusa, que querían
convertir las nacionalidades en centros productores de primeras materias,
explotadas por las regiones industriales del centro. Es necesario, pues, acabar
con esta desigualdad con la ayuda efectiva del proletariado ruso para conseguir
el progreso de estos pueblos en los terrenos económico y cultural,
y aumentar la cesión de tierras a los campesinos a cuenta de los fondos
del Estado.
También deben combatirse resueltamente las supervivencias chovinistas
de las naciones oprimidas, sobre todo cuando tienden a la opresión
de las minorías nacionales o de los pueblos más débiles.
El XII congreso concretaba la política a seguir en las medidas
prácticas siguientes: 1) garantizar, en la constitución de
los órganos centrales, la igualdad de derechos y obligaciones de
las diferentes repúblicas, tanto en lo relativo a las relaciones
entre ellas como con el poder central; 2) crear, en las instituciones superiores
de la federación, un órgano representativo de todas las repúblicas
nacionales y regiones autónomas, sobre la base de la igualdad; 3)
formar los órganos ejecutivos de modo que quede garantizada la participación
de los representantes de las repúblicas y la satisfacción
de las necesidades de todos los pueblos; 4) otorgar a las repúblicas
amplias facultades financieras, y, sobre todo, presupuestarias, que les
permitan manifestar su iniciativa propia en los terrenos administrativo,
cultural y económico; 5) constituir los órganos de las repúblicas
nacionales en base a gente del país que conozca la lengua, las costumbres
y las particularidades nacionales; 6) publicar leyes especiales que garanticen
el empleo del idioma materno en todos los órganos del Estado y en
todas las instituciones, y que castiguen con todo el rigor revolucionario
a aquellos que violen los derechos nacionales y, sobre todo, los de las minorías;
7) intensificar la labor educadora del Ejército Rojo, en el sentido
de infiltrar las ideas de fraternidad y solidaridad de todos los pueblos,
y adoptar medidas prácticas para organizar formaciones militares
nacionales.
Estos siete puntos aprobados por el XII congreso dan una idea clara
de la política del partido bolchevique, que, a diferencia de todos
los gobiernos democrático-burgueses, ha llevado a la práctica
fielmente desde el poder. El gobierno soviético ha establecido la
igualdad efectiva de las naciones antes oprimidas, ha aplicado sin vacilar
el principio de la autodeterminación, ha garantizado los derechos de
las minorías, ha realizado y realiza esfuerzos enormes para impulsar
el progreso económico y cultural de los pueblos. Cierto que en diferentes
ocasiones se han manifestado, entre elementos dirigentes, tendencias centralistas,
que son una supervivencia del chovinismo ruso y que Lenin, secundado por
Trotsky, combatió enérgicamente cuando, por la significación
de los que las representaban – Stalin y Dzerjinski
(11)
–, constituirían un peligro grave. Los principios fundamentales
del partido respecto a la cuestión nacional han sido, a pesar de
todo, respetados, y, en nuestra opinión, si algún defecto tiene
esta política es el de haberse excedido en el respeto a los derechos
de las nacionalidades, como demuestra, por ejemplo, el hecho de la ucranización
a ultranza de las instituciones en centros urbanos en los que el idioma
de la mayoría de la población es el ruso, o la creación
forzada de culturas nacionales en pueblos sin personalidad y completamente
analfabetos. ¿Será necesario, sin embargo, decir que este defecto
no disminuye, ni mucho menos, el valor de la obra espléndida realizada
por los bolcheviques en el terreno de la política de nacionalidades?
Cuarta parte. Un modelo de solución: la URSS
I. Una unión libre de pueblos libres
Origen y desarrollo del federalismo soviético, - La fundación
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
y su significado. - Rasgos característicos de la Unión.
La realización práctica de los principios bolcheviques
sobre las nacionalidades no ha sido, ni podía ser, cosa de un día.
Aparte de que las revoluciones no se desarrollan según una receta
sabiamente prescrita, de que la destrucción de las supervivencias
del antiguo régimen y la construcción de un orden de cosas nuevo,
fundamentalmente diferente del anterior, exigen un esfuerzo gigantesco y
un trabajo tenaz en el que las masas trabajadoras deben poner en juego toda
su fuerza creadora, de que las dificultades con las que choca son inmensas,
hay que tomar en cuenta que la revolución proletaria rusa, antes de
entregarse de lleno a la tarea constructiva, ha tenido que atravesar un
largo período de guerra civil, de lucha contra la intervención
extranjera y contra la miseria, que ha retrasado el proceso de formación
y consolidación del nuevo régimen.
Desde el primer día de su victoria, la revolución rusa,
como hemos visto, afirmó los derechos soberanos de todas las naciones
que constituían el Imperio, y esta afirmación no fue sólo
verbal, sino que la siguieron las medidas prácticas correspondientes.
Se han necesitado, sin embargo, unos cuantos años para que la organización
relativamente caótica que caracterizó al Estado soviético
en los primeros tiempos se convirtiera en un sistema político bien
estructurado, que garantiza la plenitud de derechos de las nacionalidades,
su desarrollo en todos los aspectos, su convivencia pacífica y la
unidad de acción indispensable para hacer frente al enemigo común:
el imperialismo mundial. Echar un vistazo a la evolución de las formas
estatales soviéticas de 1917 a 1923, año en que se constituyó
la URSS, nos dará una idea del camino recorrido.
El régimen soviético se basa en el derecho de las masas
populares a organizarse libremente, a crear los órganos de poder
que expresen su voluntad revolucionaria en unos momentos en que el nuevo
régimen se encuentra todavía en estado embrionario. La Revolución
de Octubre, que había destruido todo el viejo mecanismo, exigía
del proletariado y el campesinado la creación de un Estado nuevo.
Los Soviets y sus congresos fueron su fundamento. Encima de este fundamento
se edificó el poder central. Es natural que, en estas circunstancias,
la Rusia soviética fuera, en un comienzo, un gran número de
soviets independientes que no estaban vinculados por un centro. Fue más
tarde, por la fuerza misma de las cosas, cuando se constituyó el
verdadero poder central. El Estado obrero no se organizó de arriba
abajo, sino de abajo arriba.
A pesar, sin embargo, de la independencia formal de los comienzos, el
odio a los explotadores y la necesidad de luchar en común contra
ellos empuja a los soviets a la unidad de acción, que se pacta en
los congresos locales y regionales. En junio de 1918, el primer congreso
de presidentes de los ”Comités Ejecutivos Soviéticos” de provincias
considera ya nociva la interpretación de la consigna ”todo el poder
a los Soviets” en el sentido de su independencia en relación al centro.
Al caos de los primeros meses sucede el centralismo voluntario, la unión
voluntaria de los soviets en nación.
El proceso de unión de los soviets no se realizó unilateralmente
de acuerdo con un plan previamente establecido. Primero, por ejemplo, se
constituyeron ”repúblicas” provinciales, federaciones regionales,
comarcales y hasta locales, que no respondían a ningún interés
efectivo. Pero no tardó en imponerse, como era lógico, el principio
nacional: el proletariado debía organizar la unidad de la nación
en cada territorio nacional. La necesidad de federar a las naciones había
de surgir por fuerza como una exigencia dictada por los intereses económicos
y la comunidad de objetivos.
Es indiscutible que, a pesar de la disgregación y la independencia
de la primera época, el federalismo no era ajeno a los soviets. Por
el contrario, encontramos ya el germen federalista en las primeras formas
de relación, a las que ya nos hemos referido, entre los órganos
locales de poder, a través de los congresos, los Comités Ejecutivos
provinciales, etc. De ahí que resultara tan fácil el paso
al ”centralismo democrático”, que encontró su primera encarnación
en la República Socialista Federal de los Soviets de Rusia (RSFSR).
Las nociones de dictadura y federación se fundieron en la idea del
régimen soviético panruso, creado por la unión voluntaria
de los pueblos, fuerte y firme, a pesar de todo, en su realización.
La lógica de la lucha armada exigía la centralización
del poder, la concentración de todo el poder político y económico
de los soviets en un centro proletario. Las necesidades de la guerra civil
determinaron una intensificación extraordinaria del centralismo en
todos los terrenos.
La federación no existió, pues, durante un período
notablemente largo, por cuanto las circunstancias no lo permitían.
Existía, sin embargo, el propósito de establecer un régimen
federativo. Tanto es así que, incluso en plena guerra civil, en
junio de 1919, el Comité Central Ejecutivo de los Soviets decreta
la unión de las Repúblicas soviéticas de Rusia, Ucrania,
Letonia, Lituania, Rusia Blanca y Crimea.
Dentro de la misma RSFSR persiste también la idea federativa,
y tan sólo las dificultades del momento no permitieron llevarla a
la práctica inmediatamente. El Comisario de las Nacionalidades invita
constantemente a los soviets a reunirse en unidades autónomas. El
9 de octubre de 1918, un decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo crea
la ”Comunidad” autónoma de los alemanes del Volga. El 22 y el 29 de
mayo de 1920 y el 1 ° de septiembre del mismo año se constituyen,
respectivamente, las de Bashkiria, Tartaria y Kirguisia.
La creación de estas primeras Repúblicas fue el prefacio
del vasto movimiento autonomista-federativo que se produce en la RSFSR al
terminar la guerra civil. Entre 1921 y 1924 surgen dentro de esta federación
una serie de nuevas unidades políticas. Se organizan las repúblicas
autónomas de los montañeses del Cáucaso del Norte y
del Dajestán, las de Crimea y Yakutsk, las de Carelia, Mongolia-Buriatsk
y de los alemanes del Volga, antes constituidas en regiones autónomas.
Poco después, sin embargo, por disposición del Comité
Central Ejecutivo de los Soviets, se reconoció a los pueblos del
Turkestán el derecho a salir de la República Socialista Soviética
que los englobaba y a constituirse, de acuerdo con el principio nacional,
en unidades estatales: las Repúblicas independientes de Uzbekistán
y Turkmenistán, la República autónoma de los tadjiks
y la región autónoma de Karapalkpark dentro de la primera y
la segunda, respectivamente, y, finalmente, la región autónoma
de Karakirguiskaia, que pasaba a formar parte integrante de la RSFSR. Esta
quedó integrada por 11 Repúblicas (ahora son 9) y 10 regiones
autónomas (ahora son 13) no rusas, a las que hay que añadir
el núcleo gran-ruso, no cubierto por instituciones autónomas.
Las relaciones federativas, en esta red de pueblos autónomos,
eran muy complicadas, y siguen siéndolo, por cuanto la Constitución
de la URSS prácticamente no las modificó.
Fuera de la RSFSR se producía un proceso idéntico. En
torno a esta federación fundamental existían las Repúblicas
Soviéticas formadas como consecuencia de la liquidación de
los gobiernos democrático-burgueses de Azerbeidján, Armenia
y Georgia, y de la reconquista del poder por los obreros y campesinos ucranianos
en el sur de Rusia. Esas Repúblicas estaban vinculadas con la RSFSR
por pactos que establecían la coordinación necesaria, principalmente
mediante la fusión de los comisariados correspondientes, de aquellos
servicios que, como los de la Guerra, Comunicaciones, Trabajo, Comercio
Exterior, Economía, etc., exigían imperiosamente el acuerdo
y la unidad de acción.
Las repúblicas que no formaban parte de la RSFSR eran completamente
independientes en todas las funciones no coordinadas como resultado de los
pactos a los que nos hemos referido. La RSFSR no se inmiscuía para
nada en la esfera que no era de su competencia. Las repúblicas autónomas
que integraban esta última federación tenían, por
el contrario, delimitada concretamente su competencia autonómica.
Todo lo demás quedaba reservado a la RSFSR. Había, pues, dos
tipos de federación: uno de ”federación amplia”, otro de
”federación restringida”. En el primero estaba sometida a norma la
administración federal; en el segundo, la administración autónoma.
Las formas en que el sistema encontraba su expresión práctica
estaban muy lejos de ser sencillas. Se producía, sobre todo, una
gran confusión en cuanto a los Comisariados de los Departamentos
unificados.
Debía superarse esta etapa en el proceso de desarrollo del federalismo
soviético. Había que regular las relaciones entre las repúblicas,
estructurarlas en una organización que, aun respetando los derechos
de todos los pueblos, fuera coherente y fuerte. Estaba preparado el terreno
para una convivencia efectiva y una colaboración fraterna y fecunda.
Y el 30 de diciembre de 1922 se constituía la URSS.
La idea de crear una ”Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas” fue lanzada por primera vez en el congreso federal de
las repúblicas transcaucásicas de Armenia, Georgia y Azerbeidján.
Las repúblicas de Ucrania y Rusia Blanca se asociaron poco después
a esta iniciativa, y el X congreso de los Soviets panrusos, celebrado en
1922, reconoció que la ”unión de las repúblicas soviéticas
sobre unas bases permanentes y más sólidas dentro de una
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas” era necesaria
y oportuna, y adoptó una resolución en la que quedaban fijados
los principios fundamentales de esta unión.
El 30 de diciembre del mismo año, en el primer Congreso de todas
las repúblicas soviéticas, reunido en Moscú, se adoptó
el pacto fundacional de la URSS, que sirvió de base para la futura
Constitución de la nueva estructura política, aprobada definitivamente
el 31 de enero de 1924 por el II Congreso de los Soviets de la Unión.
Firmaban el pacto la República Socialista Federativa de los Soviets
de Rusia, la República Socialista de los Soviets de Ucrania, la República
Socialista de los Soviets de Rusia Blanca, y la República Socialista
Federativa de los Soviets de Transcaucasia.
La constitución de la URSS estaba dictada imperiosamente por
las circunstancias. La situación de las repúblicas como consecuencia
de la guerra imperialista, la guerra civil y el bloqueo, exigía
la utilización racional de todos los recursos, la coordinación
sistemática de la política económica en todo el territorio,
la organización de los servicios de transporte y de las comunicaciones
postales y telegráficas; la necesidad de hacer frente a los posibles
ataques exteriores exigía la organización eficaz de la defensa.
Finalmente, era necesario regularizar las relaciones nacionales entre el
proletariado de las regiones centrales de Gran Rusia y las masas obreras
y campesinas de las distintas naciones soviética. El pacto de 1922
respondía a todas estas exigencias.
La URSS es una forma de organización estatal sin precedentes
en la historia, organización en la que las naciones obtienen las
máximas posibilidades de desarrollo de sus fuerzas productivas y
su cultura. Las bases de esta unión, voluntaria e independiente –
cada uno de sus miembros tiene el derecho a abandonarla cuando quiera –,
son la fraternidad y el trabajo, la voluntad de luchar contra la opresión
y la explotación, el anhelo fervoroso de edificar un mundo nuevo.
Al constituir el nuevo Estado, las repúblicas soviéticas
instituidas sobre el territorio del ex-imperio zarista prescinden deliberadamente
del nombre de Rusia, símbolo de la tiranía de ayer. La URSS
es el protoplasma de la futura Unión de Repúblicas Socialistas
de Europa primero, de la Unión Universal de Repúblicas Socialistas
después. Sus puertas están abiertas a todas las Repúblicas
obreras que vayan constituyéndose.
La URSS, como hemos dicho antes, es una forma de organización
estatal sin precedentes en la historia. Si sólo nos fijáramos
en el aspecto exterior encontraríamos, sin ninguna clase de duda,
analogías; pero el régimen soviético, además
de su significación económica y política, que lo separa
fundamentalmente de todos los Estados burgueses, se distingue por una serie
de rasgos característicos que lo hacen inconfundible, y que el jurisconsulto
M. Reichel
(12)
ha señalado con innegable acierto. He aquí los esenciales,
que definiremos resumiendo el pensamiento del autor:
1. Del reconocimiento de la soberanía de las naciones se desprende
el principio de la igualdad y la adhesión voluntaria, que encontramos
en todas las constituciones federativas soviéticas.
2. La expresión formal del principio de la voluntariedad en la
constitución de la URSS es el derecho incondicional y permanente
de abandonar la Unión y las Repúblicas federadas, principio
que no encontramos en ninguna constitución burguesa.
3. La expresión formal del principio de la igualdad de todas
las naciones la encontramos en la existencia de un Consejo de Nacionalidades
especial, en el que están representadas no sólo las repúblicas
federadas, sino también las repúblicas y regiones autónomas,
y en la publicación, de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución,
de los decretos y resoluciones gubernamentales en todas las lenguas de
la Unión. La expresión práctica de este principio
es la ayuda a las naciones atrasadas, su elevación hasta el nivel
material y cultural de las naciones avanzadas.
4. El carácter socialista de la Unión Soviética
determina la extensión de la administración estatal a una
esfera muy amplia de la economía, y la sistematización centralizada
de toda la actividad económica, y, como consecuencia, una competencia
más amplia del poder central y una unidad material y una cohesión
mucho más sólidas que en las federaciones burguesas. De ahí
una elasticidad mucho mayor en la Constitución, por cuanto allí
donde se organiza toda la economía de una manera sistemática,
racional y consciente, también han de organizarse y modificarse racional
y conscientemente las instituciones políticas.
5. La dictadura del proletariado, que es la unidad política de
los trabajadores de todas las naciones y sus repúblicas, combinada
con la unidad económica, permiten, por la fuerza y la cohesión
que infunden a la Unión, sin peligro de disgregación, la soberanía
de las Repúblicas y su derecho a salirse de la Unión. Esta
característica es imposible de encontrar en ningún Estado pluracional
burgués. El derecho a salirse de la Unión, aunque, como es
de esperar, no se utilice nunca, exige la aplicación inflexible de
una política de colaboración voluntaria y de igualdad de las
naciones.
6. Finalmente, la unidad política y económica exige formas
particulares de relación, desconocidas en las federaciones burguesas,
entre el poder central y las repúblicas.
Todos estos rasgos característicos se refieren a la URSS, pero
en lo fundamental podemos encontrarlos también en las repúblicas
del período precedente. Hay que señalar, para concluir, la
forma especial de unión de las naciones soviéticas dentro de
las federaciones que forman parte de la Unión, como, por ejemplo,
la RSFSR, o la Federación Transcaucásica, donde cada una de
las repúblicas – Georgia, Armenia y Azerbeidján – constituyen,
de hecho, una federación de repúblicas y regiones autónomas.
II. La estructura de la URSS
Composición de la Unión. - Los órganos supremos
de la URSS y sus relaciones con los de las Repúblicas federadas.
La URSS, según el censo más reciente, el de 1926, cuenta
con una población de 147 millones de habitantes en cifras redondas,
de los que corresponden 100.858.000 a la RSFSR, 29.020.000 a la República
de Ucrania, 4.984.000 a la de Rusia Blanca, 5.862.000 a Transcaucasia y
6.267.000 a las Repúblicas de Turkmenistán, Uzbekistán
y Tadjikistán, que entraron a formar parte de la Unión después
de las cuatro primeras.
La RSFSR se compone de 11 repúblicas autónomas, 13 regiones
autónomas, 5 comarcas, 33 provincias, 58 circunscripciones, 986 demarcaciones
y 2.791 cantones. El centro administrativo es Moscú.
Ucrania está integrada por una república autónoma,
la de Moldavia; 40 circunscripciones y 626 demarcaciones. Centro administrativo:
Kharkov.
Rusia Blanca está formada por 8 circunscripciones y 104 demarcaciones.
Su capital es Minsk.
Transcaucasia está constituida por 3 repúblicas federales
(Armenia, Azerbeidján y Georgia), 1 república vinculada por
un pacto especial (Abkhasia), 2 repúblicas autónomas (Nakhitjeván
y Adjar), 2 regiones autónomas, 49 distritos y 733 cantones. El centro
administrativo reside en Tiflis.
La República de Turkmenistán está constituida por
5 circunscripciones y 31 demarcaciones. El centro administrativo lo tiene
en Aijkhabad.
Integran la República Socialista de Uzbekistán, con capital
en Tashkent, 10 demarcaciones, una comarca y 10 cantones.
Finalmente, la República de Tadjikistán está formada
por 7 distritos, una región autónoma y 30 cantones. Su capital
es Stalinabad.
En esta vasta unión de pueblos, en la que se hablan cerca de
200 lenguas y dialectos, los habitantes de nacionalidad rusa representan
el 52,9 %, los ucranianos el 21,2 %, los ruson blancos el 3,2 %, los cosacos
el 2,7 %, los uzbecos el 2,6 %, los tártaros el 2,0 %, los judíos
el 1,8 %, los armenios el 1,1 %, etcétera.
A pesar de su heterogeneidad étnica, de sus diferencias de cultura,
de desarrollo económico y de costumbres, los pueblos que integran
la Unión conviven pacíficamente sobre la base del respeto absoluto
de sus derechos y de la igualdad.
El órgano supremo de la URSS es el Congreso de los Soviets, constituido
por delegados elegidos en todo el territorio de la Unión
(13)
. El Congreso elige un Consejo de la Unión y un Consejo de las
Nacionalidades, que constituyen, con igualdad de derechos, el Comité
Ejecutivo Central de los Soviets. El primero de estos Consejos está
formado por representantes de las Repúblicas federadas, proporcionalmente
a la población de cada cual. En el segundo, en cambio, están
representadas, a razón de 5 delegados, todas las repúblicas
federadas y autónomas, cualesquiera sean su superficie y su población.
Cada región autónoma tiene también un representante.
El Consejo de las Nacionalidades da la posibilidad, a cada uno de los pueblos
que constituyen la Unión, por pequeño que sea, de hacer oír
su voz.
Cuando surgen desacuerdos entre los dos Consejos, se someten a una Comisión
paritaria, cuyo presidente es designado por la Mesa del Consejo Ejecutivo
Central. Si se logra un acuerdo, éste no es válido si no lo
ratifican ambos Consejos. Si no hay acuerdo, la cuestión se somete
a una reunión de los dos Consejos. La votación debe hacerse,
sin embargo, por separado. De no ser así, el Consejo de la Unión
tendría siempre la mayoría, puesto que es casi cuatro veces
más numeroso que el de las Nacionalidades.
En el período entre las reuniones del Comité Ejecutivo
Central funciona la Mesa de éste, que asume las funciones de órgano
supremo de la URSS.
El Consejo de Comisarios del Pueblo es elegido por el Consejo de la
Unión y el de las Nacionalidades, en sesión conjunta.
Después de los congresos, los órganos legislativo y ejecutivo
supremos de la Unión son el Comité Ejecutivo Central y su
Mesa, que tienen derecho a orientar, en el espíritu de la Constitución,
la actuación de los órganos superiores de las Repúblicas.
En la práctica, sin embargo, y aunque constitucionalmente el Comité
Ejecutivo Central puede dar directrices precisas, no se hace uso de esta
facultad. El procedimiento habitual consiste en la lectura de informes de
los Gobiernos de las Repúblicas federadas, que se discuten ampliamente
y son objeto de resoluciones que tienen el valor de directrices generales.
El Consejo de Comisarios del Pueblo no puede dar directrices a los Consejos
de Comisarios ni a los Comités Ejecutivos Centrales de las Repúblicas
federadas. La única facultad que tiene en este sentido es la de influir
directamente sobre la actuación de los Consejos de Comisarios, y,
sobre todo, la de zanjar los desacuerdos entre éstos y los Comisariados
de la URSS.
Los decretos y disposiciones del Congreso de los Soviets, del Comité
Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS son
obligatorios en todo el territorio de la Unión.
¿Cómo se garantiza el cumplimiento estricto de la Constitución,
cómo se efectúa el control recíproco de todos los órganos
superiores para evitar desviaciones respecto a los principios fundamentales
de la URSS, cómo se resuelven los conflictos entre las diferentes
Repúblicas?
El Comité Ejecutivo Central de la URSS tiene derecho a dejar
en suspenso la aplicación de los decretos y disposiciones de su
propia Mesa, de los congresos de los Soviets, de los Comités Ejecutivos
Centrales de las Repúblicas federadas, y de los demás órganos
de poder, si vulneran la Constitución. Interpretándose esta
facultad, otorgada por el artículo 20 de la Constitución al
Comité Ejecutivo, en el sentido de que éste tiene derecho a
anular todos los decretos y disposiciones que le parezca, no quedaría
nada de la soberanía de las Repúblicas federadas. Pero se trata
sólo de salvaguardar los principios generales, de anular las disposiciones
que puedan perjudicar los intereses legítimos de otras Repúblicas.
Está precisamente a cargo de la Unión el resolver las cuestiones
litigiosas que surjan entre ellas.
Encontramos uno de los rasgos más originales de la Constitución
soviética en los derechos de las Repúblicas federadas respecto
a la URSS, que no es un régimen federal típico, sino una verdadera
Unión. Las Repúblicas que la integran son soberanas hasta
el punto de poder separarse y constituirse en Estados independientes. Y
dado que sus fundamentos son nacionales, sus derechos se desprenden de los
principios de la autodeterminación. Estos derechos, como hemos visto,
se reflejan en la estructura de la Unión, y, en particular, en el
Consejo de las Nacionalidades, que representa a todas las repúblicas
y regiones, y que se diferencia sustancialmente de las Cámaras Altas
de los Estados federales.
Otra particularidad característica: las Repúblicas federadas
tienen cierta libertad de acción incluso en la esfera que corresponde
a la competencia de la Unión. Los Comisariados del Pueblo de estas
Repúblicas no son tan sólo órganos de los Comisariados
correspondientes de la Unión, sino también órganos
de dichas Repúblicas, subordinados a su poder legislativo. Un Comisariado
de la Unión puede anular los acuerdos del de la República
federada si están en contradicción con sus directrices o con
la legislación general, pero no puede hacerlo si los acuerdos se basan
en una disposición precisa del Consejo de Comisarios de la República
federada. Lo único que puede hacer entonces el Comisariado de la
Unión es protestar contra esta disposición ante el Consejo
de Comisarios de aquella.
Las Repúblicas federadas colaboran activamente en la elaboración
de la legislación general. Sus representantes participan, con voz,
pero sin voto, en el Consejo de Comisarios de la URSS, en sus organismos
económicos superiores y en todas las comisiones legislativas, donde
pueden aportar propuestas concretas.
Finalmente, los órganos de las Repúblicas expresan sistemáticamente
su opinión sobre los proyectos legislativos de carácter general,
por medio de representaciones permanentes – especie de embajadas – que tienen
en Moscú.
Nos queda ahora por examinar concretamente la esfera de competencia
de la Unión y de las Repúblicas federadas.
III. Las facultades de los poderes de la unión y de los organismos
autónomos
La esfera de competencia de la URSS y de las Repúblicas federadas.
- Repúblicas y regiones autónomas.
Corresponden a la competencia de los órganos superiores de la
URSS, según la Constitución: la política exterior,
la modificación de las fronteras exteriores, los emprésitos
interiores y exteriores, la dirección del comercio exterior y el
establecimiento del sistema de comercio interior, la elaboración
del plan económico general, los transportes y los servicios postales
y telegráficos, la aprobación del presupuesto general de la
Unión, la instauración de un sistema monetario y de crédito
único, el establecimiento de los principios generales de la política
agraria y del usufructo de las minas, los bosques y las aguas, la fijación
de las bases de la administración judicial y de la legislación
civil y criminal, el establecimiento de las leyes de trabajo fundamentales,
la definición de los principios generales en la esfera de la instrucción
pública, la adopción de medidas generales de sanidad, el sistema
de pesos y medidas, la organización de la estadística general,
la legislación fundamental respecto al derecho de ciudadanía,
el derecho de amnistía general, la anulación de las disposiciones
de los congresos de los Soviets y de los Comités Ejecutivos de las
Repúblicas federadas que vulneren la Constitución, la solución
de los problemas religiosos que surjan entre las Repúblicas federadas.
Todo lo que no entra en la esfera de competencia de la URSS corresponde
a las Repúblicas federadas. Para dar al lector una idea de cómo
se traduce en la práctica la delimitación de facultades de
los órganos del poder central y de los poderes federados, expondremos
sucintamente su expresión concreta en los aspectos más importantes.
a) Política exterior
Antes de fundarse la URSS, cada República tenía su propio
Comisariado de Asuntos Exteriores. El tratado de paz con Polonia se pactó
con la RSFSR y Ucrania; el tratado con Turquía, con la RSFSR y las
Repúblicas Transcaucásicas. A las conferencias de Génova
y de Lausana, sin embargo, asistieron ya delegaciones comunes.
Actualmente, la política exterior corresponde exclusivamente
al Comisariado del Pueblo de Asuntos Exteriores de la Unión. Frente
al mundo capitalista – dice el preámbulo de la Constitución
de la URSS – las Repúblicas Soviéticas deben formar un frente
único. Las Repúblicas federadas tienen, sin embargo, representantes
en el Comisariado, y los secretarios de las embajadas particularmente importantes
para cualquiera de aquellas son designados de acuerdo con el gobierno de
la República interesada.
No es necesario decir que la declaración de la guerra y la conclusión
de la paz corresponden también a los órganos superiores de
la Unión: el Congreso de los Soviets o el Comité Ejecutivo
Central, en los que, como hemos visto, las repúblicas federadas tienen
la participación asegurada.
b) Defensa del Estado
La Constitución de la URSS confiere a la Unión ”la organización
y la dirección de las fuerzas militares”.
La legislación tiene, en esta materia, un carácter general.
Sin embargo, de acuerdo con las resoluciones a las que nos hemos referido
en otro pasaje de este libro, se han creado formaciones nacionales. El mismo
principio de la estructuración del ejército sobre la base
de milicias territoriales vincula – como señala S. Kotliarevski
(14)
– las cuestiones de organización del Ejército Rojo con
las de los intereses de las Repúblicas federadas y las funciones
propias de estas Repúblicas.
El servicio militar es obligatorio, en principio, para todos los ciudadanos
de la Unión, pero ”el Comisario del Pueblo de Guerra y Marina puede,
de acuerdo con los correspondientes Consejos de Comisarios del Pueblo de
las Repúblicas federadas, dictar disposiciones especiales respecto
al cumplimiento del servicio militar obligatorio por parte de los ciudadanos
de determinadas regiones y nacionalidades, y puede incluso, como medida
temporal, no obligar al servicio militar a dichos ciudadanos en atención
a las condiciones locales o las costumbres”. Además, el Comisario,
de acuerdo siempre con el Gobierno de la República federada, tiene
la facultad de otorgar a las Comisiones cantonales de reclutamiento el derecho
a conceder ventajas determinadas a los movilizados en lo referente al usufructo
de la tierra, la educación, etc.
En este aspecto queda un margen muy amplio para la legislación
de las Repúblicas y para la aplicación, por parte de éstas,
de las disposiciones generales de la URSS. Existen, además, una serie
de cuestiones prácticas de organización del ejército
que exigen un acuerdo entre el Comisario y los gobiernos de las Repúblicas
federadas, por cuanto es necesario tomar en consideración las particularidades
de la economía nacional, regional y local.
c) Transportes, correos y telégrafos
El transporte y las comunicaciones constituyen, por su mismo carácter,
una de las ramas más centralizadas. La dirección y organización
de estos servicios corresponde a dos Comisariados generales.
La centralización es total en los ferrocarriles y el transporte
marítimo. En los demás aspectos del transporte (por caminos,
carreteras, por medio de automóviles, etc.), se permite cierto grado
de descentralización. La competencia de las Repúblicas federadas
es bastante amplia en cuanto a esto.
Lo que hemos dicho de los transportes es aplicable a las comunicaciones.
d) Finanzas
Entran en la esfera de la competencia de la Unión la elaboración
de un presupuesto único, en el que figuran los de las Repúblicas
federadas, la legislación y administración fiscales, y el
establecimiento de un sistema monetario y de crédito único.
Al coincidir los intereses políticos y económicos de las
Repúblicas, sus presupuestos no sólo reflejan su propia situación
financiera, sino también la de la totalidad de la Unión. De
ahí el presupuesto único, que no significa que los de las Repúblicas
sean una especie de sección del presupuesto general. La ley indica
categóricamente, por el contrario, la necesidad de garantizar su
nivelación independiente. Los órganos superiores de la Unión
estimulan sistemáticamente la iniciativa y la libertad de acción.
Por otra parte, las Repúblicas federadas comunican su opinión
sobre el presupuesto general, y sus facultades son muy amplias, hasta el
punto de poderse hacer transferencias de crédito de los presupuestos
de los Departamentos unificados sin pedir la autorización del poder
central.
En cuanto a los impuestos, la esfera de competencia de las Repúblicas
es considerablemente amplia, ya que tienen un gran margen de iniciativa
para aplicar los tributos de carácter general y establecer los de
carácter interno.
En el aspecto financiero, el sistema de relaciones entre la Unión
y las Repúblicas es muy complejo, y es paso a paso, con la ayuda
de la experiencia, que van fijándose unas normas definidas.
e) Economía
La economía soviética, a diferencia de los países
capitalistas, está subordinada fundamentalmente a un plan, cuya existencia
constituye precisamente una de las premisas de la economía socialista.
En este aspecto, la centralización no sólo es inevitable,
sino que se impone imperiosamente. Los órganos superiores de la Unión
son los únicos que pueden tomar en cuenta todas las particularidades
económicas de las diferentes nacionalidades y tramarlas en un plan
único inspirado en los principios socialistas.
El plan, sin embargo, estaría desprovisto de vida, sería
una simple creación burocrática, si no fuera el resultado
de la experiencia y el trabajo comunes, si todos los pueblos de la gran Unión
Soviética no participaran en su elaboración. Por esto la indispensable
centralización de principio no excluye, ni mucho menos, la descentralización.
El plan general se basa en los elaborados por las Repúblicas federadas,
que, por otra parte, tienen una libertad de iniciativa considerable en todo
lo referente a la aplicación práctica del plan, es decir,
en la organización de la industria, en la regulación del comercio
interior, en todos los aspectos de la vida económica. En este sentido,
el campo de acción de las Repúblicas federadas es realmente
inmenso.
f) Política agraria
La tierra, que, como se sabe, está nacionalizada, no pertenece
en principio a las Repúblicas federadas, sino a la URSS. Esta soberanía,
tan lógica como la que ejerce sobre todos los aspectos de la vida
económica, no significa que las Repúblicas federadas no puedan
disponer efectivamente de la tierra. Las esferas de competencia del centro
y las Repúblicas están perfectamente delimitadas.
La URSS dispone principalmente de las tierras destinadas a las explotaciones
de carácter general y a las concesiones. Todas las demás están
por completo a disposición de las Repúblicas federadas, que
disponen en realidad de una libertad de acción prácticamente
absoluta en este aspecto, ya que sólo deben someterse a las directrices
generales destinadas a garantizar los principios generales del régimen.
Se pone aquí de manifiesto uno de los rasgos más característicos
de la política nacional del Estado soviético, la cual no sólo
garantiza a las nacionalidades el pleno desarrollo cultural, sino que les
proporciona el fundamento material de su independencia económica:
la tierra.
En resumen: la Unión fija tan sólo las directrices generales;
cada República federada publica leyes destinadas a regular directamente
las cuestiones agrarias en las Repúblicas autónomas que forman
parte de ella.
g) Trabajo
La legislación, regulación y organización del trabajo
corresponden a la Unión. Las facultades del centro y de las Repúblicas
han estado hasta ahora imperfectamente delimitadas, y, en consecuencia,
los conflictos son relativamente frecuentes.
Todas las disposiciones e instrucciones confiadas por la ley al Comisariado
de Trabajo de la URSS, y las que tienen relación con el transporte,
las comunicaciones, los centros militares y los organismos de la Unión
en el extranjero, entran en vigor de forma directa e inmediata. Las que
conciernen a la actividad de los órganos de los Comisariados de Trabajo
de las Repúblicas se cumplen por mediación de éstos.
En estos últimos tiempos se se ha acentuado la tendencia a conceder
una mayor libertad de acción a las Repúblicas en las cuestiones
que no exigen una regulación de carácter general.
Entran indiscutiblemente en las funciones de los Comisariados de las
Repúblicas: la aplicación practica de la legislación
social, la regulación de las condiciones de trabajo de los obreros
en relación a los cuales no existe una legislación general,
la adaptación de los decretos e instrucciones del centro a las condiciones
particulares y la publicación de disposiciones suplementarias, el
derecho a establecer excepciones, en los casos necesarios, en cuanto al cumplimiento
de las normas del Comisariado de la URSS en establecimientos determinados,
y, finalmente, la adopción de disposiciones sobre problemas que
competen a los órganos de la URSS, pero que éstos no hayan
resuelto.
h) Cultura
La unidad social y política del Estado Soviético, la relación
íntima entre la edificación económica y el desarrollo
de la cultura, imponen, sin que ello represente la menor violación
del régimen federativo, el establecimiento, en el terreno de la instrucción
pública, de unos cuantos principios fundamentales de aplicación
obligatoria en todo el territorio de la Unión. Ninguna República
federada, por ejemplo, tiene derecho a instituir la enseñanza religiosa
o apartarse del tipo de la ”escuela de trabajo”, orientada a la formación
de personas que participan activamente en la organización económica
socialista, o a crear escuelas unisexuales, etc.
Dependen directamente de los órganos superiores de la URSS las
instituciones científicas de carácter general y las que,
como por ejemplo la Universidad de Asia Central, satisfacen las necesidades
de más de un país: la dirección de la educación
técnica, que no excluye la iniciativa de los centros docentes de
las Repúblicas, etc.
La intervención de los órganos superiores de la Unión
en la actividad cultural de las Repúblicas federadas no representa
en ningún caso una coacción ni una intromisión arbitraria
y abusiva; está inspirada, por el contrario, en el deseo de ayudar
a las naciones culturalmente atrasadas o que disponen de escasos recursos:
cooperación en la lucha contra el analfabetismo, creación
de instituciones que exigen gastos considerables, introducción del
alfafeto en los pueblos que no lo tenían, fomento de la cultura nacional,
etc.
Las instituciones culturales se organizan en las Repúblicas federadas
con plena libertad de acción, sin restricciones de ninguna clase.
La enseñanza es general, obligatoria, gratuita, y se da en la lengua
materna.
De hecho corresponde, pues, a las Repúblicas federadas realizar
los principios generales mediante su legislación especial y su práctica,
sin que las inhiba ninguna disposición que precise las formas concretas
de organización de las instituciones culturales ni la extensión
de sus funciones.
i) Legislación civil y criminal. Administración de la
justicia
El Comité Ejecutivo Central de la URSS traza las líneas
generales de la legislación civil y criminal. La elaboración
de las leyes concretas que deberán aplicar los tribunales compete
a las Repúblicas federadas.
Sólo el Comité Ejecutivo Central de la URSS puede otorgar
amnistías de carácter general. Las Repúblicas federadas
pueden amnistiar los delitos sancionados por sus propios órganos
judiciales y administrativos. En cuanto al indulto, la Unión sólo
puede aplicarlo a los delitos juzgados por sus órganos. Este derecho
está más limitado, pues, que el de amnistía.
Desde el punto de vista de la organización, el mecanismo judicial
de las Repúblicas federadas es completamente independiente de la
Unión. Desde el punto de vista funcional, está sometido al
control del Tribunal Supremo de la URSS en lo referente al cumplimiento de
la legislación común. El Tribunal Supremo no puede, sin embargo,
anular ninguna sentencia de las Repúblicas federadas. Sólo
tiene un derecho: el de suspender su ejecución y someter el caso,
para su resolución definitiva, a la Mesa del Comité Ejecutivo
Central de la URSS.
Nos hemos referido hasta ahora a la delimitación de las esferas
de competencia de la URSS y las Repúblicas federadas; hemos dejado
de lado deliberadamente, por su carácter especial, las regiones y
Repúblicas autónomas, que desempeñan un papel importante
en el mecanismo estatal de la Unión.
La existencia de regiones y Repúblicas autónomas viene
determinada por la desigualdad de desarrollo económico y cultural
de las diferentes nacionalidades. Las Repúblicas autónomas
representan una forma más amplia de autonomía que las regiones.
La menor o mayor amplitud de derechos no se basa, sin embargo, en un principio
de dominación o de desigualdad, sino en la ayuda mayor o menor que
necesiten las nacionalidades. Por esto las más débiles, que
necesitan mayor ayuda del Estado federal, tienen una independencia menor.
Sin embargo, gradualmente, a medida que progresan, tanto desde el punto
de vista económico como cultural, las regiones se transforman en
Repúblicas autónomas, y éstas en Repúblicas
federadas.
El órgano superior de las regiones autónomas es el Congreso
de los Soviets, y en los períodos entre las reuniones del Congreso,
el Comité Ejecutivo regional y su Mesa, que dividen sus funciones
en Departamentos, correspondientes a los Comisariados. En las regiones autónomas
no existen Consejos de Comisarios del Pueblo. Puede asimilarse su competencia
a la de las provincias. Las disposiciones del Congreso de los Soviets, del
Comité Ejecutivo Central, de su Mesa y del Consejo de Comisarios
de la federación son obligatorias para las regiones autónomas.
Los órganos superiores de las Repúblicas autónomas
son sus Congresos de los Soviets, los Comités Ejecutivos Centrales
o sus Mesas.
El gobierno directo lo constituye el Consejo de Comisarios del Pueblo.
Los Comisariados se dividen en autónomos (Instrucción Pública,
Sanidad, Seguros Sociales, Interior, Agricultura, Justicia) y unificados,
que son todos los demás. Los primeros están subordinados al
Consejo de Comisarios y a los Comités Ejecutivos Centrales de la
República autónoma y de la federación de la que forma
parte. Los Comisariados unificados dependen, además, de los Comisariados
de la federación correspondientes. La Constitución de las
Repúblicas autónomas se aprueba definitivamente por el Congreso
de los Soviets de la República federada de la que forman parte. Las
cuestiones litigiosas entre las Repúblicas autónomas, y entre
éstas y otras partes de la federación, las resuelven el Comité
Ejecutivo Central y los Congresos de los Soviets de la federación.
Hemos dicho ya que tanto las regiones como las Repúblicas autónomas
están representadas directamente, sin excepción, en el Consejo
de las Nacionalidades, y participan activamente, por lo tanto, en la labor
legislativa de la Unión.
Así es, descrito a grandes rasgos, un modelo concreto de solución
práctica del problema de las nacionalidades, inspirada en el respeto
más estricto de su personalidad y sus derechos. Así es el
ejemplo vivo de un conglomerado inmenso de naciones y grupos étnicos
diferentes que se ha convertido en una Unión de pueblos libres poderosa
y fraternal. Bajo la dominación de los terratenientes y los capitalistas,
este conglomerado de naciones estaba sometido a una opresión ignominiosa,
que la democracia burguesa, cuando ocupó el poder en 1917, dejó
intacta. Para arrancarla de raíz fue necesaria la revolución
proletaria de Octubre.
La lección está clara para todas las naciones oprimidas
del mundo; si desean liberarse, deben incorporarse a la lucha de la clase
obrera para derrocar a la burguesía, cuya dominación es la
fuente de todas las injusticias, de todas las desigualdades y de todas las
opresiones.
Es el único camino que les reserva la historia.
Anexos
Programa de la socialdemocracia austríaca sobre la cuestión
nacional
(Adoptado en el Congreso celebrado en 1899 en Brünn)
Dado que en Austria los antagonismos nacionales constituyen un obstáculo
para cualquier progreso político y paralizan el desarrollo cultural
de los pueblos; que estos antagonismos están determinados principalmente
por el retraso político de nuestras instituciones de Derecho público;
que, en particular, la persistencia de la lucha nacional es uno de los medios
que emplean las clases dirigentes para consolidar su dominación y
dificultar toda manifestación clara de los verdaderos intereses populares.
El Congreso del Partido declara:
La solución definitiva, en Austria, del problema de las nacionalidades
y las lenguas, dentro del espíritu de la razón y la justicia,
es, por encima de todo, una necesidad cultural, y, por ello, tiene un interés
vital para la clase obrera.
La solución del problema nacional sólo es posible en una
sociedad verdaderamente democrática, basada en el sufragio universal,
igual y directo; en una sociedad en la que sean destruidos los privilegios
feudales en el Estado y en las regiones; sólo en un régimen
como éste podrán las clases populares, único punto
de apoyo de la sociedad y del Estado, defender y realizar sus intereses.
La conservación y el desarrollo de la individualidad nacional
de todos los pueblos austríacos sólo será posible con
la igualdad absoluta de derechos y la ausencia de toda clase de opresión;
por esto debe rechazarse el sistema de centralismo burocrático estatal,
así como los privilegios feudales de las distintas provincias.
Sólo en estas condiciones, e inspirándose en los principios
siguientes, será posible instituir en Austria el orden nacional en
lugar de la discordia.
1. Austria debe ser transformada en un Estado democrático de
nacionalidades.
2. En lugar de las tradicionales tierras de la Corona, deben crearse
corporaciones nacionales autónomas y limitadas, cuya legislación
y administración se confiará a unas Cámaras populares
elegidas en base al sufragio universal, igual y directo.
3. Todas las regiones autónomas de una misma nación forman
una unidad que resuelve con plena autonomía sus asuntos nacionales.
4. El derecho de las minorías nacionales quedará garantizado
mediante una ley especial elaborada por el parlamento imperial.
5. No reconocemos ningún privilegio nacional, y por ello rechazamos
la exigencia de una lengua del Estado; se confía al parlamento imperial
la misión de decidir en qué medida existe la necesidad de
una lengua para las naciones.
El Congreso del Partido, como órgano de la socialdemocracia internacional
en Austria, expresa su convencimiento en la posibilidad de lograr el acuerdo
de los pueblos en base a los principios expuestos.
El Congreso del Partido declara solemnemente:
Que reconoce el derecho de cada nación a la existencia y al desarrollo
nacional.
Que para el desarrollo eficaz de su cultura los pueblos deben vivir
en plena solidaridad y no en una mísera rivalidad mutua, y que,
en particular, la clase obrera, tanto en el interés de las diferentes
naciones como de todo el Estado, debe mantener firmemente el compañerismo
y la fraternidad de combate internacionales, y librar, en filas compactas,
su lucha política y sindical.
Declaración de los derechos de los pueblos de Rusia
La revolución de Octubre de los obreros y campesinos ha empezado
bajo la bandera de la emancipación.
Los campesinos han sido emancipados del poder de los terratenientes,
por cuanto la gran propiedad agraria ya no existe, ha sido abolida. Los
soldados y marineros han sido emancipados del poder de los generales autócratas,
por cuanto a partir de ahora los puestos de mando serán electivos
y revocables. Los obreros han sido emancipados de los caprichos y arbitrariedades
de los capitalistas, por cuanto de ahora en adelante se establecerá
el control de los trabajadores en las fábricas. Todo aquello que
es vital ha sido liberado de las cadenas odiadas.
Quedan sólo los pueblos de Rusia, que han sufrido y sufren el
yugo de la arbitrariedad, y cuya emancipación debe emprenderse de
inmediato, de forma decidida y categórica.
En la época del zarismo, los pueblos de Rusia eran empujados
sistemáticamente unos contra otros. Los resultados de esta política
son conocidos: matanzas y pogroms por un lado; por otro, la esclavitud de
los pueblos.
Esta política ignominiosa ya no existe y no ha de poder volver.
De ahora en adelante, debe sustituirse por la unión voluntaria y
honrada de los pueblos de Rusia.
En el período del imperialismo, después de la revolución
de Febrero, cuando el poder pasó a las manos de la burguesía
del partido ”cadete”, la política descarada de empujar a los pueblos
de Rusia unos contra otros dejó sitio a una política de cobarde
desconfianza hacia ellos, a una política de intrigas y provocaciones,
disimulada con declaraciones verbales sobre la ”libertad” y la ”igualdad”
de los pueblos. Los resultados de esta política son conocidos: intensificación
de las rivalidades nacionales, quebrantamiento de la confianza recíproca.
Hay que poner fin a esta política de falsedades y desconfianza,
de intrigas y provocaciones, que debe ser reemplazada por una política
franca y honrada que conduzca a la confianza recíproca completa entre
los pueblos de Rusia.
Tan sólo como resultado de esta confianza puede formarse la unión
honrada y sólida de estos pueblos.
Tan sólo como resultado de esta unión pueden los obreros
y campesinos de los pueblos de Rusia agruparse estrechamente en una fuerza
revolucionaria capaz de resistir todos los ataques de la burguesía
imperialista y anexionista.
El Congreso de los Soviets de junio de este año proclamó
el derecho de los pueblos de Rusia a la libre autodeterminación.
El segundo Congreso de los Soviets, reunido en octubre, confirmó
este derecho indiscutible de forma aún más decidida y concreta.
Cumpliendo con la voluntad de estos Congresos, el Consejo de Comisarios
del Pueblo ha decidido establecer los siguientes principios como base de
su actuación en lo referente a las nacionalidades de Rusia:
1. Igualdad y soberanía de los pueblos de Rusia.
2. Derecho de los pueblos de Rusia a la libre autodeterminación,
sin excluirse la separación y la constitución en Estado independiente.
3. Abolición de toda clase de privilegios y limitaciones nacionales
y nacional-religiosos.
4. Libre desarrollo de las minorías nacionales y de los grupos
étnicos que pueblan el territorio de Rusia.
Los decretos que se deriven de aquí serán elaborados en
cuanto se constituya la Comisión de las cuestiones nacionales.
En nombre de la República Panrusa, el presidente del Consejo
de Comisarios del Pueblo, V. Ulianov (Lenin).
El Comisario del Pueblo para cuestiones de las Nacionalidades, Iossip
Djugashvili - Stalin.
2 de noviembre de 1917 (calendario viejo).
Declaración de los derechos de los trabajadores y del pueblo
explotado
(Adoptada por el III Congreso de los Soviets)
Puntos relativos a la cuestión nacional
I. II. La República Soviética Rusa se funda sobre la base
de la unión libre de las naciones libres como federación
de las Repúblicas Soviéticas nacionales.
III. I. El III Congreso de los Soviets, después de expresar su
decisión inflexible de arrancar a la humanidad de las garras del
capital financiero y del imperialismo, que en la guerra actual, la más
criminal de todas, ha anegado la tierra de sangre, se asocia por completo
a la política del Gobierno Soviético, consistente en la ruptura
de los tratados secretos, la organización de la más amplia
fraternización entre los obreros y campesinos de los ejércitos
beligerantes, y la consecución, al precio que sea, mediante medidas
revolucionarias, de una paz democrática sin anexiones ni contribuciones,
sobre la base de la libre autodeterminación de las naciones.
IV. El III Congreso de los Soviets de diputados obreros, soldados y
campesinos considera que ahora, en el momento de la lucha decisiva contra
los explotadores, éstos no pueden ocupar ningún puesto en
los órganos de poder. El poder debe pertenecer por entero y exclusivamente
a las masas trabajadoras y a su representación, los soviets de diputados
obreros, soldados y campesinos.
El III Congreso de los Soviets, que aspira a la creación de la
unión libre y voluntaria, y, por ello, más completa y sólida,
de las clases trabajadoras de todas las naciones de Rusia, se limita a establecer
los principios básicos de la federación de Repúblicas
Soviéticas, confiando a los obreros y campesinos de cada nación
la misión de decidir con plena independencia, en sus Congresos soviéticos,
si desean participar en el gobierno federal y en las demás instituciones
federales soviéticas, y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.
Proclamación de la unión de las repúblicas socialistas
soviéticas
Desde la formación de las Repúblicas Soviéticas,
los Estados del mundo se dividen en dos campos: el campo del capitalismo
y el campo del socialismo.
En el campo del capitalismo reinan el odio nacional y la desigualdad,
la esclavitud colonial y el chovinismo, la opresión nacional y las
matanzas, las brutalidades imperialistas y las guerras.
En el campo del socialismo reinan la confianza mutua y la paz, la libertad
nacional y la igualdad, el vecinaje pacífico y la colaboración
fraternal de los pueblos.
Los intentos realizados por el mundo capitalista, durante docenas de
años, para resolver la cuestión nacional conciliando el libre
desarrollo de los pueblos con el sistema de explotación del hombre
por el hombre, han sido infructuosos. Por el contrario, los antagonismos
nacionales se han agravado y amenazan la existencia misma del capitalismo.
La burguesía se ha mostrado incapaz de instaurar la colaboración
de los pueblos.
Sólo en el campo de los Soviets, bajo el régimen de la
dictadura del proletariado, que une en torno suyo a la mayoría de
la población, ha sido posible aniquilar radicalmente la opresión
nacional, despertar la confianza mutua y establecer las bases de la colaboración
fraternal de los pueblos.
Así es como las Repúblicas Soviéticas han conseguido
rechazar los ataques de los imperialistas de todo el mundo, del interior
y del exterior; así es como han podido poner fin a la guerra civil,
asegurar su existencia y emprender la organización pacífica.
Los años de guerra no han pasado, sin embargo, sin dejar huella.
Los campos devastados, las fábricas abandonadas, las fuerzas productivas
destruidas, los recursos económicos agotados – la herencia de la
guerra – convierten en insuficientes los esfuerzos aislados de las distintas
Repúblicas para la edificación económica. La reconstitución
de la economía popular es imposible con la existencia aislada de las
Repúblicas.
Por otra parte, la inestabilidad de la situación internacional
y el peligro de nuevas agresiones hacen necesaria la creación del
frente único de las Repúblicas Soviéticas frente al
mundo capitalista que las rodea.
Finalmente, la misma estructura del poder soviético, que es internacional
por su carácter de clase, impulsa a las masas trabajadoras de las
Repúblicas Soviéticas a unirse en una sola familia socialista.
Todas estas circunstancias imponen irresistiblemente la unión
de las Repúblicas Soviéticas en un solo Estado, capaz de garantizar
la seguridad en el exterior, el progreso económico y el desarrollo
libre de los pueblos en el interior.
La voluntad de los pueblos de las Repúblicas Soviéticas,
que se han reunido recientemente en los Congresos de sus Soviets y han decidido
por unanimidad la formación de la ”Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas”, es la garantía segura de que esta
Unión es una unión consentida voluntariamente por pueblos iguales
en derechos; de que cada República puede abandonar la Unión
libremente, de que la adhesión a la Unión es accesible a todas
las Repúblicas Soviéticas existentes o que puedan surgir en
el futuro, de que el nuevo Gobierno de la Unión es la culminación
digna de los principios de vecinaje pacífico y de colaboración
de los pueblos proclamados en octubre de 1917; de que será un fiel
defensor contra el capitalismo mundial, y de que constituye un paso decisivo
hacia la Unión de los trabajadores de todos los países en la
República Socialista Soviética Universal.
La República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia, la
República Socialista de los Soviets de Ucrania, la República
Socialista de los Soviets de Rusia Blanca y la República Federativa
Socialista de los Soviets de Transcaucasia (República Socialista
de los Soviets de Azerbeidján, República Socialista de los
Soviets de Georgia), se unen en un solo Estado que adopta el nombre de UNION
DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS.
Notas
(1) Cf. el artículo ”El principio del fin de Austria” ("Deutsche
Brüsseler Zeitung" del 27 de enero de 1848), en el que nos basamos
principalmente para exponer el punto de vista marxista sobre la monarquía
austríaca.
(2) ”La clase obrera – decía el programa de Gotha – persigue
su emancipación ante todo en los límites del Estado moderno,
con el convencimiento de que el resultado inevitable de sus esfuerzos, unidos
a los de todos los trabajadores de los países civilizados, será
la fraternidad internacional de los pueblos.”
(3) Alusión a los decembristas, que escribieron en sus banderas
la consigna: ”Por la libertad vuestra y nuestra”.
(4) Para completar esta exposición, incluimos en los anexos el
programa de la socialdemocracia austríaca para la cuestión
nacional.
(5) Naturalmente, la población ha aumentado mucho desde entonces;
pero las proporciones no han variado. Es evidente, por otra parte, que el
número de los rusos fue exagerado en el censo.
6) ”La política nacional del régimen soviético”,
Moscú., 1924.
(7) Ucrania.
(8) ”La protesta del pueblo finlandés”, número de ”Iskra”
del 20 de noviembre de1900.
(9) Dejamos de lado deliberadamente las bazofias ”teóricas” de
Stalin, que no son más que una repetición, a menudo poco afortunada,
de las tesis de Lenin.
(10) Cf. los anexos.
(11) En ”La Revolución desfigurada” y en ”Mi vida”, Trotsky demuestra
documentalmente la existencia de esta desviación, y la inquietud
que provocaba en Lenin.
(12) ”El federalismo soviético”, Moscú, 1930.
(13) No hablaremos del sistema electoral por cuanto actualmente se procede
a su reforma en un sentido peligroso, que no queremos comentar aquí,
para la dictadura del proletariado.
(14) ”La URSS y las Repúblicas federadas”, Moscú, 1926.