FUNDACIÓN ANDREU NIN

Al primer año de gestión oficial de la nueva administración, se le deben sumar por lo menos los decisivos meses entre su elección y asunción. Y en estricta justicia, adicionar también los que transcurrieron antes, entre su nominación, las internas y las elecciones, redondeando por lo menos, tres años de una muy influyente gestión, definición de planes, adopción de medidas capitales, aprobación para el sube y baja de ministros, presupuestos y proyectos de ley durante la inmediata anterior administración del mismo partido que ejerce la titularidad desde hace más de cincuenta años. Coincidente con la instauración
a sangre y fuego desde esa época, de un modelo dictatorial en lo político, ultraconservador en lo económico, monitoreado desde el Pentágono. El mismo que hoy ya agotado, maquillado, resucitado y perfumado, se pretende reinstaurar desde oficinas
civiles del Fondo Monetario Internacional, llave en mano y teóricamente garantido para funcionar en democracia formal.

Esta consideración es importante al momento de realizar balances, porque los propios voceros oficiosos de turno no terminan de abandonar la incómoda postura mediática de un interminable comienzo de mandato, con una repetida presentación de planes y contraplanes, una insistente re-presentación en sociedad de cada uno de los colaboradores, confirmación y reconfirmación de sus respectivas vituallas morales, por más de que éstos hayan estado en todas y cada una de las administraciones anteriores. Y a la hora de las excusas de forma, más que incapacidad reconocen falta de tiempo, aunque
utilicen gasolina para apagar el fuego de una inconformidad ciudadana en franco estado de crecimiento. Hasta la fecha, todas y cada una de las intervenciones gubernamentales y parlamentarias han terminado en estado de sospecha cuando no en el más
rotundo de los fracasos.

Si un nuevo escándalo debe tapar a los anteriores y los resultados prometidos se van por el desagüe fluvial, otro es el problema. Lo cierto es que la ciudadanía está condenada a vivir una suerte de eterno reestreno de un modelo de hace cincuenta años, que nunca pudo reconvertirse a la democracia, a la revolución científico-técnica y menos a un escenario
de desafíos regionales y globales como el actual. No es un problema de personas, puntajes, calificaciones, voluntades o esfuerzos. Hablamos de un sistema caduco de la guerra fría del siglo pasado que no puede participar en competencia alguna porque directamente no califica y retira al Paraguay del mapa de las democracias reales y autosustentables.

Y en parte se explica porque el modelo, con sus planes, programas y personas incluidas, que se quiere presentar como renovador no es más que la regresión hacia un sistema conservador antidesarrollista que estructuralmente produce los males que, dicen sus mentores actuales, tratarían de atacar con voluntarioso denuedo, como la falta de empleo, corrupción, contrabando, piratería de gran calado, devastación medioambiental. La realidad nacional en llamas las desmiente diariamente de cabo a rabo.

No obstante, desconociendo la raíz intrínseca de la crisis y su propia responsabilidad en profundizarla, el gobierno persiste en aplicar medidas vendidas desde el exterior sin medir las consecuencias internas, aún cuando están advertidos de que las mismas son probadamente perjudiciales para la estructura económica y la soberanía política de un país, con secuelas que durarán décadas y afectará a varias generaciones.

Un ejemplo devastador es la ley de adecuación fiscal, más conocida como impuestazo antipopular, de formato y carácter recesivo e inflacionario, con un sesgo claramente concentrador del ingreso, que se quiere implementar a medida y gusto de organismos multilaterales y agencias satélites, en contra de la población trabajadora y los sectores profesionales y
microempresarios que conforman el 95% de la población económicamente activa, aún en medio del estancamiento
y la recesión más severa de los últimos años.

Los objetivos explícitos de esta ley nada tienen que ver con el desarrollo y la formalización de la economía como se verbaliza, sólo tienen como meta la extracción extraordinaria de más dinero fresco de la población vía impuestos indirectos, para pagar deudas al exterior, mantener una importante clientela sin modificar un ápice el estado, y contar con mayor libertad para contratar otros créditos, con los que probablemente se las tenga que arreglar la próxima administración con las mismas excusas que ésta, pero agrandando un poco más el pozo que deberán sortear las generaciones venideras de paraguayos y paraguayas.
Y con respecto a la prometida reactivación económica, industrial y comercial, con crecimiento del empleo, si no han presentado planes en estos últimos tres años, es sencillamente porque no los tienen y no los tendrán en el futuro, y no es por falta de tiempo, sino porque el modelo conservador que defienden no les permite y punto. Así como tampoco les permite el desarrollo agrario integral, la protección medioambiental, tampoco les permite el crecimiento y desarrollo agroindustrial con empleo formal, tampoco les permite la descentralización y transparencia en la gestión con racionalidad, tampoco les permite la redistribución del ingreso hacia la democracia económica con salud pública, educación, vivienda, seguridad ciudadana para
todos y todas. Fin.

Tan es así, que al margen de un importante esfuerzo por la instauración de un sistema democrático sin raíces ni antecedentes
en toda la historia independiente del Paraguay, que se iniciara con la Asamblea Constituyente de 1992, el núcleo crítico del conservadorismo en el poder, representado mayoritariamente por el partido colorado, aparecería siempre acompañado en sus emprendimientos por ciertas dirigencias sociales, empresariales, ganaderas, terratenientes del mismo cuño con reacciones y comportamientos articulados, funcionales y hasta corporativos, y sin que se moldearan modelos alternativos desde la sociedad. Este sistema de difícil aggiornamiento a la democracia, que fuera creado, protegido y madurado en rígidas condiciones
policíacas, ingresaba a un escenario de mayor exigencia y observación democrática, sin perder el control del poder y ni su trastienda, sin competencia ni alternativas reales, sin habituarse a nuevas reglas de convivencia, pero sobre todo sin proyecto
cualitativo de superación para los nuevos escenarios nacionales, regionales y mundiales.

A las tradicionales promesas de campaña, sazonadas con medias verdades y medias mentiras, luego le seguían el más amplio ejercicio discrecional y abusivo del poder (poder que no se ejerza discrecionalmente, se atrofia, decían sus ideólogos más esforzados y encumbrados), con ajustes de cuentas, compensaciones y regalías para mantener una razonable base de sustentación cambiante durante el ejercicio, la mínima de ser posible, la más económica de preferencia, la suficiente que permita que el modelo no se caiga, y aterrice en las próximas elecciones con clientela y oxigeno razonables.

Pero a medida que el proceso de democratización se fue abriendo paso, aunque en forma zigzaguearte, lenta y ambigua, a medida que las ordenanzas del nuevo orden unipolar exigen mayores cuotas de sacrifico y diezmo, las disputas por el excedente social comienzan a agudizarse llevándose consigo los pactos consuetudinarios del reparto de la riqueza social,
nuevos actores sociales emergen, del agro despedidos sin tierra, de la ciudad expulsados sin trabajo, con nuevas exigencias y se multiplican hasta crear una atmósfera cualitativamente diferente y casi irrespirable para las tradicionales formas de
dominación, administración y ejercicio del poder.

La transición a la democracia duró catorce años y tuvo fecha de culminación el 15 de agosto de 2003, instancia en que
asumió una administración, que aunque del mismo partido que durante más de cincuenta años gobernó a sangre y fuego el Paraguay, con una pesada herencia y agenda cargada de promesas y urgencias estructuralmente imposibles de solucionar, más allá del voluntarismo de una o dos individualidades.

Y como era casi natural, la improvisación, la ambivalencia, el espíritu autoritario y discrecional no tardaron en aparecer, y con especial claridad en temas tan capitales como la desigualdad ante el tributo, la concentración del ingreso en grandes
propietarios de la tierra, la tenencia de la tierra, la inseguridad ciudadana, el estancamiento y la recesión económica, el desempleo, subempleo y la miseria del campo y la ciudad. La incapacidad genética para transitar hacia un estado con democracia social, dan cuenta del verdadero laberinto de contradicciones en que se encuentran sumidos la clase dirigente
conservadora del nivel central, departamental y municipal, dejando al desnudo un sistema agotado desde su cimientos.

El tiempo y el espacio del conservadorismo en el Paraguay, están llegado a su fin, y no por eclosión violenta sino más bien por implosión, porque es evidente su incapacidad para brindar solución estable a los actuales desafíos como la generación y reparto de la riqueza, administración transparente y democrática del estado, reingeniería para desarrollo social y económico, mejor calidad de vida y conservación de los recursos naturales no renovables.

El viejo sistema de reparto oligárquico que intentó sobrevivir en democracia, hoy se agota en sus propias limitaciones, herido de senilidad terminal, imposibilitado de sostenerse, y sin que se vislumbre un sistema más humano y solidario que lo suplante.
Paraguay es hoy, el más injusto en reparto de la tierra y riquezas, el de menor acceso a la educación, vivienda y salud, el de menor desarrollo humano y social de todo el continente sudamericano.

En efecto, a quince años del palaciego golpe militar de 1989, fogoneado desde una embajada de absoluta hegemonía política y militar en la región, y que a fuerza de empellones empezáramos  a llamarle transición a la democracia, ganándole  terreno casa
por casa, puerta por puerta al autoritarismo de fuerte enraizamiento cultural, la verdad y la justicia sobre el régimen de dominación política que utilizó el terrorismo de Estado en forma ininterumpida durante el período dictatorial de 35 años (1954-1989), aún están ausentes en el Paraguay.

La transición, hoy formalmente concluida en el ámbito político, aunque con escasa y epidérmica aceptación, ha transcurrido en medio de excesivas concesiones al poderoso bloque conservador en el poder desde la dictadura, y que aún hoy, bajo imperio constitucional continúa gobernando, ejerciendo el poder real e inclusive con gran influencia cultural sobre otras expresiones políticas, sociales y económicas, que van desde el tradicional liberalismo hasta el emergente socialcristianismo.

A esta transición política, le deben suceder otros grandes desafíos como la transición hacia la democracia económica y social, puesto que hasta la fecha no se ha tocado un ápice la estructura económica anti-industrial y terrateniente tradicional, y sobre
todas las cosas, le cabe aún la recuperación de la memoria del reciente pasado dictatorial, asumiendo como la más alta responsabilidad de Estado la búsqueda de la verdad, la justicia, el correspondiente castigo a los culpables y la proporcional reparación a sus víctimas por tan cruentos años de persecusión y represión.

La larga dictadura de absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, a diferencia de las similares de la región que fueron repudiadas y repelidas más temprano que tarde por sus respectivas sociedades, en el Paraguay estuvo sustentada desde un partido político
de espíritu corporativo, organizado desde el Estado, de fuerte arraigo y gran extensión nacional, que amplió su férreo control desde las fuerzas armadas y policiales, hasta la totalidad de la administración pública y de justicia, durante un proceso combinado de represión y cooptación que se extendió hasta bien entrada la transición. Transformándose así en el
principal factor de atraso y entorpecimiento de todo el proceso de institucionalización democrática y reforma del estado con viejos y nuevos apoyos.

Luego de más retrocesos que avances, luego de varios intentos de comisiones parlamentarias de investigación, luego de varios años sin un defensor del pueblo, se aprueba sin la más mínima convicción por parte de este Parlamento, el más conservador de
todos, el de menor visión estratégica de todos, la integración de una Comisión de Verdad y Justicia, a la que la misma instancia parlamentaria, le desea el mejor de los fracasos quitándole el sesenta por ciento del presupuesto necesario.

Y no es pequeña la labor asignada a esta Comisión, nada más y nada menos que hurgar profundamente en el más negro de los pasados, en busca de las razones de tanta degradación humana, para que a partir de allí, justicia mediante, podamos reconstruirnos como sociedad en democracia y solidaridad.

Habrán de tener templanza y perseverancia para abrir y desenredar la enorme trama de silencios, complicidades y culpas que en su debida proporción aún guardan una sociedad y un Estado que no terminan de hacerse cargo de tamaña herencia, ni aceptar que a una democracia efectiva no podremos acceder jamás acompañados de tanta impunidad sobre tanta sangre derramada. Fin.

Los presentes artículos son libremente reproducibles en todo o parte en cualquier formato o medio, sin restricción alguna, aunque lleva inserta en forma implícita la solicitud de mención de su fuente. Centro de Información a Distancia. Federico Tatter. Asunción, Paraguay.