Memoria política y justicia histórica

Enrique del Olmo y Luis M. Sáenz

El bienintencionado proyecto de ley sobre “memoria histórica” preparado por el Gobierno español es un grave error. Contiene medidas sociales positivas, pero podrían haberse establecido a través de disposiciones de menor alcance, sin necesidad de defraudar las pretensiones ambiciosas que se le suponían. Para ese viaje, que no ha satisfecho a nadie, no hacían falta alforjas.

1. No necesitamos una ley de “memoria histórica”. La memoria es política y singular, no es papel de las instituciones ni de las leyes el fijar una memoria común. Una memoria “común” es una memoria falsa y “aplanada”. Lo que necesitamos es una ley de justicia histórica. Los miles y miles de asesinatos “irregulares”, sin juicio ni condena, deben ser recordados y condenados, pero no pueden ser revisados ni anulados desde el Estado, ya que carecen hasta de la más mínima apariencia de legalidad. Sin embargo, donde sí puede intervenir una ley justa es allá donde intervino una falsa ley.
Si para algo podía valer una ley de justicia histórica sería precisamente para declarar nulas de pleno derecho las sentencias de los tribunales políticos franquistas y, especialmente, de los consejos sumarísimos, porque el trato policial, las normas procesales, las garantías jurídicas, la parcialidad de los jueces y la misma definición de las actividades delictivas eran incompatibles con lo que, incluso en aquel entonces, podía entenderse como los mínimos imprescidibles para un sistema de Justicia, al menos en lo que se refiere a la represión de la actividad política.
No pedimos a ningún gobierno “Memoria”, la memoria es nuestra. Pidamos “Justicia”. No para castigar a los culpables, sino para reconocer a los inocentes.
O se declara la ilegitimidad de tales sentencias, o la ley propuesta será irrelevante y habrá creado más problemas que los que soluciona.

2. Para las leyes, la Justicia. Para la acción política, la Memoria. La memoria no es terreno para el consenso ni para versiones “oficiales”. Es espacio de controversia y conflicto.
Conflicto, en primer lugar, con los puntos de vista de la derecha y de personajes como Pío Moa, estruendoso vocero del revival franquista, que acusa a toda la izquierda de un pensamiento criminal que fue patrimonio de grupos como el GRAPO, al que perteneció, pero con el que muchos otros no nos hemos identificado nunca. Nosotros, por ejemplo, ni siquiera estuvimos de acuerdo con el atentado contra Carrero Blanco, y así lo dijo la organización a la que entonces pertenecíamos, la Liga Comunista.
Conflicto con una avalancha de publicaciones que pueblan las novedades de grandes almacenes, aeropuertos y estaciones con variopintos productores de “historietas” de César Vidal o del anteriormente citado Pío Moa, sostenidos por emporios editoriales como Planeta. Ellos han reabierto una pretendida polémica histórica con mayor desvergüenza que hagiógrafos de Franco como Ricardo de la Cierva, Arrarás, Palomino o Vizcaíno Casas, sin ningún soporte más allá de la Causa General que hizo el franquismo para justificar el golpe militar y la dictadura.
Los neofranquistas afirman que el franquismo fue respuesta a un golpismo salvaje de las izquierdas. Rechazamos radicalmente tal afirmación, incluyendo las injurias dirigidas contra el movimiento defensivo de 1934. Aquellos acontecimientos sólo pueden ser entendidos en el contexto nacional e internacional de una extrema injusticia social y de conflicto abierto entre revolución y reacción.
En 1933 Hitler es nombrado jefe del Gobierno en Alemania, y lo que vino después es bien conocido. En mayo de 1932 Dollfuss, próximo al fascismo italiano, había alcanzado la jefatura del Gobierno en Austria. En 1933 Oliveira Salazar instaura el Estado Novo en Portugal.
En España imperaban extremos abusos, apenas paliados por las reformas limitadas del primer periodo republicano 1931-1933, y eso a costa de una furibunda reacción de las clases dominantes. Cosas que hoy nos parecen tan obvias como la sanidad universal y el subsidio de paro eran rechazadas no sólo por la derecha sino incluso por los partidos republicanos (“Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera”, Programa electoral del Frente Popular, 1936).
¿Condenaríamos hoy como golpista una sublevación obrera en Alemania que en 1934 hubiese derrotado al nazismo? Pues bien, la España de 1934 estaba marcada por una gravísima injusticia social, por las contrarreformas puestas en marcha desde el gobierno derechista y por la evidente aspiración autoritaria y antidemocrática de la CEDA, que no ocultaba su simpatía por Hitler y Mussolini. Los gobiernos derechistas del “bienio negro” fueron expresión política del bloque social que daría sustento al franquismo. El anuncio de la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno fue el desencadenante del movimiento revolucionario de 1934, que no debe pensarse en el anacrónico contexto de una inexistente república democrática y social estable y garante de los derechos básicos, sino en el marco de una confrontación muy dura entre una extrema reacción burguesa, clerical, militar y terrateniente, por un lado, y un ansia social de libertad y emancipación.

3. En “nuestro bando”, el antifranquista, se cometieron crímenes horrendos, en muchos casos por grupos o individuos incontrolados (e incontrolado no quiere decir “anarquista”, como algunos fuerzan interesadamente) pero también con significativos casos de “terror organizado”. Eso es indiscutible. Ahora bien, el franquismo no sólo practicó un terror mucho más brutal en cantidad y en salvajismo, sino que representaba el terror hecho sistema. El canto a la muerte del golpe militar franquista era una de las piezas del mismo régimen, la solidaridad de las manos manchadas de sangre fue elemento de cohesión del brutal régimen. Las masacres de la guerra civil, de las que Badajoz y Guernika son emblemas, la desaceleración consciente de las acciones militares para “limpiar” la retaguardia, la prolongación de la guerra para limpiar el país de la “chusma republicana”, la represión, la tortura, el paredón funcionando a diario, las depuraciones de funcionarios, catedráticos y maestros, las cárceles llenas… No estamos hablando de excesos ni de crímenes en el marco de una guerra civil, sino de la voluntad explícita de eliminar a una parte de la población por su adscripción republicana o revolucionaria.
No por ello debemos borrar de nuestra memoria los crímenes cometidos desde las filas antifranquistas. Es cierto que muchos de tales crímenes fueron aireados por el franquismo y multiplicados en la propaganda del régimen. Nosotros mismos, nuestra identidad política, nuestros valores democráticos, socialistas y libertarios, nos empujan y obligan a condenar y recordar los horrores cometidos desde “nuestro bando”. Pues hay cosas que no podemos admitir, justificar o callar sin arrojar una sombra sobre todo aquello que decimos defender.

4. Nuestra memoria, aquella que hemos construido a lo largo de nuestra vida, no es sólo republicana. Es también memoria de la revolución. Pues hubo una revolución. Más aún, contra aquellos que pregonan que la revolución perjudicó la guerra, es evidente que sin revolución el movimiento franquista se habría impuesto en un plazo muy corto de tiempo.
Es hoy hecho frecuente que voces que se sitúan en el antifranquismo acusen del fracaso de la experiencia republicana a “extremismos de ambos signos”, apuntando con especial virulencia contra los anarquistas, la izquierda socialista y el POUM, en contraste con grandes elogios dirigidos a Azaña (personaje respetable, aunque pusilánime ante un conflicto como la guerra), Negrín (despreciable personaje, en nuestra opinión) y, a veces, al partido comunista estalinista. Según estos comentaristas, los impulsos revolucionarios desestabilizaron la República y la impidieron defenderse. Nada más falso.
¿Qué ocurrió en los días posteriores al 18 de julio? ¿Dirigió la respuesta un gobierno muy a la derecha respecto a la base social que había dado el triunfo al Frente Popular? No. Resulta sorprendente la rapidez con la que en los primeros momentos dimitía un presidente de gobierno para dejar paso a otro. Los gobiernos de Casares Quiroga, Martínez del Barrio o José Giral se sucedieron (en 48 horas), más interesados en negociar que en combatir, hasta que en septiembre Largo Caballero asume la presidencia del gobierno. De hecho, en los primeros días de la guerra la primera respuesta desde el Ministerio de la Guerra a la sublevación no la dan el Ministro General Castello (en situación de baja por enfermedad) sino un grupo de oficiales y jefes militares republicanos organizados en la UMRA, que dan respuesta con las fuerzas del ejército leales y apoyan la formación y armamento de las milicias. Cabe destacar la personalidad de Hernández Saravia, hombre cercano a Azaña y ferviente católico que fue ejemplo de lealtad a la República.
¿Fueron los ministros de la República los que asumieron la vanguardia de la resistencia? No, desde luego. El propio Azaña, en junio de1937, decía a Ángel Ossorio que del gobierno que había presidido en febrero de 1936 sólo dos ministros se habían quedado en España.
¿Fue acaso, entonces, el ejército del estado republicano el que combatió al franquismo, le derrotó en numerosos lugares e impidió su rápida victoria? No, en absoluto. Por el contrario, fue la columna vertebral del golpe, con sus mandos al frente (los Franco, Mola, Goded, Cabanellas, Queipo de Llano, etc., con mando en plaza por decisión del gobierno republicano), salvo las honrosas excepciones, no pocas pero sí minoritarias, de los militares que mantuvieron su fidelidad a la República, siendo muchos de ellos asesinados casi de inmediato por ello.
La realidad es que la revolución salvó a la República en los primeros meses del golpe. Fue la gente común, los sindicatos, los partidos obreros, y, ante todo, esa gran mayoría popular socialista y anarquista, a la que se sumaron el resto de las izquierdas, quienes salieron a combatir con lo que podían. Esa gente común, con su más preparado activismo libertario o marxista al frente, supo responder, encontrar las armas, parar al fascismo en tantos y tantos lugares, como Madrid o Barcelona.
¿Y después? La historiografía neoestalinista, una vez agotada su tesis sobre la complicidad de la izquierda revolucionaria con el fascismo, difundió la patraña de que anarquistas, poumistas e incluso socialistas de izquierda renunciaron a combatir al franquismo para dedicarse a “la revolución” en la retaguardia. Eso es una calumnia. La revolución no era un “proyecto”, sino una realidad: la realidad de la gente que salía a combatir a los franquistas sin esperar órdenes de los ministros republicanos, la revolución de la gente que hacía funcionar las empresas abandonadas por sus “dueños” o tomadas bajo el control de los trabajadores, la realidad de las colectivizaciones, un movimiento extraordinario relegado al olvido. Aplastar esa revolución era aplastar el impulso vital de la guerra antifranquista y condenarla a la derrota.
La mano de la mentira es larga. Quienes antes acusaron al POUM de fascista luego, cuando ya eso no estaba bien visto, le han atribuido la negativa a constituir un ejército regular y disciplinado. Pero nunca ésa fue la postura del POUM, ni tampoco la de los anarquistas (véanse las memorias de Cipriano Mera). Así, por ejemplo, el comité central del POUM decía en 1936:
“Las Milicias obreras han sido de momento el ejército improvisado de la clase trabajadora. Este ejército fuerte por su moral de clase, por su entusiasmo, por su heroísmo, ha tenido, no obstante, defectos que es necesario corregir. Ha sido, a pesar de todo, un ejército irregular, impreparado técnicamente, que ha confiado demasiado en el impulso y la abnegación de sus componentes y no ha tenido en cuenta la ciencia, la técnica y la estrategia de la guerra (?) es necesario fusionar las columnas de milicianos en cuerpos de ejército regular agrupando a las milicias revolucionarias las levas que sean necesarias para hacer del Ejército revolucionario una potencia militar de primer orden”.
La misma resolución pedía responsabilidad en los mandos y disciplina en la tropa. Esa era la realidad. Ahora bien, un ejército regular no tenía por qué ser un ejército de esclavos, de borregos pastoreados por los mandos. La disciplina en la acción no estaba reñida con la libertad de expresión y la libre discusión política. El conflicto residía en otros aspectos, como, por ejemplo, la propuesta poumista de la formación de comités de soldados para garantizar los derechos y la participación de los combatientes. Debates completos y ricos que han sido ocultados bajo acusaciones infundadas y calumniosas.
Por ello, nosotros, hoy, nos unimos al combate por la justicia histórica para todas las víctimas del franquismo, pero sin permitir que, para hacer más “digerible” la historia, sea ocultada la realidad de una revolución extraordinaria a la que hoy no cabe tratar de imitar estúpidamente, como si aquella y ésta España fuesen la misma. Pero de sus mejores valores éticos, emancipadores, libertarios y sociales podemos aún aprender mucho.

5. Terminamos por donde empezamos: una reflexión sobre la Ley de Memoria Histórica en el actual momento. El Gobierno hace equilibrios imposibles, no hay justicia ni reparación individual, objetivos de la Ley señalados por María Teresa Fernández de la Vega en el Congreso, si no se anulan sentencias realizadas desde la mas absoluta ilegalidad e inseguridad jurídica y con el único ánimo de eliminar opositores. Sin esa anulación,  no es posible reparar la injusticia. Diga lo que diga el Partido Popular, que, a diferencia de otras muchas derechas europeas, no quiere denunciar un régimen dictatorial y totalitario del que, diga lo que diga también, a veces da la impresión de sentirse heredero.