65 años buscando justicia

En relación con el pasado de España, se encuentra el caso de Vicente Muñiz, cuyos padres fueron condenados a una injusta pena de muerte en un proceso sumarísimo de urgencia durante la dictadura de Franco.

El anciano de 71 años, enrelación a un caso ocurrido hace 64 años, solicitó hasta agotar todas las vías posibles de la justicia en España, y al final tuvo que recurrir al Tribunal Europeo de Justicia en Estrasburgo. En su demanda trata de revisar el juicio militar de 1941 que condenó a sus padres a la pena de muerte. En un proceso sumarísimo de urgencia fueron condenados y ejecutados por la dictadura. El tribunal les acusó de la muerte de tres personas. No se encontraron cadáveres, ni testigos del hecho. Éste es el motivo alegado que mantiene Muñiz 40 años después. Sin embargo todas las instancias en España han desestimado anular este juicio injusto.

Vicente Muñiz era todavía un niño cuando la República española fue derribada en 1939 por el golpe de Estado del general Franco. Con la caída de Barcelona en enero el final estaba cerca. El 27 de febrero Gran Bretaña y Francia reconocieron al régimen de Franco; luego, al día siguiente, cayó la capital Madrid. Una de las ciudades que más tardó en rendirse en la lucha contra las tropas fascistas fue Valencia, donde vivía la familia Muñiz, el 29 de febrero.

Sus padres era miembros del antiestalinista Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Fueron detenidos en 1939 en un pequeño local perteneciente al POUM en la calle Pizarro donde la madre Águeda trabajaba como limpiadora y el padre Amando era chofer del secretario del Partido. En realidad ambos fueron detenidos acusados de robo. La familia vivía a falta de otros medios en la vivienda que hacía las veces de sede del Partido, incautada anteriormente a una familia acomodada. Mientras el padre ingresaba en prisión, la madre y los niños eran recluidos en un convento que hacía las funciones de convento de monjas y cárcel de mujeres, cuenta Muñiz a Telepolis.

En 1941 comenzó el juicio contra sus padres. “Las prisiones estaban desbordadas, de vez en cuando las aligeraban con las listas de los fusilamientos", cuenta Muñiz. En cuanto el proceso finalizaba eran fusilados y arrojados "a una fosa común como si fueran perros".

Lo que comenzó como un juicio por robo tomó un repentino giro. Un testigo comentó delante del jurado militar “que había oído” que la acusada Águeda había matado a tres mujeres. No presentó ningún testigo del acto, ni cuerpos, ni tan siquiera se determinó el nombre de ninguna persona de las que decía que habían sido asesinadas. Esto no evitó que el jurado condenara a los padres acusándolos de asesinato y rebelión militar a la pena de muerte. El 6 de abril de 1941 , la pena impuesta por el jurado se ejecutó y los padres todavía hoy se encuentran en una fosa común.

Después de la muerte del dictador en 1975 comenzó un tiempo de esperanza para Muñiz “pensamos que la injusticia seria corregida”. Habla de las palizas diarias cuando estaba asilado en un orfanato de monjas como hijo de “rojos”. Pide, como muchas victimas de Franco, justicia. Tras las elecciones de 1982 depositaron sus esperanzas en los socialistas (PSOE), esperando que este Partido después de su victoria regeneraría el pasado franquista y abriría las fosas comunes donde todavía se encuentran, tal como los arrojaron, los cadáveres de miles de fusilados sin identificar (los españoles llegan tarde a reencontrarse con su pasado fascista).

En el anciano de 71 años todavía hoy se percibe con claridad la rabia en su voz al referirse al proceso. “Mis padres no cometieron los delitos por los que fueron condenados”. Aún hiere más la “mentira histórica” relacionada con el juicio. “Fueron condenados por rebelión militar pero la rebelión la hicieron los que dieron el golpe de Estado contra el gobierno legitimo de la  República", es indignante.

"Que mis padres hubieran sido fusilados por los fascistas hubiera sido un honor para mí". Lo que le subleva es que les acusen de criminales con el único fin de justificar sus propios crímenes; por otro lado se prepara para una larga espera en su deseo de anular un juicio injusto. Después de las elecciones que dieron la victoria al PSOE en 1982 inició la búsqueda de los documentos, escribió al nuevo secretario de Defensa socialista Eduardo Serra. Pasaron tres años sin respuesta. A una nueva petición, Serra la rechazó alegando que se había juzgado con arreglo a la ley entonces vigente, y que un procedimiento para examinar un juicio de corte marcial de la dictadora nunca había sido aceptado con anterioridad.

“Todavía se mantiene en vigor la ley fascista en España”

El trabajador siderúrgico consiguió de Capitanía General de Valencia algunos documentos, entre ellos la sentencia, lo que tenia en sus manos era lo que 40 años antes había llevado a sus padres a la muerte. Con estos documentos se podía probar que no existían por ninguna parte ni cuerpos, ni testigos, ni nombres de las victimas, que habían acusado a su madre y que el “testigo indirecto” había cambiado de repente de opinión y esta vez acusaba a su padre.

"Los documentos los conseguí en Capitanía General ante mis continuas solicitudes. El capitán general, debo decir, fue el único que me atendió y no pudiendo concederme mi solicitud de revisión y rehabilitación me lo explicó con total claridad ofreciéndome la amnistía con la finalidad de que consiguiera algún tipo de compensación económica. Yo me pregunté: ¿Para qué quiero ahora la amnistía? Era un medio de poder examinar nuevamente el juicio y comprobar que “perdonaban” sobre la base de los documentos fascistas y se pudiera evidenciar sus injusticias. Los responsables de estos juicios hacía tiempo que habían fallecido, y yo no buscaba dinero".

Tras dos años desde el inicio de la solicitud y 28 de la muerte del dictador, ocurrió con los documentos un hecho histórico en España: por primera vez era aceptada una solicitud de revisión en el Tribunal Superior de Justicia Militar. Esto fue publicado como un gran acontecimiento y muchas personas ansiosas de que se les ofreciera justicia, comenzaron a demandar revisiones de juicios sobre la base de que "las leyes procesales militares no tienen límites de tiempo siempre que las reclamen sus hijos legítimos". El tiempo se acaba cuando éstos fallecen.

La base legal para rechazar estas peticiones fue que se les juzgó con arreglo a las leyes entonces vigentes, y que tiene que haber un hecho nuevo para aceptar la revisión. Los gobernantes son los que deberían cambiar las leyes, a “los profesionales de la mentira”, como Muñiz llama a los políticos, “debería caérseles la cara de vergüenza de que todavía en España impere el Derecho fascista”. Uno se sorprendería que en Alemania o Italia no se hubieran limpiado las leyes nazis o fascistas. Los fascistas, sus jueces, policías militares, descendientes y favorecidos aún se mantienen en altos cargos.

No fue una sorpresa que los ex-franquistas fueran en su gran mayoría los que fundaran el Partido Popular (PP), cita Muñiz (con Franco en la cama).

Durante meses el PP trató de impedir que los documentos que les robaron a los catalanes con el golpe de Estado y la caída de Cataluña les fueran devueltos. Estos documentos fueron el soporte para buscar a las victimas en su persecución para meter en prisión y juzgar a los defensores de la República, los nombres y pruebas para abrir procedimientos judiciales contra los enemigos, 499 cajas fueron almacenadas en los Archivos Generales de Salamanca. El gobierno socialista, a la demanda de los catalanes, acudió a una comisión de expertos para que emitieran su informe. La ministra de Cultura Carmen Calvo se refirió a que con arreglo a las directrices de las Naciones Unidas los botines de guerra deben retornar a sus propietarios legítimos.

El Partido Popular movilizó el pasado mes de junio miles de seguidores para protestar en Salamanca contra la devolución de los papeles y exigiendo transparencia, entre otras cosas poniendo contra las cuerdas a la ministra de Cultura. El viernes, el alcalde del PP Julián Lanzarote lanzó el eslogan “Ningún documento de estos archivos saldrá de esta ciudad”. Prohibió la carga en las cercanías de los archivos con el propósito de impedir su salida y ordenó a la policía local que custodiara los archivos. Bajo la protección de la policía nacional las cajas finalmente fueron sacadas y ahora están en Madrid.

A pesar de las medidas de los socialistas, Muñiz se ha desengañado del PSOE  Felipe González gobernó durante 14 años hasta 1996 (...). Del nuevo gobierno socialista cuyo presidente es José Luis Rodríguez Zapatero, que hace apenas dos años fue elegido, no espera gran cosa. “Cuando los políticos llegan a un cierto nivel son todos iguales”.

Desde que alcanzó su victoria no se ha cambiado ninguna ley, por lo que no le sorprende a Muñiz que el Constitucional, con las mismas leyes franquistas que los condenaron a muerte y que todavía están en vigor, dicte siempre las mismas sentencias. Le escribió a Zapatero varias veces, en una de ellas remitiéndole una copia de la contestación del Tribunal Constitucional. De esta carta todavía espera respuesta. Trata de la revisión y rehabilitación de las victimas de la dictadura. No confía en las promesas y nunca se adopta un proyecto de ley.

Después de un nuevo rechazo, el anciano ya dispone de todos los requisitos para acudir a la Corte de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo, el curso de la ley se ha terminado 64 años después del asesinato de sus padres en España. “He recorrido toda la escala en España desde abajo hasta arriba, lo que se exige antes de acudir a Estrasburgo”. El periodo de que se dispone después de la última negativa es de seis meses.     Cree que tiene posibilidades de que el caso sea aceptado, aunque la mayoría de las solicitudes son rechazadas, y no pasan el primer filtro. Con las experiencias anteriores todavía no las tiene todas consigo, aunque espera que al final muchas victimas de Franco como sus padres tengan una compensación moral.

También existe una demanda compartida para el año 2006. Que se declare el año de la memoria de la Republica. En abril se cumplirá el 75 aniversario de su proclamación y en julio se recuerda el comienzo de la rebelión de las tropas fascistas contra la República. Las victimas han solicitado de nuevo al gobierno que se decida finalmente a ejecutar la prometida ley de la condena del franquismo y la compensación a las victimas.